REFLEXIONES
QUE DESEO COMPARTIR
Luego de haber estudiado, y leído bastante, y de haber pasado por
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, hasta
obtener el Doctorado, y participado activamente en la docencia universitaria y profesionalmente a tiempo completo, en la administración de empresas medianas y grandes,
durante 42 años, he llegado a la
conclusión que las crisis recurrentes que han impactado a la Argentina, en los
últimos 80 años, la podemos atribuir a tres razones muy importantes e interconectadas
entre sí: la inconducta a nivel internacional de nuestro país hacia quienes se
relacionan con el mismo en calidad de acreedores financieros, la inestabilidad
jurídica y normativa que caracteriza a nuestro país, y los criterios que ponemos en evidencia para
administrar los recursos del Estado argentino que se exteriorizan anualmente
cuando se explicitan las cifras del presupuesto nacional.
Cuando nos referimos a la inconducta a nivel internacional queremos indicar la actitud reiterada hacia nuestros acreedores del exterior, con
los cuales en varias oportunidades, en los últimos 80 años, no hemos honrado la deuda que como Nación
hemos tomado oportunamente. No solamente hemos caído en incumplimientos de
atender el pago de la deuda, sino también que hemos exteriorizado formalmente
una actitud de satisfacción por tal
hecho, y hemos procurado obtener una quita efectiva de parte de la deuda, en
porcentajes inéditos y agraviantes al derecho de propiedad. No hemos entendido
que como Nación hemos tomado deuda para cumplimentar objetivos que servían a
los intereses de Argentina. De igual manera, como Nación, cabe hacer,
auténticamente, todos los esfuerzos de
devolver los fondos requeridos a los acreedores.
Cuando nos referimos a inestabilidad jurídica y normativa, también
se ha dado en Argentina una hiperactividad consistente en la sanción de leyes,
cambios de normas impositivas, y sus reglamentos, lo cual en los hechos ha
contrariado las bases que habían sido tenidas en cuenta por las empresas y
organizaciones cuando definieron invertir capitales desde el exterior, a los
fines de participar en la actividad industrial y comercial, en nuestro país.
En lo que hace al tercer aspecto, esto es, los criterios que
traducen los responsables de administrar el Estado argentino, cuando preparan y
discuten el contenido de los ingresos y egresos de fondos que integran dicho
documento, exhiben una irresponsabilidad muy evidente hacia los terceros, a
quienes hemos solicitado préstamos o podemos convocarlos nuevamente, no sólo de
resultas de la construcción de obras públicas, sino, especialmente, por
déficits fiscales operativos, originados en excesivos gastos incurridos por el
Estado argentino, para el funcionamiento del mismo, como excedentes en la
dotación de empleados públicos, excesos de subsidios sociales otorgados de una
manera indiscriminada, un sistema jubilatorio descompensado (relación entre
cantidad de agentes activos, en relación a los pasivos); otorgamientos de
beneficios jubilatorios, sin haberse respetado los años de aporte, ni la edad
mínima para poder disponer de los mismos; subsidios para cubrir los pagos por
consumo de energía y transporte, y para compensar a personas discapacitadas, en
proporciones inéditas respecto de los estándares internacionales.
Sobre este tercer aspecto, una gran mayoría de políticos, como
también de periodistas de opinión, intelectuales, docentes universitarios, y
ciudadanos en general hacen mucho énfasis en el rol del Estado como factor de
ayuda y protección de los ciudadanos en general, pero sin poner, también, el
mismo énfasis, en cuanto a la necesidad
de cuidar detalladamente los ingresos financieros que se han originado en la
recaudación tributaria, y la naturaleza, y montos de los distintos componentes
de egresos financieros que se incluyen en el presupuesto financiero anual.
Dicho cuidado se hace necesario, naturalmente, para que haya un equilibrio
entre los mencionados ingresos y egresos totales, a los fines que no se origine
nunca, un déficit fiscal operativo que requiera un monto de endeudamiento
adicional significativo.
Lamentablemente, los últimos 80 años, se han caracterizado más por
presupuestos anuales que se presentan con un déficit fiscal final operativo
significativo, que las pocas excepciones de un presupuesto anual con tendencia al equilibrio. Las crisis recurrentes se originan, en general, cuando hay una
coincidencia entre una crisis financiera global, y la imposibilidad de obtener
un financiamiento para cubrir el déficit fiscal operativo, lo cual origina la
emisión de moneda local, inflación derivada, y muchas veces crisis cambiarias.
La mayoría de los políticos, especialmente los que llegan a
hacerse cargo de la administración de un Estado, y nunca han administrado una
empresa privada, no muestran una disciplina férrea en observar que el
presupuesto nacional nunca debería mostrar un déficit fiscal operativo. Es
posible que dicha falta de atención sea porque conocen que muchos de los costos
que se incluyen en el presupuesto nacional han sido la consecuencia de actos
demagógicos motivados para lograr una
adecuada performance en los actos eleccionarios.
El programa político que debe proponer cada partido que asume el
rol de gobierno debería basarse a partir del entendimiento que primeramente es
necesario lograr que no haya déficit fiscal operativo en el presupuesto
nacional. A partir de dicha observancia, se puede empezar a analizar qué otros
egresos financieros que existen en la estructura del Estado son posible
reducirlos. Una vez que se vayan logrando esas reducciones es menester plantear
una disminución de la presión fiscal que grava a las entidades privadas, para
que existan en cada una de ellas, generaciones de fondos libres para ser
reinvertidas en procura de un mayor volumen de producción, mayores
posibilidades de exportaciones que mejoren, además, la balanza comercial,
mayores puestos de trabajo, con mejor calidad de mano de obra, por mayor
tecnología y capacitación.
Conclusión: es necesario que se afiance un nuevo paradigma que consiste en
que no puede existir un presupuesto nacional del Estado que tenga déficit
fiscal primario y secundario, como condición normal permanente año a año. A
partir de dicho cumplimiento inexorable es necesario introducir las mejoras que
permitan el mantenimiento de una inflación muy reducida, un superávit de la
balanza comercial, una presión fiscal razonable que no agobie a la actividad
privada, crecimiento a través de mayores volúmenes de producción, mayores
puestos de trabajo, mayor eficiencia,
costos de mano de obra que permita una adecuada competitividad a nivel internacional,
mayor igualdad a través de una educación pública generalizada.
Miguel Angel Di Ranni
15.04.2019