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¿Cuál es el secreto para ser un país del primer mundo?




Infinidad de veces, cuando la gente conoce que una persona está graduada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, formula la pregunta que encabeza el presente análisis, a los fines de obtener, me imagino, una respuesta muy técnica, vinculado con la economía. Sin embargo, siempre mi respuesta es la misma:  El secreto para que un país se ubique entre los llamados del primer mundo es uno solo: Respetar las normas legales  y sancionar a quien no las cumple.
Las normas legales de un país existen a los fines de organizar los conglomerados humanos, en los cuales, por la propia necesidad de intentar poner orden o un límite al ejercicio de los derechos de los mismos, se sancionan dichas normas, y para evitar que quienes las quebrantan afecten los derechos de los demás, el Estado sanciona dicho quebrantamiento de una disposición legal aplicando las penas que dichas regulaciones prevén.
Imaginemos algunas situaciones prácticas cómo empujarían a Argentina hacia el área de los países del primer mundo, con sólo aplicar que “el secreto para ser un país del primer mundo, es respetar y hacer respetar las normas legales que existen en un país”.
i.                    No hay corrupción por parte de los que son representantes del pueblo, y tampoco existe corrupción del parte de los que conforman el mencionado pueblo.
El Estado está a cargo de la salud pública; educación pública; seguridad pública; administración de justicia en forma igualitaria y en tiempo razonable;  sancionar normas equitativas en materia tributaria; combatir la evasión impositiva;  que los tributos sean razonables y no confiscatorios; montos previsionales que provengan de los aportes de esa naturaleza, y de las rentas de capitales acumulados durante años, sin que se sustraigan para financiar déficits del Estado. Los haberes jubilatorios  se abonan cumpliendo todas las disposiciones legales que existen al respecto en materia de mantener actualizados los mismos, y en diversidad de categorías que estén en relación a cómo fueron hechos los aportes  y a la remuneración que se percibía en los momentos previos al pasaje a pasividad. Los montos relevantes que se distraían para atender las prácticas corruptas son utilizados para beneficio de los destinatarios de las prestaciones que realiza el Estado.

ii.                   Al respetarse las normas y sancionarse las prácticas contrarias a la ley, la conducta del país se hace previsible, y por tanto hay mayor predisposición a que haya más inversionistas del exterior a radicar capitales en Argentina.  Al existir mayor seguridad jurídica el costo del financiamiento se ve disminuido por también haber disminuido el riesgo país.
iii.                  Si todos son iguales ante la ley y ante los delitos que se cometen, habrá mayor motivación para cumplir la ley. Los que violan la ley sabrán que no existirán excepciones a la sanción que en la ley está prevista, ni que se puedan producir reducciones de las penas que no estuvieran expresamente previstas en la ley y por las razones que taxativamente estén contempladas en la misma.
iv.                   Si se cumplen las normas, existirá una auténtica división de poderes, y no podrán sancionarse normas que fueran manifiestamente inconstitucionales. Habrá un control sobre los que ejercen las funciones de gobierno, y administración de justicia rápida para que la sanción de los que violenten la ley sea lo más contemporánea posible al momento en que se produjeron los delitos.
v.                     Debe respetarse el derecho a la vida por lo cual el gobierno de turno debe asegurar que haya una auténtica prevención del delito, y en caso que se produjeran, deben existir fuerzas policiales educadas, entrenadas y con una alta capacitación para realizar la búsqueda, detención y mantenimiento en lugares de resguardo  hasta que se produzca la sentencia definitiva del que haya cometido el delito.
vi.                   Debe respetarse el derecho a la propiedad, por lo cual el Estado no puede bajo ningún modo apoderarse de bienes de propiedad de los habitantes, cambiar las reglas en forma retroactiva, o cambiar las decisiones tomadas por los habitantes en ejercicio de su derecho de propiedad. Si se decidiera expropiar algún bien, en la medida que se dieran las causas taxativamente previstas para ello, de ningún modo el Estado podrá tomar los bienes expropiados si no ha previamente cumplimentado todas las condiciones previstas legalmente para llegar a poder disponer de dichos bienes.
vii.                 El que estuviere en función de gobierno tiene la obligación de mantener el poder adquisitivo de la moneda, por lo cual la generación de inflación es una práctica que va contra la obligación que dicha autoridad de preservar el valor de la moneda. Además de las sanciones que dicha acción pudiera originar,  los tributos que debe recaudar el Estado deben estar depurados, en sus cálculos, del efecto ocasionado por la depreciación monetaria, a los fines de no tener que abonar sobre  ganancias que no fueran tales o sobre incrementos patrimoniales meramente nominales.
viii.               Los cargos técnicos y específicos que deban ser cubiertos en función de gobierno, deben  ser cubiertos a través de mecanismos de concursos de antecedentes y oposición oral, a los fines de asegurar que la cosa pública esté administrada por personas que tengan una comprobada experiencia en actividades similares a las que, en función de gobierno, deben  realizar.
ix.                   La educación primaria, secundaria y universitaria, a cargo del Estado, debe asegurar igualdad de oportunidades, y una calidad creciente, a través de requerimientos de exigencias de estudio, y de evaluación de conocimientos para evaluar objetiva y equitativamente los conocimientos adquiridos. El proceso educativo creciente en cuanto a la calidad, debe mantenerse en el tiempo. Inversión en educación, pero educación evaluada a través de controles efectivos de calidad, tanto en la información incorporada como en la aptitud de pensar, relacionar, inferir, concluir. La educación es la mejor garantía para el mantenimiento sano del comportamiento de la actividad privada y pública.
x.                     Los bienes públicos deben ser cuidados por  todos los que habiten en el suelo de la República, debiendo ser sancionados los que destruyan los bienes públicos y privados, los que arrojen residuos en las calles, los que no pongan cuidado en el aseo de las calles o contribuyan con desaprensión a mantener la limpieza en los lugares públicos y privados.
xi.                   El cuidado del medio ambiente y del uso de materiales peligrosos para la salud pública, deben lograrse acatando y cumpliendo con todas las normas nacionales, provinciales y municipales que se hayan dictado con tales objetivos.
xii.                 En la actividad privada y pública, sin distinción, las tareas tienen que estar a cargo de quienes saber hacer las cosas, tienen experiencia comprobada, y tienen la fortaleza anímica y personalidad para superar las dificultades que podrían impedir, si no se superara dichas dificultades, el logro del objetivo.
xiii.                Seleccionar los mejores, y medir la eficiencia en el logro de los objetivos.
xiv.                 La planificación de la actividad del Estado requiere separar las cosas urgentes  y las cosas importantes ejecutables en el período de duración del plazo constitucional de la función y más allá de él. Las cosas  que se tienen que ejecutar en lapsos superiores a la duración del lapso de gobierno, deben ser informadas y explicadas con los adversarios políticos, a los fines que se pueda asegurar la continuidad y finalización de dichas tareas. 
xv.                     Los representantes del pueblo tienen la misión fundamental de hacer avanzar y crecer al país, para goce y beneficio de los habitantes. No se concibe asumir responsabilidades de gobierno pensando en un interés particular económico, y mucho menos para enriquecerse al amparo de prácticas corruptas.
xvi.                   Debe asegurarse un uso adecuado del capital (eficiencia) e incurrir en los menores  costos posibles para ejecutar las funciones de los estados nacional, provincial y municipal. La protección de los recursos por parte de las autoridades es un mandato implícito para el desarrollo de las funciones, sin resentir la calidad de los servicios. Debe ahorrarse la mayor cantidad de recursos para acortar la distancia de otros países que encararon, antes que el nuestro, una posición seria en la administración en función de gobierno.

Conclusión:  para asegurarnos el cumplimiento de las normas todas los seres humanos deben analizar los problemas y las propuestas de solución pretendiendo que antes que nada, ambos aspectos, deben superar el filtro de los valores (Constitución, leyes, normas, ética y moral). Luego que ambos aspectos han superado el filtro de los valores, recién luego de ello, podemos intentar privilegiar que la solución del problema está de acuerdo a nuestra ideología, nuestros deseos, nuestras preferencias.
El deber ser debe estar por encima de nuestros deseos.

Miguel Angel Di Ranni
13.07.2012

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