Las crisis recurrentes que
se han dado en Argentina, tienen que ver, directa o indirectamente, con las
derivaciones que se producen en razón de la existencia de un déficit anual
permanente, en el presupuesto nacional, a nivel del saldo del cash flow anual
primario (ingresos financieros originados principalmente por la recaudación
tributaria anual, menos todos los egresos financieros que son necesarios para
atender el desarrollo de cada una de las funciones que desempeña el Estado).
Luego, al considerar, los egresos financieros anuales originados por la
existencia del endeudamiento existente, se determina el déficit anual
secundario.
Desde hace 70 años, excepto
en pocos ejercicios anuales superavitarios, el déficit financiero final fue
déficit, y equivalente a varios puntos porcentuales en relación al producto
bruto interno del Estado argentino.
Durante la Presidencia del
Ing. Mauricio Macri se encaró muy decididamente la iniciativa de lograr, al cierre del ejercicio correspondiente a
2019, un presupuesto financiero primario neutro o superavitario, y luego de
incluir los intereses de la deuda financiera que se pagan anualmente, lograr
también, en un periodo anual posterior a definir, el equilibrio
presupuestario anual total.
El presupuesto financiero debería
siempre arrojar en forma constante, como política financiera del Estado, pero
también como ejercicio de una buena praxis, un monto final superavitario. Esto
quiere decir, como sucede en cualquier organización privada, que es un símbolo
de buena praxis, que no haya déficit, en este caso, de resultas del
funcionamiento del Estado. Si esto se mantuviera de esa manera, año tras año,
al no existir déficit financiero operativo, no habría que recurrir al
financiamiento externo o interno.
La inexistencia de dicho déficit final
financiero operativo, naturalmente, sería visto por los países en general, como
símbolo de una excelente praxis en el manejo financiero de los números de
Argentina. En ese supuesto Argentina sería un país confiable, porque anualmente
no gasta más que lo que ingresa para el
funcionamiento operativo del Estado y para poder atender los pagos anuales por
intereses del stock de su deuda financiera.
La inexistencia de déficit
financiero operativo anual, no originaría ninguna crisis, por cuanto, como ha
sucedido muchas veces, existiendo déficit presupuestario anual, originaba que
había que buscar un financiamiento externo o interno, y si ello coincidía con un momento
internacional en los que los países de
primera línea restringían el financiamiento a los que tuvieran una calificación
inferior al “investment grade”, muchas veces se terminaba resolviendo emitir
moneda local, lo cual constituía un riesgo por la generación de inflación, por
excesiva volatilidad cambiaria, y devaluaciones del peso en relación al dólar
estadounidense. Ello terminaría en una crisis, que ha desembocado muchas veces
en la declaración de “default” y
necesidad recurrente de reestructurar la deuda financiera existente.
A partir del momento en que
todos los políticos entiendan la importancia de tener una conducta financiera
como país, que no arroje déficit operativo a financiar, se pueden encarar
definiciones de política financiera y de otros órdenes, observando cómo impacta
cada una de las definiciones tomadas, sobre el objetivo de que no exista
déficit operativo primario ni secundario anual.
Luego de aceptar dicho axioma de que no haya déficit fiscal
primario ni secundario, se debe tomar
como base para ir definiendo determinadas políticas económicas, y estimar,
asimismo, los ingresos y egresos
financieros que se provocarían sobre el presupuesto de resultas de las
implementaciones necesarias para instrumentar la política económica
seleccionada.
1.
Para lograr que la economía crezca, hay que reducir
la presión fiscal, a los fines de lograr que las empresas privadas tengan mayor
exceso de fondos libres, luego del pago de
los dividendos en efectivo para los accionistas, con el objetivo que se
pueda aumentar el volumen de
producción; entrar a exportar, o
aumentar la participación con ese destino, y lograr mayores puestos de trabajo.
La
reducción de la presión fiscal se puede lograr mediante dos tasas de impuesto a
las ganancias: la tasa normal y una tasa
bonificada ni bien se prueben que se hubieren cumplimentado las inversiones
comprometidas que aseguren mayor actividad y volumen de las compañías privadas.
Dicha disminución de la tasa tendrá una validez limitada en el tiempo. La idea
es que la disminución de la recaudación tributaria debería compensarse con la
mayor facturación, por el mayor volumen de ventas.
2.
Deberían ir eliminándose los subsidios otorgados
por el Estado que gravan la existencia de invalidez, luego de un análisis caso
por caso de la veracidad de la existencia de lo declarado. Asimismo todos los subsidios de tipo social,
deberían ir disminuyendo ni bien se vayan recuperando los puestos de trabajo
que se hubieran perdido. También los subsidios por tarifas de energía y
transporte, también deberían ir reduciéndose con el tiempo a medida que los
aumentos salariales en términos reales
se incrementaran por la reducción de la inflación.
3.
Los ingresos de dotación para puestos del
empleo público deberían congelarse, hasta que la cantidad de empleados públicos
recupere una dimensión acorde a la actividad
y eficiencia, no cubriéndose las vacantes por fallecimiento, renuncias, y jubilación.
4.
Para mejorar la situación previsional se
deberían tomar algunas decisiones como las siguientes: edad para jubilarse,
tanto el hombre como la mujer, 70 años. Se debería restaurar el mecanismo de
las AFJP, para las personas que se incorporan al mercado laboral, continuando
el sistema de reparto a cqrgo del Estado hasta que se extinguieran la totalidad
de aportantes a dicho sistema, que aún no se han jubilado. Y luego de obtener
la jubilación más los que ya lo obtuvieron, con anterioridad, por el mecanismo de reparto, hasta que se
produjeran los respectivos fallecimientos.
El
sistema más adecuado es el sistema de jubilación privada, generado por el mismo
ahorro de las personas durante su período laboral. El sistema de reparto
significó para el Estado una oportunidad enorme para realizar distintas tareas
ajenas a la capitalización previsional financiándose, impropiamente, con el
capital proveniente de las jubilaciones.. En el año 2011 se han ingresado al
sistema previsional de reparto aproximadamente 3 millones de personas que no
habían contribuido con el aporte mínimo de 30 años según las pautas normativas
establecidas. Ello dañó enormemente la
posibilidad de haber mejorado las jubilaciones del primer escalón con menores
ingresos.
Conclusiones:
El
hábito de emitir presupuestos nacionales, como mínimo en equilibrio, o
idealmente, superavitario, debería ser de cumplimiento obligatorio para todos
los funcionarios que llegan a actuar como administrador en las funciones de
gobierno. Ello es símbolo de buena praxis, que contribuye en mucho a evitar las
crisis recurrentes que ha padecido la Argentina.
Es
recomendable planear las políticas de Estado para lograr el crecimiento del
producto bruto interno total del Estado, observando los efectos que se producen
financieramente en el diseño presupuestario, para que dichas políticas no se
traduzcan en un salto al vacío sin tener claro si hay algún impacto en el
objetivo central del funcionamiento del Estado, que dicha actividad se
encuentre como mínimo en equilibrio en materia de ingresos y egresos
financieros.
Miguel
Angel Di Ranni
20.08.2019