Es importante que todos los que integren los partidos políticos tengan información clara sobre lo que es esperable de ellos, como afiliados, y como eventuales participantes activos, en cualquiera de los tres poderes del Estado, de resultas de cualquier acto eleccionario.
El objetivo de la participación en política es lograr un adecuado y óptimo funcionamiento en el largo plazo de la República Argentina. No debe esperarse ningún ingreso económico personal sino el que esté legalmente previsto a través de los cargos por los cuales hayan resultado oficialmente electos, o hayan sido seleccionados por su idoneidad técnica y antecedentes.
Todas las decisiones que se tengan que tomar, en cualquiera de los tres poderes en los cuales una persona pueda participar, tienen que estar encuadradas en las disposiciones constitucionales, en las leyes, en la moral y en la ética. Ninguna persona debe sentirse obligada a seguir directivas de cualquier autoridad del partido político al que pertenece, si dicha directiva no respeta la Constitución, o vulnera las leyes que se encuentren en vigencia, o son contrarias a la moral y a la ética. Todas las leyes valen para el futuro, y han de alcanzar a las nuevas situaciones que se produzcan a posteriori de la sanción de las mismas.
Es muy importante que todas las personas que pertenezcan a alguno de los tres poderes de la República, cumplan las funciones por las cuales fueron convocados, sin aceptar que se delegue en otro poder las funciones por las cuales la Constitución taxativamente indica que deben ser ejecutadas por quien ocupe un cargo determinado.
Un país progresa cuando se pone mucho cuidado en todos los actos de administración de los fondos públicos que le han asignado, haciendo un seguimiento personal para que dichos fondos públicos sean eficientemente administrados. La redistribución de los ingresos únicamente debe hacerse a través de la alocación de los fondos públicos que se perciban del sistema tributario, y no a través de subsidios o donaciones que no se canalicen de una manera oficial y perfectamente individualizada y controlada en cuanto a la validez del objeto y del destinatario de la misma.
Todos los organismos de control deben estar a cargo de funcionarios que pertenezcan mayoritariamente a partidos de distinto color político que el que resultó victorioso en una elección presidencial. De igual manera, la distribución de la publicidad oficial deberá ser definida y controlada por miembros que pertenezcan a partidos políticos distintos del que hubiera resultado victorioso en la elección presidencial.
Los gobiernos tienen que tener muy presente que gobernar es alcanzar objetivos, en dicha tarea, pero respetando las normas que existan en la Nación como un todo. Los gobiernos no están autorizados a evadir el cumplimiento de las normas, bajo el argumento o justificación, que el presupuesto disponible, desde el punto de vista financiero, es incompatible con el alcance de la norma. Justamente, un gobierno es electo para que alcance los objetivos, dentro del marco de las normas vigentes. El gobierno de turno, en la rendición de su gestión anual, ante el Congreso, debe mencionar taxativamente, aquellos aspectos que, en la administración, y en las decisiones correspondientes, no se ha podido conciliar plenamente con las disposiciones que rigen el tema en cuestión, y explicitar claramente, en qué momento, dentro del lapso normal de su gobierno se ha de alcanzar con la aplicación plena de las normas que existen al respecto.
Si un gobierno en el ejercicio de sus funciones específicas, por razones presupuestarias, no está encuadrado en el cumplimiento de las normas vigentes, deberá explicitar fehacientemente las actividades que estuviere efectuando, que pudieran perfectamente ser realizadas por la actividad privada, y la economía anual que se produciría en el presupuesto anual, a los fines de contribuir a poder realizar las funciones que les son propias sin dejar de aplicar las normas legales que se encuentren vigentes. Esto también debería ser mencionado por el Poder Ejecutivo, muy claramente, en el mensaje al Congreso, en materia de rendición de cuentas.
Debería la oposición definir una persona que los represente, a los efectos que, anualmente, tuviera un lapso para exponer, en conferencia de prensa, qué aspectos de la actividad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, están reñidas con la Constitución, con las leyes, con la ética y con la moral, o con decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, o aprobadas por el Poder Legislativo, que no cumplimentan en su integridad, las normas vigentes.
Miguel Angel Di Ranni
21.12.2012
Los gobiernos tienen que tener muy presente que gobernar es alcanzar objetivos, en dicha tarea, pero respetando las normas que existan en la Nación como un todo. Los gobiernos no están autorizados a evadir el cumplimiento de las normas, bajo el argumento o justificación, que el presupuesto disponible, desde el punto de vista financiero, es incompatible con el alcance de la norma. Justamente, un gobierno es electo para que alcance los objetivos, dentro del marco de las normas vigentes. El gobierno de turno, en la rendición de su gestión anual, ante el Congreso, debe mencionar taxativamente, aquellos aspectos que, en la administración, y en las decisiones correspondientes, no se ha podido conciliar plenamente con las disposiciones que rigen el tema en cuestión, y explicitar claramente, en qué momento, dentro del lapso normal de su gobierno se ha de alcanzar con la aplicación plena de las normas que existen al respecto.
Si un gobierno en el ejercicio de sus funciones específicas, por razones presupuestarias, no está encuadrado en el cumplimiento de las normas vigentes, deberá explicitar fehacientemente las actividades que estuviere efectuando, que pudieran perfectamente ser realizadas por la actividad privada, y la economía anual que se produciría en el presupuesto anual, a los fines de contribuir a poder realizar las funciones que les son propias sin dejar de aplicar las normas legales que se encuentren vigentes. Esto también debería ser mencionado por el Poder Ejecutivo, muy claramente, en el mensaje al Congreso, en materia de rendición de cuentas.
Debería la oposición definir una persona que los represente, a los efectos que, anualmente, tuviera un lapso para exponer, en conferencia de prensa, qué aspectos de la actividad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, están reñidas con la Constitución, con las leyes, con la ética y con la moral, o con decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, o aprobadas por el Poder Legislativo, que no cumplimentan en su integridad, las normas vigentes.
Miguel Angel Di Ranni
21.12.2012