Los ciudadanos deben actuar
como la última reserva moral de la República para evitar males mayores.
Es conocido por todos que en
el lapso 2003 y 2015 se han producido muchísimos actos de corrupción por parte
de los funcionarios que estuvieron a cargo de la conducción del país. Ello ha
determinado una investigación exhaustiva por parte del Poder Judicial, en las
instancias penales correspondientes. Algunos de los juicios que se están
sustanciando explicitan que dichos delitos han configurado la forma de la
asociación ilícita y la Presidente de dos de los tres gobiernos que existieron
en el lapso mencionado, figura, entre muchos otros, como uno de los miembros de las mismas.
En el orden internacional,
la magnitud inédita a nivel mundial de la corrupción verificada en Argentina
durante muchos años en el lapso 2003 -2015, fue muy conocida y sorprende mucho
que, quien fuera en dos instancias
sucesivas la Presidente durante dicho lapso, no haya rehusado éticamente volver
a participar en calidad de candidata a vicepresidente, en razón de la cantidad
de juicios que se siguen en su contra, conjuntamente con el que se postula como
candidato a presidente, que participó en su condición de Jefe de Gabinete
durante uno de los gobiernos mencionados.
Sorprende que tampoco no se
haya hecho uso, institucionalmente, de las prescripciones del artículo 70 de la
Constitución Nacional que establece que
“cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias
contra cualquier senador o diputado, examinando el mérito del sumario, en
juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus
funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su
juzgamiento”.
En los ámbitos
internacionales, causó también mucha sorpresa que un sector importante de los
ciudadanos argentinos no se hayan
manifestado en las primarias en contra de quienes se han de presentar como
representantes del ex Frente para la Victoria, y de un sector afín del
peronismo, en el actual proceso electoral cuya instancia está prevista para el
27 de octubre de 2019. Se preveía que los ciudadanos castigarían electoralmente a dicho sector que corresponde a los
funcionarios que han cometido muchos delitos de corrupción, a través de las
funciones que desempeñaban como Gobierno, y que ocasionaron un serio daño a la
República, no solo institucional, sino patrimonial, económico y financiero.
Es posible, y se espera con
mucha expectativa, que la ciudadanía reexamine
su postura inicial, y sancione electoralmente a quienes han originado un daño
institucional y material durante dichos 12 años de gobierno. Especialmente
porque se ha menoscabado uno de los valores fundamentales en la República que
es la honestidad en representar a quienes dieron mandato para conducir los
destinos de la Nación.
Quienes observan desde el
exterior, quienes miran con esperanza e interés a la Argentina, quienes desean
invertir en nuestro país, han analizado
y avalado las políticas llevadas a cabo en los años 2016 a 2019 en Argentina.
Si observaran que dichas políticas también tienen el consenso amplio de sus
ciudadanos, quienes han hecho un gran esfuerzo pero quieren concluirlo en esta
oportunidad, a diferencia de lo acontecido en los últimos 70 años, que no se animaron a
cambiar la historia, entonces ello
confirmaría que hay una intención auténtica de la Argentina de encarar
seriamente y en forma continua una trayectoria de crecimiento.
Para ello, todos los
ciudadanos deben privilegiar la existencia de una República sana, que cumple
con la Constitución y las leyes, que deja que el Poder Judicial independiente
continúe con la investigación de todos los delitos que se han cometido, que se
mejore la calidad educativa, y que accedan en igualdad de oportunidades todos
los niños y jóvenes de la educación primaria y secundaria, que se pueda bajar
la presión fiscal a la par que se eliminen los gastos excesivos del Estado, que
se logre un presupuesto del Estado con superávit primario y secundario, y que
ello se mantenga a lo largo de todos los años en el futuro.
Que con la reducción de la
presión fiscal, la actividad privada vuelque los recursos a ampliar la
producción, o generar un ahorro interno que permita generar las fuentes de
financiamiento local. Ello ha de generar un crecimiento en la economía, y muchos puestos de trabajo adicionales, a la
par de la reducción sostenida de subsidios a cargo del Estado.
Para ello, hay que animarse
a concluir con los cambios estructurales. Con convicción, con fuerza, y
continuidad.
Si los ciudadanos vuelven a
avalar a quienes saquearon el país con una corrupción inédita, actualmente bajo
la consideración de una justicia independiente, estarán dando hacia el exterior
una señal difícil de entender, mucho más
cuando los resultados de lo ya hecho en los últimos tres años y medio
permitiría, de continuarse en esa dirección,
eliminar el déficit fiscal secundario residual, y con ello, uno de los
factores de riesgo que en los últimos 70 años fue el causante de las numerosas
crisis recurrentes que han producido la pobreza y la falta de trabajo.
La decisión que tiene que
tomar el votante potencial no tiene que ver con sus preferencias políticas,
sino con qué es lo que hay que hacer para que nuestro país se vincule con los
países ordenados institucionalmente, que respeten la ley, que no interfiera en
la justicia que debe ser independiente y justa, que se aleje de la corrupción,
que fomente la educación y el trabajo como forma genuina de progreso de los
habitantes de nuestro querido país. Estados Unidos tuvo su independencia en
1776. Nosotros en 1816, es decir, 40 años más tarde. Pero la diferencia entre
los dos países es mucho más que los mencionados 40 años. Y ello se debe a que
nosotros pensamos que tenemos que votar a los que circunstancialmente nos dan
algo material a nosotros, y ellos votan lo que es mejor para su país.
El voto, sin embargo, tiene más que ver con
aquellos que nos aseguren que nuestro país se manejará dentro de los valores
considerados como deseables: honestidad, respeto a la ley y a la Constitución,
estabilidad jurídica, crecimiento
económico, buena educación en condiciones de igualdad, atención médica, que el
Estado no genere déficit fiscal
permanente por existir más egresos que ingresos por razones políticas lo cual
nos llevaría a permanentes crisis, que nos dé seguridad, que se combata al narcotráfico
y al delito, que haya menos presión fiscal hacia las empresas privadas, de tal
modo que asegure más la reinversión de las ganancias, la generación de puestos
de trabajo, y el crecimiento de nuestro país. Lo que debemos votar es que
nuestros hijos estén mejor que nosotros, y nuestros nietos, mejor que sus
padres.
Las nuevas generaciones comentarán la decisión tomada por nosotros y
la recordarán durante muchos años de sus vidas.
Miguel Angel Di Ranni
11.09.2019