Algunas personas, conscientes de la trascendencia que tienen las próximas elecciones presidenciales, en Argentina, me han formulado algunas preguntas, las que, conjuntamente con mis opiniones vuelco a través de mi blog a los fines que contribuyan a esclarecer inquietudes similares que pudieran tener otros lectores de este medio.
¿Por qué motivo el gobierno actual se ha impuesto el objetivo de lograr hacia fines de 2019 que exista un presupuesto financiero nacional en equilibrio o superavitario, antes de los intereses anuales a pagar por el endeudamiento existente?
Respuesta: a mí me ha sorprendido gratamente, luego de haber sido testigo durante muchos años, en sucesivas administraciones que se han sucedido para hacerse cargo de las funciones de gobierno, que el actual, haya trazado un objetivo como el que menciona usted en su pregunta. Infiero que ello es consecuencia de que es en este gobierno donde se han concentrado muchos funcionarios, empezando por el propio Presidente Ingeniero Mauricio Macri, que han tenido experiencia concreta en responsabilidades importantes en la administración de empresas privadas. En cualquier entidad privada no se concibe elaborar ninguna estrategia concreta de actividad futura, sino se logra esencialmente, en primer término, tener un presupuesto financiero global superavitario, o, al menos, en equilibrio. El FMI, entidad especializada en la administración de recursos financieros, ha recogido esta saludable práctica, al hacer el seguimiento de los cambios estructurales necesarios para todo aquel que requiere asistencia financiera. La razón por la cual muchos países no entran en tratativas con dicha entidad financiera, es porque no quieren aplicar razonamientos sensatos para la administración de los recursos financieros, y prefieren creer que es posible manejar un presupuesto financiero que refleje un déficit fiscal permanente, de varios puntos del PBI, y de esa manera no corregir los egresos financieros al monto necesario que sea compatible con la recaudación tributaria.
El actual gobierno se propone alcanzar superávit primario, y luego, hacer lo propio, considerando incluir dentro del objetivo del presupuesto en equilibrio, los egresos financieros derivados del pago anual de intereses por la existencia de la deuda financiera vigente.
Los ejes principales que hay que lograr concurrentemente al de un presupuesto en equilibrio o superavitario, son los siguientes: una inflación controlada y en tendencia decreciente hasta llegar a ser de un dígito; reducción significativa de la volatilidad cambiaria; que exista un tipo de cambio competitivo; que exista una balanza comercial favorable
Luego se hace necesario, ir reduciendo la presión fiscal, a la par de continuar eliminando subsidios remanentes a cargo del Estado, mejorar la productividad, eliminar gradualmente algunos egresos de fondos que son innecesarios dentro del presupuesto financiero, modificar algunas normas laborales y previsionales para hacerlas más competitivas a la par de lo que existe en los países del primer mundo. Al disminuir la presión fiscal, ello va a dejar recursos libres en poder de la actividad privada, para aumentar la producción y/o la integración de los procesos industriales para aumentar la existencia de mayores y mejores puestos de trabajo.
Los acuerdos que se están logrando entre la unión europea y el mercosur, van a provocar un salto cualitativo y cuantitativo en el volumen de exportaciones.
La importancia de tener un presupuesto en equilibrio es clave. La mayoría de las crisis recurrentes que se produjeron en nuestro país, tuvieron su génesis en que en los últimos 70 años, mayormente existió un déficit fiscal operativo, por existir mayores egresos financieros que ingresos financieros. Dicho déficit existente, de magnitudes significativas, que se daba año a año, requería anualmente, la necesidad de encontrar financiamiento, para lograr nivelar los ingresos financieros con los egresos financieros. Cuando a nivel internacional, se aumentan las tasas de interés, en los países del primer mundo, ello origina que los proveedores de financiamiento internacional, prefieran retirarse de los países de más alto riesgo, como la Argentina, para llevar sus fondos para el financiamiento de los países de menor riesgo país. Ello provoca, por tanto, que no exista posibilidad de financiar el déficit fiscal, en los países de mayor riesgo, y que se busque, erróneamente, el recurso de la emisión de más cantidad de moneda propia. Ello puede generar inflación, devaluación, aumento del riesgo país, y las crisis recurrentes que nos resultan tan conocidas en ese dilatado lapso mencionado.
La ventaja de lograr el objetivo que se propone este gobierno, con carácter prioritario, que ningún presupuesto nacional arroje déficit operativo, es que Argentina no va a requerir buscar financiamiento operativo, en el mercado de deuda, para cubrir déficits operativos anuales por haber emitido presupuestos con mayores egresos financieros que los ingresos financieros. De esa manera, el prestigio de nuestro país ha de mejorar, al igual que su calificación del riesgo país, disminuirán sustancialmente las crisis recurrentes, y podrá acceder, como cualquier otro país a financiamiento más barato para encarar la obra pública y otros proyectos esenciales, de largo plazo, para un mejor crecimiento como país.
¿Por qué no se propone, en otros partidos políticos, similar decisión de lograr un presupuesto financiero nacional sin déficit final, como prioridad absoluta?
La experiencia indica que existe una gran mayoría de políticos sin mayores conocimientos y experiencia concreta en la administración de recursos financieros, especialmente, que hayan actuado concretamente en la administración de fondos en la actividad privada, antes de presentarse a administrar recursos públicos. También hay muchos que entienden que la administración de los recursos financieros en la actividad privada tiene reglas propias, distintas que la actividad privada, sin dar mayores fundamentos de dicha creencia. Para rebatirla, de todos modos, nos bastaría mostrar todas las crisis recurrentes que se han producido a lo largo de los últimos 70 años, en las cuales no hubo nunca un esfuerzo sostenido, año a año, en la emisión de los presupuestos financieros, en el orden nacional, en que no hubiera que financiar un déficit fiscal operativo, y que la crisis no se hubiera precipitado, justamente, al no lograrse cubrir dicha necesidad de financiamiento, y se tuvo que recurrir a la emisión monetaria, con el desencadenamiento de mayor inflación, y a posteriori actos devaluatorios de nuestra moneda.
Lo que no tiene ningún fundamento, es que el Estado parta de la idea que los egresos financieros que se deben incluir en el presupuesto, para cumplir sus funciones, no tienen que estar condicionados por los ingresos financieros que han de provenir del sistema tributario vigente, a través de la recaudación de los impuestos. Un Estado responsable, que se maneje con buena praxis, no debería computar como gastos a incurrir en el ejercicio anual, un monto que excediera la recaudación tributaria que ha de provenir de la cobranza a los contribuyentes. Es más, la administración de los recursos financieros de un Estado tiene que contemplar los ingresos financieros que provienen de la recaudación tributaria vigente con un criterio de presión fiscal razonable, y la asignación de dichos ingresos financieros para atender a todos los egresos financieros posibles con el límite infranqueable de lo recaudado tributariamente.
Así se manejan las familias, así se manejan las entidades privadas, y así se debe manejar el Estado, si no desea que los ciudadanos vivan en un calvario permanente por la inestabilidad macroeconómica a que lo somete un administrador que crea que administrar los recursos del Estado es una tarea fácil, y que no requiere conocimientos técnicos para llevarla a cabo, con éxito.
Finalmente quiero dejar señalado algo muy importante: muchos políticos por razones demagógicas, presionan a sus representantes en el Congreso para que se aprueben ciertas erogaciones, como las producidas en el año 2011, en que se aceptaron de un día para el otro a 3 millones de jubilados adicionales que no estaban en condiciones reglamentarias de que le otorgaran dicho beneficio, puesto que algunos no cumplían con la edad para jubilarse, y muchos otros no habían cumplimentado con el aporte necesario, sea a través del aporte del beneficiario como del empleador, en caso que fuera un trabajo registrado. Ello ha significado un monto anual de erogación muy fuerte, el cual ha de repercutir seguramente que la presión fiscal se mantenga más alta que lo que debiera ser, en los próximos 25 años. Al existir mayor presión fiscal que la razonable, los contribuyentes, sean personas físicas o sociedades, no tendrán fondos de libre disponibilidad, como para aumentar la producción, o invertir en otras actividades, como sí lo podrían hacer, si la presión fiscal hubiera sido razonable. Esto, como se advertirá, conspira contra la creación de mayores y mejores empleos privados, que los que pudieran haberse obtenido si hubiera existido ahorro de capital logrado por la existencia de una presión tributaria razonable. En otras palabras, financiar un egreso aceptado incorrectamente, ha tenido como consecuencia extinguir el capital, y no sólo la renta del mismo. Por ende no pudo haber mayor inversión, mayor crecimiento, mayor empleo, y mayor generación de producto bruto interno, como país.
Miguel Angel Di Ranni
15.07.2019
¿Por qué no se propone, en otros partidos políticos, similar decisión de lograr un presupuesto financiero nacional sin déficit final, como prioridad absoluta?
La experiencia indica que existe una gran mayoría de políticos sin mayores conocimientos y experiencia concreta en la administración de recursos financieros, especialmente, que hayan actuado concretamente en la administración de fondos en la actividad privada, antes de presentarse a administrar recursos públicos. También hay muchos que entienden que la administración de los recursos financieros en la actividad privada tiene reglas propias, distintas que la actividad privada, sin dar mayores fundamentos de dicha creencia. Para rebatirla, de todos modos, nos bastaría mostrar todas las crisis recurrentes que se han producido a lo largo de los últimos 70 años, en las cuales no hubo nunca un esfuerzo sostenido, año a año, en la emisión de los presupuestos financieros, en el orden nacional, en que no hubiera que financiar un déficit fiscal operativo, y que la crisis no se hubiera precipitado, justamente, al no lograrse cubrir dicha necesidad de financiamiento, y se tuvo que recurrir a la emisión monetaria, con el desencadenamiento de mayor inflación, y a posteriori actos devaluatorios de nuestra moneda.
Lo que no tiene ningún fundamento, es que el Estado parta de la idea que los egresos financieros que se deben incluir en el presupuesto, para cumplir sus funciones, no tienen que estar condicionados por los ingresos financieros que han de provenir del sistema tributario vigente, a través de la recaudación de los impuestos. Un Estado responsable, que se maneje con buena praxis, no debería computar como gastos a incurrir en el ejercicio anual, un monto que excediera la recaudación tributaria que ha de provenir de la cobranza a los contribuyentes. Es más, la administración de los recursos financieros de un Estado tiene que contemplar los ingresos financieros que provienen de la recaudación tributaria vigente con un criterio de presión fiscal razonable, y la asignación de dichos ingresos financieros para atender a todos los egresos financieros posibles con el límite infranqueable de lo recaudado tributariamente.
Así se manejan las familias, así se manejan las entidades privadas, y así se debe manejar el Estado, si no desea que los ciudadanos vivan en un calvario permanente por la inestabilidad macroeconómica a que lo somete un administrador que crea que administrar los recursos del Estado es una tarea fácil, y que no requiere conocimientos técnicos para llevarla a cabo, con éxito.
Finalmente quiero dejar señalado algo muy importante: muchos políticos por razones demagógicas, presionan a sus representantes en el Congreso para que se aprueben ciertas erogaciones, como las producidas en el año 2011, en que se aceptaron de un día para el otro a 3 millones de jubilados adicionales que no estaban en condiciones reglamentarias de que le otorgaran dicho beneficio, puesto que algunos no cumplían con la edad para jubilarse, y muchos otros no habían cumplimentado con el aporte necesario, sea a través del aporte del beneficiario como del empleador, en caso que fuera un trabajo registrado. Ello ha significado un monto anual de erogación muy fuerte, el cual ha de repercutir seguramente que la presión fiscal se mantenga más alta que lo que debiera ser, en los próximos 25 años. Al existir mayor presión fiscal que la razonable, los contribuyentes, sean personas físicas o sociedades, no tendrán fondos de libre disponibilidad, como para aumentar la producción, o invertir en otras actividades, como sí lo podrían hacer, si la presión fiscal hubiera sido razonable. Esto, como se advertirá, conspira contra la creación de mayores y mejores empleos privados, que los que pudieran haberse obtenido si hubiera existido ahorro de capital logrado por la existencia de una presión tributaria razonable. En otras palabras, financiar un egreso aceptado incorrectamente, ha tenido como consecuencia extinguir el capital, y no sólo la renta del mismo. Por ende no pudo haber mayor inversión, mayor crecimiento, mayor empleo, y mayor generación de producto bruto interno, como país.
Miguel Angel Di Ranni
15.07.2019