LOS CIUDADANOS TENEMOS MUCHA INFORMACIÓN PARA TOMAR LA DECISIÓN CORRECTA.
Durante los 70 años anteriores al 2016 los ciudadanos tuvimos el lamentable error de haber creído que todos los políticos estaban preocupados por nosotros, que iban a tratar que progresáramos, que no iban a tocar en absoluto los fondos públicos para sus intereses personales, y que sabían mucho en materia de administración de los bienes y fondos del Estado. Aclaremos que el Estado justifica su existencia para la administración y coordinación de ciertas actividades de interés de los ciudadanos, como la defensa nacional, la seguridad de los habitantes, la educación, la salud pública, la ejecución de la obra pública para beneficio de todos los ciudadanos (construcción de rutas, puentes, puertos, aeropuertos, dragados de ríos, escuelas, hospitales, y actividades similares).
En estos últimos 70 años se ha podido observar que la actividad de muchos políticos no ha respondido al objetivo por el cual se los había convocado como mandatarios del Estado. Ello se puede verificar porque se constata, claramente, que muchos políticos han solucionado, en exceso, sus propios problemas de subsistencia, a expensas de los dineros públicos, se han fijado remuneraciones que exceden largamente el promedio de las remuneraciones mensuales de los ciudadanos, han contratado asesores en cantidades que no se compadecen con las necesidades ni con los resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, y muchos representantes han realizado actos demagógicos de administración con el fin de asegurarse los votos necesarios para gozar de una continuidad en el ejercicio de la actividad política, para vivir exclusivamente de dicha actividad, atentando contra uno de los pilares fundamentales del republicanismo, como es la permanencia por un lapso limitado en el poder como representantes de los ciudadanos en los distintos roles en el Estado.
En el otro extremo, se observa que muchos ciudadanos no han podido salir de la pobreza, carecen de servicios públicos básicos como los sistemas de cloacas y la disposición de agua potable a través del transporte y distribución por cañerías, viven en viviendas precarias, y no han podido, por diversos motivos, recibir una educación primaria y secundaria, sin interrupciones, y con una calidad adecuada, que les asegure la oportunidad de acceder a trabajos con remuneraciones razonables.
En el otro extremo, se observa que muchos ciudadanos no han podido salir de la pobreza, carecen de servicios públicos básicos como los sistemas de cloacas y la disposición de agua potable a través del transporte y distribución por cañerías, viven en viviendas precarias, y no han podido, por diversos motivos, recibir una educación primaria y secundaria, sin interrupciones, y con una calidad adecuada, que les asegure la oportunidad de acceder a trabajos con remuneraciones razonables.
Pienso que ha llegado el momento, para nosotros los ciudadanos, de efectuar una serie de reflexiones que pueden ayudar para tomar decisiones importantes, en estos meses, para que podamos interrumpir definitivamente, esa serie interminable de engaños y de actuaciones con mala praxis, con los que muchos políticos, que viven de la política, han ilusionado a los ciudadanos a lo largo de los 70 años previos a enero de 2016.
Lo primero que tenemos que tener claro es que la decisión y convicción, de cada ciudadano, en cuanto a labrarse un porvenir depende, principalmente, de cada ciudadano. Como se ha dicho muchas veces, en otras latitudes, no pienses lo que la patria puede hacer por vos, sino, en todo caso, lo que vos puedes hacer por la patria. Yo recuerdo muy claramente, que cuando la mayoría de nuestros abuelos de los que hoy tenemos entre 50 y 70 años de edad, llegaron de Italia, de España, y, en menor proporción, de otros países, y se radicaron en nuestro país, trabajaron un promedio de 18 horas por día, superaron todas las situaciones adversas, y fueron evolucionando lentamente pero inexorablemente, a través de las sucesivas generaciones. A ninguno de esos inmigrantes se les ocurrió pensar en lo que el Estado podía hacer por ellos. Agradecieron que el Estado pudo asegurarles una educación primaria a los hijos, y luego hicieron lo imposible para que cursaran, en una gran mayoría, la escuela secundaria, y, en menor proporción, la universidad. Inventaron su propia jubilación, ahorrando dinero, comprando inmuebles, y obteniendo ingresos de los alquileres de dichas propiedades. En una gran mayoría vinieron sin capital financiero, pero poseían, sin embargo un gran capital en la forma de valores inmutables para encarar la vida, basados en el deber ser: respeto a la Constitución, a las leyes, a la ética y a la moral. Pero tenían, además, una férrea voluntad de querer hacer las cosas bien, pensaron el presente, pero teniendo a la vista lo que querían para el futuro de ellos y de sus hijos y nietos.
Lamentablemente, a los hijos y los nietos de aquellos abuelos inmigrantes, que se contagiaron de esos valores que sustentaron sus abuelos, y otros hijos y nietos de otros abuelos que eran argentinos, y presenciaron la inmigración europea, y también compartieron similares valores, les tocó convivir con muchas personas que no tenían una férrea convicción del deber ser, sino que se basaron en que el fin que se proponen justifica los medios para poder lograrlos. Algunas de estas últimas empezaron a ver que la actividad política podría facilitarles sus propios objetivos individuales, y para ello un camino posible fue elaborar promesas electorales de ejecución a cargo del Estado con destino a los niños, los adultos y la ancianidad. Ello fue, históricamente, el primer atisbo de gravar al Estado, con egresos financieros, que afectaban al presupuesto nacional, sin haberse analizado, con la profesionalidad de quienes administraban el Estado, cuál iba a ser el origen de los fondos que permitiera esas liberalidades. Históricamente, también, fue la primera vez que un mandatario confundió su rol con la de los ciudadanos mandantes. Los mandantes, que eran todos los ciudadanos no fueron consultados respecto de la incidencia presupuestaria de esos egresos financieros. Algunos de los mandantes, que eran una minoría de entre los ciudadanos, que estaban nominados como beneficiarios de dichas promesas, confundieron su rol y dejaron de ser mandantes porque les agradó la idea de ser ayudados por el Estado.
En consecuencia la política, a partir de un poco antes de la mitad del siglo XX, empezó a ser ejercitada por aquellas personas que se plantearon el objetivo de vivir de dicha actividad, y al comienzo pensaban en un tímido "vamos por algo". Una gran mayoría de los que se plantearon dichos objetivos, improvisaron en lo que debería ser una especialidad profesional, y administraron el Estado sin tener conocimientos como administradores de los recursos financieros. Lo ideal hubiera sido que para poder administrar al Estado, todos los políticos deberían tener muy claro que la toma de decisiones en dichos roles, debería hacerse en un contexto firme de respetar la Constitución, la ley, la ética y la moral. Pero, profesionalmente, además, había que agregar una cualidad importante: saber administrar los recursos financieros que están a disposición del Estado.
A la par que algunos políticos se propusieron vivir exclusivamente de la actividad política, se dieron cuenta que los ingresos que se les reconocían por dicha actividad superaban lo que ellos mismos se imaginaban en razón de la falta de experiencia previa en actividades privadas, de mucha responsabilidad, antes de abrazar la función pública. La mayoría de los ciudadanos, también, incurrieron en el error de interesarse en los temas del país y del Estado, solamente en las oportunidades de tener que elegir a sus representantes, y no tuvieron la voluntad de hacer un seguimiento responsable y continuo de los temas vinculados con las actividades del Estado, y de la manera que nuestros representantes gestionaban las actividades que eran de resorte del Estado.
Esos errores compartidos de parte de los políticos y de los ciudadanos, dio origen a lo que yo llamo "la inversión de los roles". Los políticos se confundieron creyendo que eran nuestros mandantes, y los ciudadanos aceptamos dócilmente el rol de mandatarios. Como muchos políticos nunca tuvieron experiencia comprobada en administrar recursos financieros, pretendieron argumentar que el Estado, a diferencia de la actividad privada, puede convivir con la existencia permanente de déficits, al comparar los ingresos que se producen en las arcas del Estado, frente a los egresos financieros que se comprometen como salidas de fondos desde dichas arcas.
Esa percepción errónea de algunos políticos, no excusable por la ignorancia o la inexperiencia, justificó el ingreso de empleados públicos en cantidades innecesarias, en votar favorablemente que ingresen entre 2 y 3 millones de "nuevos jubilados" que no habían cumplimentado con los 30 años de aportes efectivos que se requieren, ni con el umbral de edad para poder gozar efectivamente de ese beneficio. Esto no quiere decir que no tienen que ser analizados los problemas en los que estén involucradas las necesidades de la gente. Pero los que administran una organización como el Estado, no pueden desentenderse de los ingresos financieros necesarios para atender los egresos financieros que se postulan que deben ser atendidos por el Estado. Los políticos que actúan en representación del Estado, son los mandatarios, y los ciudadanos son los mandantes, que le dieron un poder a los mandatarios para que administren los recursos financieros del Estado. Y los recursos financieros del Estado provienen de los impuestos que estén vigentes, y no se puede ni debe aceptar, por parte de los mandatarios, que se aprueben, como egresos del Estado, montos superiores en valores absolutos, a los que se recaudan de los impuestos sancionados y vigentes, con una presión fiscal razonable.
El Estado debe ser cauteloso en la aceptación de nuevos egresos de fondos, porque el límite inexorable de incurrir en nuevos egresos de fondos, está fijado por las cargas tributarias que se votan en el Congreso. Esto es, fondos que cada una de las personas acepta poner a disposición del Estado, para que pueda atender las funciones del Estado en beneficio de todos los ciudadanos. Pero los ciudadanos, además de aceptar pagar dichos impuestos para atender la administración del Estado, tienen que contar con recursos, adicionales, para que en el rol de ciudadano , sea persona física o jurídica, pueda seguir creciendo, agrandando la capacidad de producir bienes y servicios, o incursionar en actividades empresariales complementarias o distintas. De esa manera, crece el país, crece el empleo, y la gente tiene oportunidades de mejorar individualmente, cumpliendo los objetivos que se habían definido por cada uno de dichos habitantes.
Esa confusión de roles de algunos políticos, que en lugar de ser los mandatarios, presumen ser los mandantes, originó que en los últimos 70 años, prácticamente no se conocen presupuestos de la Nación que no hayan resultado deficitarios. Por tanto, dicho déficit operativo, tuvo que ser cubierto con el ingreso de un nuevo endeudamiento, y si no hubiera sido posible obtenerlo, porque Argentina no calificaba para ello, se incurrió en la mala praxis de emisión de moneda local para compensar el mencionado déficit.
A partir de diciembre 2015, y hasta diciembre 2019 se ha hecho cargo de la administración de nuestro país, un grupo de ciudadanos que surgieron de las elecciones respectivas, y que afortunadamente tuvieron experiencia comprobada previa en la actividad privada en situaciones de administración de los recursos financieros y tareas de gestión.
El Presidente Ing. Mauricio Macri ha realizado una tarea muy importante en los casi 3 años y 5 meses de gobierno, que es pertinente recordar en una apretada síntesis:
a. Respeto a la división de poderes. No intromisión en las tareas propias del Poder Judicial.
b. Independencia absoluta de los medios de comunicación.
c. Amplias relaciones con el mundo, logro del respeto internacional, orientación a las negociaciones para fomentar el intercambio de exportaciones e importaciones con los países del primer mundo, y el resto de las naciones.
d. Crecimiento en la tecnología y capacitación de las fuerzas de seguridad para luchar contra el narcotráfico y el delito común.
e. Fuerte dedicación a la inversión pública, a precios competitivos para mejorar significativamente las comunicaciones, la competitividad en el comercio, la salud pública, y paliar desastres naturales como las inundaciones.
f. Planes especiales para el otorgamiento de financiación para la adquisición de bienes inmuebles como primera vivienda.
g. Recuperación de las reservas en divisas, a nivel país.
h. Recuperación de las tarifas de energía eléctrica, gas, agua y transporte, a los fines de lograr el autoabastecimiento, incrementando las reservas de gas, y petróleo, y la generación de energía eólica.
i. Extensión del uso de internet a lo largo y ancho del país para facilitar la actividad educativa, comercial y social.
j. Revolución del transporte aéreo mediante el mecanismo de las low cost.
k. Negociaciones globales por sectores de actividad (v.g. Vaca Muerta), a los fines de hacer viable los costos que inciden en la productividad y competitividad. .
Hay un objetivo muy especial que el actual Presidente se ha propuesto, y está logrando, y que va a tener como conseuencia, la solución de gran parte de las crisis recurrentes de los últimos 70 años: que el Presupuesto Nacional de Argentina no tenga déficit fiscal primario cuando concluya el año 2019, y luego, a posteriori, sin déficit fiscal secundario (es decir, luego del cómputo de los intereses de la deuda ) en 2020, y años subsiguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior significa que no habría más necesidad de incrementar la deuda, por existencia de déficits fiscales operativos. Esto implica que no habrá que buscar ningún financiamiento local o externo para cubrir erogaciones del Estado en razón de sus tareas habituales, o no habrá que emitir moneda local, si no existieran posibilidades de obtención de financiamientos.
Claro está que el gobierno actual va a concretar dicho objetivo de presupuesto en equilibrio, o superavitario. La oposición, cualquiera fuera ella, ¿continuará respetando dicho objetivo, de tal manera que si estuvieran a cargo de la administración del país, se comprometerían, durante el lapso que gobernaran a mantener un presupuesto equilibrado, es decir, sin déficits? O se volverá a la época de los déficits fiscales crónicos que imperaron durante los últimos 70 años?.
Adicionalmente, el gobierno actual en Argentina tiene excelentes relaciones en el concierto internacional, de tal modo que es altamente probable que no se darán las condiciones de default de continuar este gobierno como responsable para el segundo mandato. Las autoridades estarán más alineados a solicitar una nueva deuda, a tasas más competitivas para cancelar los vencimientos que se produjeran de la vieja deuda. El sustento de las mejores tasas en la renovación del stock de deuda actual, sería el menor riesgo país, ante la situación de equilibrio del flujo de fondos del presupuesto nacional.
La inflación comenzará a decrecer, porque este gobierno hizo todo lo que había que hacer como política monetaria. Al no haber inflación, también se reducirá la volatilidad cambiaria. Si se reduce la presión fiscal, comenzará a mejorar la actividad económica, el crecimiento, y habrá una mejora del PBI, expresado en dólares, y una mejor relación entre el saldo de deuda y el PBI total
Los observadores en el exterior saben que la conducta del actual gobierno es predecible. Lo deducen por los hechos concretos que se llevaron adelante durante la gestión del actual gobierno. De la oposición no puede decirse lo mismo, porque en el exterior recuerdan perfectamente los aplausos y la alegría de los políticos argentinos de aquella época, cuando se anunció el default de Argentina hace 17 años, con una quita sin precedentes del valor nominal de la deuda, y también de la actitud posterior de los gobiernos que se sucedieron luego de ese hecho.
En el exterior tienen muy claro la actitud de la oposición al gobierno actual, en los últimos tres años, al exteriorizar una flexibilidad indulgente para agravar el presupuesto nacional, aprobando gastos, que incrementan el déficit, y la irresponsabilidad manifiesta de aprobar mayor presión fiscal para cubrir su indolencia en los gastos. El Gobierno actual ha tenido que vetar una ley en 2018 a la cual había adherido y aprobado todo el arco de la oposición, por la cual se aprobó una disminución del valor de las tarifas de energía , a los guarismos existentes en 2017. Ello hubiera representado un mayor costo a cargo del Estado, lo cual lo hubiera alejado del objetivo del Presupuesto financiero nacional sin déficit primario en el 2019.
El objetivo que se plantéo el Gobierno al cierre del presente año, es que todos los ingresos y egresos de fondos (sin considerar el pago de los intereses de la deuda correspondiente a 2019) signifiquen un equilibrio financiero o un ligero superávit. Y luego en los pasos inmediatos siguientes a dicho logro, que dicho equilibrio del presupuesto financiero se logre, también, luego de deducir los pagos de los intereses totales de la deuda financiera. Ello constituye un hito memorable.
Desde hace 70 años que el cierre de los presupuestos financieros anuales implican un déficit financiero total de varios puntos del Producto Bruto Interno total. Las actuales autoridades del Gobierno argentino, se han propuesto un objetivo distinto, y luego de mucho esfuerzo, del Gobierno, pero también de los ciudadanos, parecen estar muy cerca de dicho logro. Ello cambiará la percepción del riesgo hacia nuestro país. Al no tener que financiar, todos los años, déficits fiscales relevantes, el impacto de las crisis internacionales no puede generar crisis, como sí ocurrió durante 70 años, por no disponer de financiamiento o a falta de él, crisis originadas por emisión de moneda local, inflación y volatilidad del dólar estadounidense.
En razón del pésimo estado en que quedaron las finanzas del Estado argentino, luego de la corrupción sin precedentes, y de la mala praxis evidenciada, en gobiernos anteriores, durante los últimos 70 años, no hubo ningún gobierno, excepto el actual, que se atrevió a llevar adelante un programa concreto de reducción del déficit fiscal del presupuesto nacional hasta su extinción, o producción de superávit. Una vez logrado, en los plazos mencionados, el desafío para los próximos gobiernos es mantener un presupuesto integral nacional, sin déficit fiscal, llevando la presión tributaria a niveles razonables, y los gastos del Estado compatibles con dicho objetivo de recaudación tributaria. Sin inflación significativa, sin volatilidad cambiaria, con un crecimiento de la actividad privada, oxigenada por una presión fiscal razonable, y con una balanza comercial superavitaria estarían dadas las condiciones favorables para el abandono del anclaje de los 70 años anteriores a enero de 2016.
Hay que darle un aval a los nuevos administradores que llegaron hace tan sólo 3 años y 5 meses que no vienen ni viven de la política, y que han solucionado una parte de los problemas ocasionados por la corrupción y la mala praxis, pero que aún queda mucho por hacer.
Ocho años con administradores nuevos que piensan y actúan distinto a los administradores de los 70 años anteriores. Administradores que saben administrar porque previamente hicieron esa tarea en la actividad privada, ámbito en la que no se toleran presupuestos financieros con déficits perpetuos.
Administradores que rinden cuenta a sus mandantes, como lo indican la Constitución y las leyes.
Miguel Angel Di Ranni
30.04.2019
A la par que algunos políticos se propusieron vivir exclusivamente de la actividad política, se dieron cuenta que los ingresos que se les reconocían por dicha actividad superaban lo que ellos mismos se imaginaban en razón de la falta de experiencia previa en actividades privadas, de mucha responsabilidad, antes de abrazar la función pública. La mayoría de los ciudadanos, también, incurrieron en el error de interesarse en los temas del país y del Estado, solamente en las oportunidades de tener que elegir a sus representantes, y no tuvieron la voluntad de hacer un seguimiento responsable y continuo de los temas vinculados con las actividades del Estado, y de la manera que nuestros representantes gestionaban las actividades que eran de resorte del Estado.
Esos errores compartidos de parte de los políticos y de los ciudadanos, dio origen a lo que yo llamo "la inversión de los roles". Los políticos se confundieron creyendo que eran nuestros mandantes, y los ciudadanos aceptamos dócilmente el rol de mandatarios. Como muchos políticos nunca tuvieron experiencia comprobada en administrar recursos financieros, pretendieron argumentar que el Estado, a diferencia de la actividad privada, puede convivir con la existencia permanente de déficits, al comparar los ingresos que se producen en las arcas del Estado, frente a los egresos financieros que se comprometen como salidas de fondos desde dichas arcas.
Esa percepción errónea de algunos políticos, no excusable por la ignorancia o la inexperiencia, justificó el ingreso de empleados públicos en cantidades innecesarias, en votar favorablemente que ingresen entre 2 y 3 millones de "nuevos jubilados" que no habían cumplimentado con los 30 años de aportes efectivos que se requieren, ni con el umbral de edad para poder gozar efectivamente de ese beneficio. Esto no quiere decir que no tienen que ser analizados los problemas en los que estén involucradas las necesidades de la gente. Pero los que administran una organización como el Estado, no pueden desentenderse de los ingresos financieros necesarios para atender los egresos financieros que se postulan que deben ser atendidos por el Estado. Los políticos que actúan en representación del Estado, son los mandatarios, y los ciudadanos son los mandantes, que le dieron un poder a los mandatarios para que administren los recursos financieros del Estado. Y los recursos financieros del Estado provienen de los impuestos que estén vigentes, y no se puede ni debe aceptar, por parte de los mandatarios, que se aprueben, como egresos del Estado, montos superiores en valores absolutos, a los que se recaudan de los impuestos sancionados y vigentes, con una presión fiscal razonable.
El Estado debe ser cauteloso en la aceptación de nuevos egresos de fondos, porque el límite inexorable de incurrir en nuevos egresos de fondos, está fijado por las cargas tributarias que se votan en el Congreso. Esto es, fondos que cada una de las personas acepta poner a disposición del Estado, para que pueda atender las funciones del Estado en beneficio de todos los ciudadanos. Pero los ciudadanos, además de aceptar pagar dichos impuestos para atender la administración del Estado, tienen que contar con recursos, adicionales, para que en el rol de ciudadano , sea persona física o jurídica, pueda seguir creciendo, agrandando la capacidad de producir bienes y servicios, o incursionar en actividades empresariales complementarias o distintas. De esa manera, crece el país, crece el empleo, y la gente tiene oportunidades de mejorar individualmente, cumpliendo los objetivos que se habían definido por cada uno de dichos habitantes.
Esa confusión de roles de algunos políticos, que en lugar de ser los mandatarios, presumen ser los mandantes, originó que en los últimos 70 años, prácticamente no se conocen presupuestos de la Nación que no hayan resultado deficitarios. Por tanto, dicho déficit operativo, tuvo que ser cubierto con el ingreso de un nuevo endeudamiento, y si no hubiera sido posible obtenerlo, porque Argentina no calificaba para ello, se incurrió en la mala praxis de emisión de moneda local para compensar el mencionado déficit.
A partir de diciembre 2015, y hasta diciembre 2019 se ha hecho cargo de la administración de nuestro país, un grupo de ciudadanos que surgieron de las elecciones respectivas, y que afortunadamente tuvieron experiencia comprobada previa en la actividad privada en situaciones de administración de los recursos financieros y tareas de gestión.
El Presidente Ing. Mauricio Macri ha realizado una tarea muy importante en los casi 3 años y 5 meses de gobierno, que es pertinente recordar en una apretada síntesis:
a. Respeto a la división de poderes. No intromisión en las tareas propias del Poder Judicial.
b. Independencia absoluta de los medios de comunicación.
c. Amplias relaciones con el mundo, logro del respeto internacional, orientación a las negociaciones para fomentar el intercambio de exportaciones e importaciones con los países del primer mundo, y el resto de las naciones.
d. Crecimiento en la tecnología y capacitación de las fuerzas de seguridad para luchar contra el narcotráfico y el delito común.
e. Fuerte dedicación a la inversión pública, a precios competitivos para mejorar significativamente las comunicaciones, la competitividad en el comercio, la salud pública, y paliar desastres naturales como las inundaciones.
f. Planes especiales para el otorgamiento de financiación para la adquisición de bienes inmuebles como primera vivienda.
g. Recuperación de las reservas en divisas, a nivel país.
h. Recuperación de las tarifas de energía eléctrica, gas, agua y transporte, a los fines de lograr el autoabastecimiento, incrementando las reservas de gas, y petróleo, y la generación de energía eólica.
i. Extensión del uso de internet a lo largo y ancho del país para facilitar la actividad educativa, comercial y social.
j. Revolución del transporte aéreo mediante el mecanismo de las low cost.
k. Negociaciones globales por sectores de actividad (v.g. Vaca Muerta), a los fines de hacer viable los costos que inciden en la productividad y competitividad. .
Hay un objetivo muy especial que el actual Presidente se ha propuesto, y está logrando, y que va a tener como conseuencia, la solución de gran parte de las crisis recurrentes de los últimos 70 años: que el Presupuesto Nacional de Argentina no tenga déficit fiscal primario cuando concluya el año 2019, y luego, a posteriori, sin déficit fiscal secundario (es decir, luego del cómputo de los intereses de la deuda ) en 2020, y años subsiguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior significa que no habría más necesidad de incrementar la deuda, por existencia de déficits fiscales operativos. Esto implica que no habrá que buscar ningún financiamiento local o externo para cubrir erogaciones del Estado en razón de sus tareas habituales, o no habrá que emitir moneda local, si no existieran posibilidades de obtención de financiamientos.
Claro está que el gobierno actual va a concretar dicho objetivo de presupuesto en equilibrio, o superavitario. La oposición, cualquiera fuera ella, ¿continuará respetando dicho objetivo, de tal manera que si estuvieran a cargo de la administración del país, se comprometerían, durante el lapso que gobernaran a mantener un presupuesto equilibrado, es decir, sin déficits? O se volverá a la época de los déficits fiscales crónicos que imperaron durante los últimos 70 años?.
Adicionalmente, el gobierno actual en Argentina tiene excelentes relaciones en el concierto internacional, de tal modo que es altamente probable que no se darán las condiciones de default de continuar este gobierno como responsable para el segundo mandato. Las autoridades estarán más alineados a solicitar una nueva deuda, a tasas más competitivas para cancelar los vencimientos que se produjeran de la vieja deuda. El sustento de las mejores tasas en la renovación del stock de deuda actual, sería el menor riesgo país, ante la situación de equilibrio del flujo de fondos del presupuesto nacional.
La inflación comenzará a decrecer, porque este gobierno hizo todo lo que había que hacer como política monetaria. Al no haber inflación, también se reducirá la volatilidad cambiaria. Si se reduce la presión fiscal, comenzará a mejorar la actividad económica, el crecimiento, y habrá una mejora del PBI, expresado en dólares, y una mejor relación entre el saldo de deuda y el PBI total
Los observadores en el exterior saben que la conducta del actual gobierno es predecible. Lo deducen por los hechos concretos que se llevaron adelante durante la gestión del actual gobierno. De la oposición no puede decirse lo mismo, porque en el exterior recuerdan perfectamente los aplausos y la alegría de los políticos argentinos de aquella época, cuando se anunció el default de Argentina hace 17 años, con una quita sin precedentes del valor nominal de la deuda, y también de la actitud posterior de los gobiernos que se sucedieron luego de ese hecho.
En el exterior tienen muy claro la actitud de la oposición al gobierno actual, en los últimos tres años, al exteriorizar una flexibilidad indulgente para agravar el presupuesto nacional, aprobando gastos, que incrementan el déficit, y la irresponsabilidad manifiesta de aprobar mayor presión fiscal para cubrir su indolencia en los gastos. El Gobierno actual ha tenido que vetar una ley en 2018 a la cual había adherido y aprobado todo el arco de la oposición, por la cual se aprobó una disminución del valor de las tarifas de energía , a los guarismos existentes en 2017. Ello hubiera representado un mayor costo a cargo del Estado, lo cual lo hubiera alejado del objetivo del Presupuesto financiero nacional sin déficit primario en el 2019.
El objetivo que se plantéo el Gobierno al cierre del presente año, es que todos los ingresos y egresos de fondos (sin considerar el pago de los intereses de la deuda correspondiente a 2019) signifiquen un equilibrio financiero o un ligero superávit. Y luego en los pasos inmediatos siguientes a dicho logro, que dicho equilibrio del presupuesto financiero se logre, también, luego de deducir los pagos de los intereses totales de la deuda financiera. Ello constituye un hito memorable.
Desde hace 70 años que el cierre de los presupuestos financieros anuales implican un déficit financiero total de varios puntos del Producto Bruto Interno total. Las actuales autoridades del Gobierno argentino, se han propuesto un objetivo distinto, y luego de mucho esfuerzo, del Gobierno, pero también de los ciudadanos, parecen estar muy cerca de dicho logro. Ello cambiará la percepción del riesgo hacia nuestro país. Al no tener que financiar, todos los años, déficits fiscales relevantes, el impacto de las crisis internacionales no puede generar crisis, como sí ocurrió durante 70 años, por no disponer de financiamiento o a falta de él, crisis originadas por emisión de moneda local, inflación y volatilidad del dólar estadounidense.
En razón del pésimo estado en que quedaron las finanzas del Estado argentino, luego de la corrupción sin precedentes, y de la mala praxis evidenciada, en gobiernos anteriores, durante los últimos 70 años, no hubo ningún gobierno, excepto el actual, que se atrevió a llevar adelante un programa concreto de reducción del déficit fiscal del presupuesto nacional hasta su extinción, o producción de superávit. Una vez logrado, en los plazos mencionados, el desafío para los próximos gobiernos es mantener un presupuesto integral nacional, sin déficit fiscal, llevando la presión tributaria a niveles razonables, y los gastos del Estado compatibles con dicho objetivo de recaudación tributaria. Sin inflación significativa, sin volatilidad cambiaria, con un crecimiento de la actividad privada, oxigenada por una presión fiscal razonable, y con una balanza comercial superavitaria estarían dadas las condiciones favorables para el abandono del anclaje de los 70 años anteriores a enero de 2016.
Hay que darle un aval a los nuevos administradores que llegaron hace tan sólo 3 años y 5 meses que no vienen ni viven de la política, y que han solucionado una parte de los problemas ocasionados por la corrupción y la mala praxis, pero que aún queda mucho por hacer.
Ocho años con administradores nuevos que piensan y actúan distinto a los administradores de los 70 años anteriores. Administradores que saben administrar porque previamente hicieron esa tarea en la actividad privada, ámbito en la que no se toleran presupuestos financieros con déficits perpetuos.
Administradores que rinden cuenta a sus mandantes, como lo indican la Constitución y las leyes.
Miguel Angel Di Ranni
30.04.2019