LOGRO DE UN PRESUPUESTO ANUAL EQUILIBRADO O CON SUPERÁVIT
¿Cuando usted insiste bastante en el logro de un presupuesto equilibrado o con superávit , es decir, que los ingresos por cobro de los impuestos vigentes deben ser iguales o superiores, respectivamente, a los egresos de fondos que necesita el Estado para llevar adelante sus funciones, ello da la sensación que significa que le está dando mucho énfasis a los aspectos técnicos de finanzas en desmedro de la actitud esperada para un Estado que debe proteger con prioridad a las personas, y no tanto a una recomendación técnico financiera?
Agradezco mucho esa pregunta, porque como docente en la Universidad mucha gente ha tenido la misma inquietud, asociando, quien sabe, que es una recomendación que puede provenir de alguien especializado en las finanzas para las organizaciones privadas, pero que ello no sería aplicable a una organización publica, como el Estado.
Anticipo, desde ya, que las finanzas en la administración de un Estado debe tener las mismas consideraciones que para la administración de las organizaciones privadas.
Quien administra un Estado debe saber muy bien que los ingresos de fondos son aportados por los contribuyentes de ese mismo Estado, al cumplir las obligaciones de pagar los impuestos que estuvieran vigentes. Los contribuyentes son personas físicas o jurídicas, dentro del total de los habitantes y sujetos jurídicos del país, que resultan alcanzados por las prescripciones normativas que definen cada uno de los impuestos. Dicha recaudación ha de ser aplicada a distintos conceptos definidos por las diversas funciones que caracterizan a la actividad que el Estado lleva a cabo. Todas esas funciones que desarrolla el Estado tiene como destinatarios a los habitantes del mismo, a todos en general y en condiciones de igualdad.
El Estado y los habitantes del Estado, constituyen, un sistema único que se retroalimenta. El Estado necesita que todos los habitantes trabajen, porque de dicha actividad, privada y pública que puedan realizar, tendrán sus ingresos, sobre los cuales incidirán los impuestos, que, a su vez, permitirán afrontar los costos en que debe incurrir el Estado para beneficio de todos sus habitantes.
Si en condiciones normales la recaudación de impuestos fueran 100 pesos, el tope máximo de las erogaciones que podría atender el Estado, por sus funciones y el costo financiero de la deuda , deberían ser 100 pesos.
Si en un momento determinado, el Estado decidiera otorgar subsidios por 5 pesos, tendría que decidir, qué erogación del Estado interrumpe, ahorrando 5 pesos, para compensar dicho subsidio.
Si el Estado decide que no va a interrumpir ninguna de las erogaciones que tiene bajo su órbita, entonces las decisiones que podría tomar son las siguientes:
a) Aumenta la presión tributaria, de tal modo que todos los contribuyentes que antes tributaban 100 pesos, ahora pasan a pagar 105 pesos. De esa manera se pueden atender los 105 pesos de erogaciones a cargo del Estado. El efecto en la econonía es que la actividad privada para poder disponer de esos 5 pesos adicionales que se requieren de recaudación , deja de hacer inversiones por dicho monto de 5 pesos, no incrementando la producción, o no mejorando la tecnología, o no renovando alguna maquinaria postergando dicha decisión.
b) En lugar de aumentar la presión tributaria, el Estado deja que el presupuesto anual salga con un déficit fiscal de 5 pesos, que va a ser necesario financiar en el mercado de deuda. El inconveniente de ésto es que se explicita claramente que el Estado recauda impuestos por 100 pesos, y tiene erogaciones que atender por 105 pesos, lo cual no es bien visto por los que observan la responsabilidad de la forma de administrar un Estado. Adicionalmente, si en el mercado financiero no hubiera oferta de financiamiento a través de una deuda, el Estado se vería en la necesidad de recurrir a una práctica no recomendable como imprimir moneda por $ 5, con la consecuencia de la inflación potencial que se determina, al existir una masa monetaria mayor para la misma cantidad de bienes en la economia, por lo cual se produciría un aumento general de precios en la economía.
Consecuencias que son importante destacar:
i. La recaudación tributaria no es conveniente aumentarla mediante incremento de la presión fiscal, sino mediante el combate de la evasión tributaria, sea a los que no se han formalizado como contribuyentes, sea a los que no emiten los comprobantes de ventas efectivamente realizadas, o mediante el estímulo al desarrollo del volumen de las ventas. El Estado debe bregar para que se mantenga una presión fiscal razonable alineada con los países del primer mundo, con el objetivo que la generación de fondos que logre la actividad privada, luego de atender al pago del dividendo a los accionistas, y de participar a financiar parte de las inversiones de largo plazo, dé el suficiente margen para permitir un incremento en los niveles de producción y ventas para concretar exportaciones, y una mayor participación en el mercado local, mejorar la tecnología, y lograr una mayor productividad en el proceso fabril.
ii. El otorgamiento de subsidios por parte del Estado debería ser por un lapso muy corto y perfectamente definido y acordado con los beneficiarios, y resulta muy inequitativo, si los mismos son financiados mediante el incremento de la presión fiscal hacia los contribuyentes de la recaudación tributaria.
iii. Muchas veces, algunos de los que reclaman subsidios por no poder pagarse los incrementos de tarifas de gas, y electricidad, quizás no analizaron adecuadamente si ese reclamo es equitativo para los que están pagando los impuestos que están permitiendo abonar, entre otras cosas, el otorgamiento de los mencionados subsidios. En efecto, en el año 2003, los mencionados servicios, significaban entre un 10% y 12% de los ingresos familiares. A partir de dicho año, el gobierno de aquel momento comenzó a pesificar las tarifas, congelándolas, de tal manera que en el año 2015, las tarifas efectivamente pagadas por el usuario, representaba un 0,6% a 0,8% del ingreso familiar. Entre el 2003 y el 2015, la inflación que hubo fue del orden del 1100%, por lo cual la mayoría de las familias, observaron que lo que pagaban por las tarifas era prácticamente un regalo. Ello hizo que la mayoría de las familias, durante dichos 12 años, pudieron derivar el monto de ingresos que se pudieron ahorrar, por la falta de actualización de la tarifa, a otros consumos, menos imprescindibles respecto al costo de la energía. Algunos de los usuarios, consumieron mayor cantidad de celulares, internet, pudieron viajar más al exterior, cambiaron el automóvil o algunos artefactos eléctricos. Cuando en el año 2016, el gobierno actual, comienza el proceso de actualización de las tarifas, a los fines de pagar lo que efectivamente vale, porque ello permitirá que las empresas productoras, transportistas y distribuidoras de la energía, puedan realizar las inversiones necesarias, y volver a tener el autoabastecimiento de la energía, muchos de los consumidores, no pensaron que pagar el precio actualizado de la energía era más imprescindible que pagar las erogaciones que nacieron a partir del momento en que en el año 2003 se empezó a congelar el precio de la energía. Esto no quiere decir, que las familias no tienen el derecho de consumir mayor cantidad de celulares, o pagar la cuota del coche adquirido, o viajar al exterior en vacaciones. Pero lo que es claro, es que si no se hubieran pesificado las tarifas de la energía, y las mismas se hubieran continuado actualizando a lo largo de los 12 años, seguramente, algunos de los otros gastos adicionales familiares que se incorporaron al consumo familiar, no se hubieran incorporado a la canasta de gastos de la misma, de haberse continuado ordenando dichas erogaciones desde los más imprescindibles a los más prescindibles. Esto no quiere significar que el Estado no debe atender el otorgamiento de tarifas sociales a un sector de la población, cuyos ingresos resultan insuficientes hasta que se logren realizar los cambios estructurales que están en la mira de los actuales responsables de la administración del Estado.
No hay que olvidarse que es una ley económica muy conocida, que siempre hay más necesidades que los ingresos disponibles para poder satisfacerlas, por lo cual, todo se reduce a un criterio de ordenamiento de las necesidades a ser satisfechas.
Conclusión final:
Los administradores del Estado, los políticos que están en la oposición, los periodistas de opinión, los empresarios, los docentes, los analistas, siempre deben pensar que los ingresos tributarios y los egresos de fondos en que incurre el Estado (incluyendo los intereses anuales que pague para atender la deuda pública), siempre integran un sistema que debe producir que no exista un déficit fiscal, y si es posible, que exista superávit fiscal. Ello debe ser una constante año a año. Todos los interesados deben poner el mismo cuidado para analizar y decidir que no se incremente la presión fiscal, como también, que no haya erogaciones a cargo del Estado que excedan el valor absoluto de los impuestos recaudados efectivamente durante el año calendario.
Por el lado de los egresos, siempre tiene que existir una revisión de las erogaciones que podrían eliminarse, mediante decisiones puntuales y también estructurales.
Por el lado de los ingresos, también es importante que los analistas se den cuenta que si la presión fiscal es razonable, que si se ensancha la recaudación incorporando mayor control sobre los que están identificados como contribuyentes, e identificando a los potenciales contribuyentes que aún no se han inscripto, es posible que se aumente el valor absoluto de la reaudación por derivación del mayor crecimiento por mayor volumen, por mayor eficiencia, y por mayor productividad.
A partir del sostenimiento del equilibrio fiscal financiero, a lo largo de los años, un superávit comercial por mayores exportaciones que importaciones, la eliminación de la inflación, y la reducción de la volatilidad cambiaria, se producirá la eliminación de las crisis recurrentes derivadas de la inexistencia de endeudamiento operativo que financiar, y de la inexistencia de la impresión de dinero. Luego se podrá ir definiendo cambios estructurales que permitan determinar un mayor crecimiento, mayores empleos, en cantidad, y en calidad por mayor educación y capacitación en la actividad privada.
Por lo tanto, la recomendación que sostiene el suscripto sobre la necesidad que siempre se sostenga un presupuesto nacional del Estado, anualmente, al menos en equilibrio, y preferentemente, con superávit no se opone a los objetivos que puede establecer un Estado, en relación al cuidado de la gente. El Estado es de todos, y todos estamos involucrados en mantener el concepto sistémico que existe en un presupuesto financiero de un Estado entre los ingresos financieros derivados de una política tributaria razonable, y con egresos financieros razonables que incurre el Estado para llevar adelante sus necesidades. Siempre en los aspectos financieros, para que un Estado no aumente la probabilidad de crisis recurrentes, tiene que asegurarse que los egresos financieros totales de un Estado estén por debajo de los ingresos tributarios que provengan de una presión fiscal razonable que no afecte el crecimiento armónico de la comunidad.
Miguel Angel Di Ranni
21.04.2019
ii. El otorgamiento de subsidios por parte del Estado debería ser por un lapso muy corto y perfectamente definido y acordado con los beneficiarios, y resulta muy inequitativo, si los mismos son financiados mediante el incremento de la presión fiscal hacia los contribuyentes de la recaudación tributaria.
iii. Muchas veces, algunos de los que reclaman subsidios por no poder pagarse los incrementos de tarifas de gas, y electricidad, quizás no analizaron adecuadamente si ese reclamo es equitativo para los que están pagando los impuestos que están permitiendo abonar, entre otras cosas, el otorgamiento de los mencionados subsidios. En efecto, en el año 2003, los mencionados servicios, significaban entre un 10% y 12% de los ingresos familiares. A partir de dicho año, el gobierno de aquel momento comenzó a pesificar las tarifas, congelándolas, de tal manera que en el año 2015, las tarifas efectivamente pagadas por el usuario, representaba un 0,6% a 0,8% del ingreso familiar. Entre el 2003 y el 2015, la inflación que hubo fue del orden del 1100%, por lo cual la mayoría de las familias, observaron que lo que pagaban por las tarifas era prácticamente un regalo. Ello hizo que la mayoría de las familias, durante dichos 12 años, pudieron derivar el monto de ingresos que se pudieron ahorrar, por la falta de actualización de la tarifa, a otros consumos, menos imprescindibles respecto al costo de la energía. Algunos de los usuarios, consumieron mayor cantidad de celulares, internet, pudieron viajar más al exterior, cambiaron el automóvil o algunos artefactos eléctricos. Cuando en el año 2016, el gobierno actual, comienza el proceso de actualización de las tarifas, a los fines de pagar lo que efectivamente vale, porque ello permitirá que las empresas productoras, transportistas y distribuidoras de la energía, puedan realizar las inversiones necesarias, y volver a tener el autoabastecimiento de la energía, muchos de los consumidores, no pensaron que pagar el precio actualizado de la energía era más imprescindible que pagar las erogaciones que nacieron a partir del momento en que en el año 2003 se empezó a congelar el precio de la energía. Esto no quiere decir, que las familias no tienen el derecho de consumir mayor cantidad de celulares, o pagar la cuota del coche adquirido, o viajar al exterior en vacaciones. Pero lo que es claro, es que si no se hubieran pesificado las tarifas de la energía, y las mismas se hubieran continuado actualizando a lo largo de los 12 años, seguramente, algunos de los otros gastos adicionales familiares que se incorporaron al consumo familiar, no se hubieran incorporado a la canasta de gastos de la misma, de haberse continuado ordenando dichas erogaciones desde los más imprescindibles a los más prescindibles. Esto no quiere significar que el Estado no debe atender el otorgamiento de tarifas sociales a un sector de la población, cuyos ingresos resultan insuficientes hasta que se logren realizar los cambios estructurales que están en la mira de los actuales responsables de la administración del Estado.
No hay que olvidarse que es una ley económica muy conocida, que siempre hay más necesidades que los ingresos disponibles para poder satisfacerlas, por lo cual, todo se reduce a un criterio de ordenamiento de las necesidades a ser satisfechas.
Conclusión final:
Los administradores del Estado, los políticos que están en la oposición, los periodistas de opinión, los empresarios, los docentes, los analistas, siempre deben pensar que los ingresos tributarios y los egresos de fondos en que incurre el Estado (incluyendo los intereses anuales que pague para atender la deuda pública), siempre integran un sistema que debe producir que no exista un déficit fiscal, y si es posible, que exista superávit fiscal. Ello debe ser una constante año a año. Todos los interesados deben poner el mismo cuidado para analizar y decidir que no se incremente la presión fiscal, como también, que no haya erogaciones a cargo del Estado que excedan el valor absoluto de los impuestos recaudados efectivamente durante el año calendario.
Por el lado de los egresos, siempre tiene que existir una revisión de las erogaciones que podrían eliminarse, mediante decisiones puntuales y también estructurales.
Por el lado de los ingresos, también es importante que los analistas se den cuenta que si la presión fiscal es razonable, que si se ensancha la recaudación incorporando mayor control sobre los que están identificados como contribuyentes, e identificando a los potenciales contribuyentes que aún no se han inscripto, es posible que se aumente el valor absoluto de la reaudación por derivación del mayor crecimiento por mayor volumen, por mayor eficiencia, y por mayor productividad.
A partir del sostenimiento del equilibrio fiscal financiero, a lo largo de los años, un superávit comercial por mayores exportaciones que importaciones, la eliminación de la inflación, y la reducción de la volatilidad cambiaria, se producirá la eliminación de las crisis recurrentes derivadas de la inexistencia de endeudamiento operativo que financiar, y de la inexistencia de la impresión de dinero. Luego se podrá ir definiendo cambios estructurales que permitan determinar un mayor crecimiento, mayores empleos, en cantidad, y en calidad por mayor educación y capacitación en la actividad privada.
Por lo tanto, la recomendación que sostiene el suscripto sobre la necesidad que siempre se sostenga un presupuesto nacional del Estado, anualmente, al menos en equilibrio, y preferentemente, con superávit no se opone a los objetivos que puede establecer un Estado, en relación al cuidado de la gente. El Estado es de todos, y todos estamos involucrados en mantener el concepto sistémico que existe en un presupuesto financiero de un Estado entre los ingresos financieros derivados de una política tributaria razonable, y con egresos financieros razonables que incurre el Estado para llevar adelante sus necesidades. Siempre en los aspectos financieros, para que un Estado no aumente la probabilidad de crisis recurrentes, tiene que asegurarse que los egresos financieros totales de un Estado estén por debajo de los ingresos tributarios que provengan de una presión fiscal razonable que no afecte el crecimiento armónico de la comunidad.
Miguel Angel Di Ranni
21.04.2019