Los
administradores profesionales de empresas u organizaciones privadas, en
general, tienen más herramientas conceptuales que los funcionarios políticos
que han participado en el manejo de la cosa pública en las municipalidades,
provincias o en la nación, sin haber tenido experiencia laboral en las
organizaciones privadas ni estudios en ciencias económicas a nivel
universitario.
Los
administradores que han tenido experiencia concreta como tomadores de
decisiones en las organizaciones privadas, reúnen una experiencia muy clara en
el manejo político, es decir, alcanzar los objetivos que se plantean,
confrontando muchas veces con visiones diferentes, en un contexto de
incertidumbre, y con muchos factores de riesgo a evaluar y a solucionar. La
habilidad política se manifiesta y es exitosa, cuando no obstante todas las
dificultades, se logran los objetivos solicitados a los directivos, pero
preservando las relaciones de trabajo y de negocios de todos los que intervinieron en dicho
proceso de cumplimiento de los objetivos, adhiriendo o confrontando en dicha
tarea. Adicionalmente, dichos administradores tienen la consigna que dichos
objetivos deben alcanzarse dentro del contexto de legalidad, de ética y de
moral y aplicando las mejores prácticas de administración, en las funciones de
abastecimiento, producción, comercialización, finanzas y relaciones laborales,
empleando, de una manera muy eficiente, los recursos que le han sido asignados . Esta
descripción es la más extendida, en un universo de miles y miles de
organizaciones, no obstante que se han
verificado casos puntuales de mala praxis o de corrupción, puestos en evidencia
por las auditorías permanentes que las organizaciones privadas solicitan
regularmente.
Los
políticos que han estado siempre participando en el manejo de la cosa pública
reúnen experiencia suficiente en el manejo político para alcanzar los
objetivos, aunque en muchos casos, dichos objetivos, no son los únicos que exclusivamente
primaron, es decir, mejorar la situación en que viven los ciudadanos que le han
conferido un poder transitorio, sino que hay otros objetivos como los
ideológicos, o los personales, que adquieren, a veces, una clara preeminencia
sobre los primeros. También suele no existir preocupación por el mantenimiento
saludable de las relaciones con la oposición, fundamentalmente por un desajuste
en la concepción o en los límites de la forma en que se ejercita el poder.
Muchas veces, también, no existe una férrea convicción en que las decisiones a
tomar, como consecuencia de su cargo, deben respetar la Constitución, las
leyes, los principios éticos y morales. Finalmente, y esto es lo más
generalizado, no se tiene un concepto adecuado sobre qué es administrar los
recursos que le llegan fundamentalmente del aporte de los contribuyentes a
través de los impuestos. Dichos recursos deben ser usados con eficiencia, en
cualquiera de las funciones que se estén desarrollando en la actividad pública,
para lo cual es muy importante en que se incurran en costos, pero estrictamente
los necesarios que le permitan cumplir los objetivos, de servir a todas las
personas que han delegado, transitoriamente, el poder. La consigna para el administrador de
la cosa pública debiera ser que los empleados que participan en cada oficina
pública, tienen que ser los suficientes como para que puedan trabajar con
conocimiento de lo que tienen que hacer, y resolviendo problemas en el más
breve lapso posible.
La
idea es que los que prestan funciones en la cosa pública, deben manejar la administración
de manera muy eficiente, de tal manera que pueda originarse año a año un
superávit financiero que permita ir incorporando cada vez a mayor gente como
beneficiarios de la actividad del Estado, a través de mejores prestaciones
sanitarias, de educación pública, de seguridad, de salud, de mantenimiento de
los bienes públicos, y para pagar intereses y capital de los préstamos que se
vayan tomando para la ejecución de obras de infraestructura y otras inversiones
necesarias. Esto significa que al que administra la cosa pública no le puede
resultar indiferente, si sabe que con 80 personas se puede administrar una
determinada repartición con eficiencia, y acepte pasivamente 120 personas, que
no se han capacitado, y que han sido incorporados por un mal entendido
compromiso político. Dicho responsable debe bregar, al igual que se hace en la
actividad privada, en tener como dotación estrictamente los necesarios para que
la función se cumpla de acuerdo a las mejores prácticas. El mismo responsable,
no le puede resultar indiferente, que el
nivel de eficiencia con el cual cada persona esté trabajando sea muy
bajo, porque ello afecta a las personas
o usuarios que están esperando que se concluya dicha tarea de la repartición a
la que acudieron. La ineficiencia de la forma en que trabaja una oficina
pública, se transfiere a una eficiencia disminuida de los usuarios que fueron a
realizar una gestión en dicha oficina, y
así sucesivamente.
El
cambio para los administradores de la cosa pública se logra con capacitación ad
hoc, y especialmente con involucramiento personal, en la ejecución y control, en los detalles del día a día, sobre los temas
importantes y los temas urgentes. Cuidar los recursos financieros, por parte de
los administradores de la cosa pública,
para que dicha administración sea eficiente, y haya un superávit
financiero, es pensar que dicha actitud va a permitir que directa o
indirectamente, haya nuevos emprendimientos e inversiones en obra pública, que
redundará, sin dudas, en la creación genuina de puestos de trabajo.
No
nos podemos engañar a nosotros mismos, aceptando 120 personas, si sabemos que
con 80 personas y adecuadamente
capacitadas, se puede hacer eficiente el funcionamiento de una determinada
oficina pública. Esto no quiere decir que el Estado permanezca indiferente por
la suerte de las 40 personas realmente desempleadas y que se pretendió
enmascarar como empleadas. Para ello, deben implementarse planes de asistencia
al desempleado, y de capacitación, para contribuir a que dichas personas puedan
lograr auténticamente incorporarse a la actividad pública o privada. Lo
importante es que al utilizarse en forma eficiente los ingresos tributarios, y
el endeudamiento que se puede, adicionalmente lograr, en función de la magnitud
de dichos ingresos, el Estado va a estar en condiciones de crear más fuentes de
trabajo, genuinas.
La
eficiencia en el manejo de los recursos, incurriendo en costos eficientes, es
la mejor garantía para que pueda incrementarse el presupuesto educativo, y la
calidad del aprendizaje, lo cual permitirá mejores opciones para la cobertura
de los puestos que se vayan creando.
Estos
conceptos económicos básicos que se han tratado en este trabajo, hoy ya no se
discuten cualquiera sea la forma y filosofía política que cada país elija para su gobierno. La búsqueda de la
eficiencia, en forma permanente, permite a todas las naciones, un crecimiento
sistemático, que, en definitiva, asegura la creación de empleo. Los países del
primer mundo, han alcanzado ese nivel porque han comprendido rápidamente, en la
administración privada y pública, que
los recursos, al ser escasos, deben administrarse eficientemente, y ello
provocará que se puedan atender crecientemente las necesidades de mayor cantidad de gente.
Los recursos escasos si son ahogados por una administración desaprensiva, que
ignora los principios elementales de la economía, generan estancamiento en el
crecimiento genuino de los puestos de trabajo a través del tiempo.
Miguel
A. Di Ranni
28.01.2016