¿Uno de las alternativas no oficialistas, al cargo de Presidente, propone como acción futura en caso de ganar las elecciones en 2019 restaurar la pérdida real que han sufrido los jubilados, recomponiendo sus ingresos. Además, la promesa de futuro se extiende a que los jubilados no paguen los medicamentos. Qué opina usted sobre este tipo de promesas para el futuro de quienes se postulan a las elecciones)?
En la nota anterior, de la serie llamada "Preguntas de algunos votantes" hemos señalado que es más seguro, para no tomar riesgos como ciudadano, manejarse sobre hechos concretos, que cada postulante pueda mostrar al votante, sea en su trayectoria en el pasado, o en el presente. En aquella oportunidad explicamos que un aspecto importante para evaluar es la conducta que tiene que ver sobre lo que denominamos "deber ser" es decir qué valores sustenta aquella persona que se está proponiendo a candidato, para algunos de los cargos elegibles. Saber si respeta los valores esenciales, como las instituciones, la Constitución, la ley, la ética y la moral, es un aspecto medular para definir la preferencia o no por dicha persona. También dijimos que es muy importante (para aquellos candidatos que han superado airosamente el test de los valores, es decir, que no cometieron actos de corrupción, que mostraron prolijidad en los temas legales, constitucionales, éticos y morales) examinar ejemplos claros de acciones o actos de administración representando al Estado, en alguna actuación pasada, si les preocupó preservar un presupuesto nacional libre de déficits, si han aceptado incurrir en mayores erogaciones por parte del Estado, sin averiguar prolijamente, de dónde se han de lograr los recursos financieros para hacer frente a dichas nuevas erogaciones propuestas, si les preocupa o no sobrecargar a los contribuyentes en materia fiscal, en una proporción que excede lo que se denomina "presión fiscal razonable".
En la pregunta que usted formula, hay una parte que es necesario precisar cuando dice "restaurar la pérdida real que han sufrido los jubilados recomponiendo sus ingresos". Hoy en día los haberes jubilatorios se corrigen por inflación cada tres meses, comparado con la periodicidad del ajuste que antes se efectuaba cada seis meses. El 70% de la corrección se efectúa de acuerdo a la inflación que se verifique, y un 30%, en función de la evolución de los salarios. Esto significa que el haber jubilatorio en un 70% está preservado, porque se ajusta por inflación. El otro 30% también es susceptible de ser corregido, si bien puede existir alguna diferencia transitoria negativa, si los salarios no acompañan a la inflación, como también puede recuperarse cuando haya salarios que sean corregidos con porcentajes por encima de la inflación, cuando se definan salarios que corrijan la pérdida por inflación verificada. Pero una propuesta debe señalar claramente cómo se va a financiar dicha mayor erogación. Exactamente lo mismo, cuando se propone que los jubilados reciban todos los medicamentos gratuitos.
Es importante volver a comentar que los ciudadanos deben tener muy en cuenta la conducta concreta de los candidatos sobre hechos pasados o presentes, y poner en duda muy fuertemente, cuando los candidatos hacen propuestas hacia el futuro.
Debemos recordar que no es conveniente resolver la opción para seleccionar a un candidato, basado en los "beneficios concretos que un sector de la ciudadanía vaya a recibir". Un análisis del pasado verificado en los últimos 70 años nos puede servir de ejemplo.
Cuando se dejaron de actualizar las tarifas durante doce años entre el 2003 y el 2015, en materia de electricidad, gas y transporte, hubo sectores de la población que disfrutaron favorablemente las ventajas de no tener que pagar dichos costos. Pero lo concreto es que durante dicho lapso los sectores de la economía correspondientes a dichos rubros dejaron de invertir para mantener las reservas de gas, o la capacidad de generar electricidad, o de expandir y mantener adecuadamente el sistema de transporte de subterráneos, trenes, colectivos.
Cuando todos nos dimos cuenta que de esa manera estábamos al borde del colapso, hubo que retomar la vigencia de tarifas representativas de los costos de explotación, por lo cual, como gran conclusión de ello es que la gratuidad no se puede sostener en el largo plazo, porque siempre termina estallando por el lado del volumen del déficit del Estado, del mayor endeudamiento, o de la emisión monetaria a falta de poder sustentar la toma de deudas para el financiamiento de las pérdidas. La generación de inflación y devaluación del peso en relación a las monedas extranjeras, ha sido una constante a lo largo de los últimos 70 años.
Por lo tanto, de lo que se trata es que haya una responsabilidad de quienes nos deben administrar, apoyada en los valores (no corrupción, institucionalidad, constitucionalidad, legalidad, ética y moral), y en el conocimiento de cómo se administran los recursos financieros que mantenga en equilibrio un sistema que valorice adecuadamente una presión fiscal razonable, y no excesiva (que ha de permitir el crecimiento y aumento del empleo), y un presupuesto nacional (con gastos del Estado acotados por los ingresos tributarios razonables) en el cual se pueda mantener que no haya déficit fiscal primario y secundario durante los próximos 100 años.
Miguel Angel Di Ranni
23.07.2019
En la nota anterior, de la serie llamada "Preguntas de algunos votantes" hemos señalado que es más seguro, para no tomar riesgos como ciudadano, manejarse sobre hechos concretos, que cada postulante pueda mostrar al votante, sea en su trayectoria en el pasado, o en el presente. En aquella oportunidad explicamos que un aspecto importante para evaluar es la conducta que tiene que ver sobre lo que denominamos "deber ser" es decir qué valores sustenta aquella persona que se está proponiendo a candidato, para algunos de los cargos elegibles. Saber si respeta los valores esenciales, como las instituciones, la Constitución, la ley, la ética y la moral, es un aspecto medular para definir la preferencia o no por dicha persona. También dijimos que es muy importante (para aquellos candidatos que han superado airosamente el test de los valores, es decir, que no cometieron actos de corrupción, que mostraron prolijidad en los temas legales, constitucionales, éticos y morales) examinar ejemplos claros de acciones o actos de administración representando al Estado, en alguna actuación pasada, si les preocupó preservar un presupuesto nacional libre de déficits, si han aceptado incurrir en mayores erogaciones por parte del Estado, sin averiguar prolijamente, de dónde se han de lograr los recursos financieros para hacer frente a dichas nuevas erogaciones propuestas, si les preocupa o no sobrecargar a los contribuyentes en materia fiscal, en una proporción que excede lo que se denomina "presión fiscal razonable".
En la pregunta que usted formula, hay una parte que es necesario precisar cuando dice "restaurar la pérdida real que han sufrido los jubilados recomponiendo sus ingresos". Hoy en día los haberes jubilatorios se corrigen por inflación cada tres meses, comparado con la periodicidad del ajuste que antes se efectuaba cada seis meses. El 70% de la corrección se efectúa de acuerdo a la inflación que se verifique, y un 30%, en función de la evolución de los salarios. Esto significa que el haber jubilatorio en un 70% está preservado, porque se ajusta por inflación. El otro 30% también es susceptible de ser corregido, si bien puede existir alguna diferencia transitoria negativa, si los salarios no acompañan a la inflación, como también puede recuperarse cuando haya salarios que sean corregidos con porcentajes por encima de la inflación, cuando se definan salarios que corrijan la pérdida por inflación verificada. Pero una propuesta debe señalar claramente cómo se va a financiar dicha mayor erogación. Exactamente lo mismo, cuando se propone que los jubilados reciban todos los medicamentos gratuitos.
Es importante volver a comentar que los ciudadanos deben tener muy en cuenta la conducta concreta de los candidatos sobre hechos pasados o presentes, y poner en duda muy fuertemente, cuando los candidatos hacen propuestas hacia el futuro.
Debemos recordar que no es conveniente resolver la opción para seleccionar a un candidato, basado en los "beneficios concretos que un sector de la ciudadanía vaya a recibir". Un análisis del pasado verificado en los últimos 70 años nos puede servir de ejemplo.
Cuando se dejaron de actualizar las tarifas durante doce años entre el 2003 y el 2015, en materia de electricidad, gas y transporte, hubo sectores de la población que disfrutaron favorablemente las ventajas de no tener que pagar dichos costos. Pero lo concreto es que durante dicho lapso los sectores de la economía correspondientes a dichos rubros dejaron de invertir para mantener las reservas de gas, o la capacidad de generar electricidad, o de expandir y mantener adecuadamente el sistema de transporte de subterráneos, trenes, colectivos.
Cuando todos nos dimos cuenta que de esa manera estábamos al borde del colapso, hubo que retomar la vigencia de tarifas representativas de los costos de explotación, por lo cual, como gran conclusión de ello es que la gratuidad no se puede sostener en el largo plazo, porque siempre termina estallando por el lado del volumen del déficit del Estado, del mayor endeudamiento, o de la emisión monetaria a falta de poder sustentar la toma de deudas para el financiamiento de las pérdidas. La generación de inflación y devaluación del peso en relación a las monedas extranjeras, ha sido una constante a lo largo de los últimos 70 años.
Por lo tanto, de lo que se trata es que haya una responsabilidad de quienes nos deben administrar, apoyada en los valores (no corrupción, institucionalidad, constitucionalidad, legalidad, ética y moral), y en el conocimiento de cómo se administran los recursos financieros que mantenga en equilibrio un sistema que valorice adecuadamente una presión fiscal razonable, y no excesiva (que ha de permitir el crecimiento y aumento del empleo), y un presupuesto nacional (con gastos del Estado acotados por los ingresos tributarios razonables) en el cual se pueda mantener que no haya déficit fiscal primario y secundario durante los próximos 100 años.
Miguel Angel Di Ranni
23.07.2019