Hay que agradecer lo que hemos vivido en el año 2019, porque nos ha dejado una mejor visión de los elementos que han incidido negativamente en los últimos 70 años, que por no tener la claridad y la convicción de proceder a solucionar dichas causas, los efectos se continuaron sin solución de continuidad mediante crisis recurrentes periódicas. Hacia el cierre del año 2019, el déficit primario que al concluir 2015 representaba unos 5 puntos del PBI, fue reducido por acciones de gobierno del Presidente M. Macri y por efectos de la devaluación del peso, a un déficit de 0,5 puntos del PBI. Debería continuarse, por el gobierno que lo sucedió, en 2020, en el proceso de seguir dicha eliminación del déficit primario y lograr en el futuro, lo más inmediato posible, un superávit primario del orden de 1 a 2 puntos del PBI, o más si fuera técnicamente factible. Si se lograra dicho superávit, no podrían absorberse totalmente los intereses actuales de la deuda financiera de largo plazo de la República Argentina, por la magnitud de los mismos, dado que es la consecuencia de deuda contraída en momentos que Argentina calificaba con un rating de riesgo país muy alto. No obstante, sí podría recuperarse la totalidad de intereses posibles, si computáramos los intereses potenciales que podrían afrontarse por la totalidad de la deuda, si el riesgo país de Argentina se redujera sustancialmente hasta llegarse al grado de inversión.
Sería algo inédito el hecho de tener en forma permanente un presupuesto en equilibrio. Luego si esto se mantiene en el tiempo, no habría necesidad de tener que buscar financiamiento y por lo tanto, no sería necesario, a falta de él, como ha sucedido en gran parte de los mencionados 70 años, de tener que emitir dinero en pesos. Es inexplicable la falta de responsabilidad de los sucesivos gobiernos a lo largo de dicho lapso, o quizás la falta de conocimiento técnico, al no advertir que la existencia de un presupuesto nacional, crónicamente deficitario, año a año, obraba como una bomba explotable en cualquier momento, cuando el mercado internacional de deuda soberana de largo plazo, negaba financiamiento a los países como Argentina, toda vez que los inversores preferían obtener una menor tasa de interés al optar por un recupero de su capital sin mayores riesgos de devolución.
Una vez que se está seguro que el partido gobernante asumió definitivamente que es primordial que el presupuesto nacional, luego del cómputo de los intereses anuales por la existencia de la deuda financiera de largo plazo, no arroje déficit, y ello también es tomado como valor a lograr y mantener a través del tiempo, por la oposición al gobierno, a partir de dicha situación financiera, se puede empezar a maniobrar ciertas políticas económicas y sociales, como las siguientes:
1. Promocionar las nuevas inversiones a llevar a cabo por entidades privadas existentes, de tal forma que se logre en valores absolutos la misma recaudación tributaria, no obstante que haya aumentado el volumen de operaciones técnicamente gravables (es decir, que el conjunto del volumen total de operaciones gravables resultaría gravable por una menor alícuota).
2. Atraer nuevas inversiones a realizar en Argentina, por entidades privadas en el exterior, las que serían gravables por una alícuota en materia de impuesto a las ganancias, más reducida. Dicha alícuota tendría una tendencia de crecimiento, en un lapso a determinar, hasta recuperar la presión fiscal promedio del país, al momento de la igualación.
3. Procurar disminuir el grado de evasión fiscal que se observa en Argentina, en materia de impuesto a las ganancias y de iva, mediante un blanqueo generalizado no revisable hacia atrás, pero que no podría tener reincidencias por parte del beneficiario. Si se diera esta última, luego del blanqueo, el Estado retomaría su capacidad de determinar hacia atrás el incumplimiento fiscal incurrido.
4. Debería minimizarse la gravabilidad de los capitales, de tal manera que todo gravamen superior al 0,50% debería poder ser aplicado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Los Estados tienen todo el derecho de gravar la renta como fuente de recaudación, pero es un acto anti natura en materia de política económica recaudar lo que se logra por la destrucción de capital como se verificaría gravando directamente al capital en el impuesto a los bienes personales o la percepción de derechos de exportación de ciertos commodities como los granos en agricultura o el petróleo en materia de energía. En los commodities el Estado no puede quedarse con una parte del capital cuando hay precios razonables, y mirar para otro lado cuando los precios caen, o cuando hay inundaciones, o sequías, o costos de exploración petrolera con un porcentaje muy alto de fracasos en el hallazgo del hidrocarburo. Gravar el capital, es destruirlo toda vez que se vaya cobrando por parte del Estado dicho impuesto irracional. Dicha cobranza tiene un plazo cierto de recaudación que es el que dure el capital mientras el Estado cobre dicho monto. Luego de su extinción, el Estado no podrá cobrar más dicho impuesto, ni el de la renta que producía mientras existía dicho capital que se terminó extinguiendo.
5. A partir de un día determinado las personas físicas que se incorporen al mercado laboral, deberían ser derivados fuera del sistema de reparto en lo que hace a los aportes jubilatorios y la percepción jubilatoria en un futuro. Es decir, debería utilizarse el mecanismo de la capitalización privada de los aportes. El sistema de reparto debería continuar con todos los que hayan comenzado a aportar bajo dicho sistema, y debería concluir cuando no sobreviva más ninguno de los jubilados que hubieran aportado bajo ese sistema y hubieran obtenido también su jubilación bajo el mismo encuadre. Dicho sea de paso, la actual fórmula existente en materia de actualización de los haberes, que actualiza en un 70% en función de la inflación y un 30% en función de los salarios, no debería ser considerada impagable, como erróneamente, a nuestro juicio, asevera el actual Presidente. Ello por cuanto lo único que se logra es que la jubilación no resulte afectada por la inflación, Pero el Estado , que es el que por las políticas desacertadas genera la inflación, tiene los ingresos fiscales derivados del IVA y en materia de impuesto a las ganancias, que acompañan los ajustes originados por la existencia de la depreciación monetaria.
6. El Estado debería poner el principal cuidado que no se genere inflación. Es su principal responsabilidad en dicho sentido. La inexistencia del déficit fiscal que ha caracterizado a la Argentina debe ser el principal mandato en no volver a incurrir en ese error.
7. Que se logre un sistema de educación eficiente en cuanto a los resultados en el aprendizaje y en el comportamiento de los ciudadanos respetando los valores vigentes en una República (institucionalidad, legalidad, división de poderes, justicia independiente, Congreso independiente, sentencias rápidas en cuanto al cumplimiento de las etapas procesales, inexistencia de fueros especiales). El sistema educativo debe procurar que cubra las necesidades intelectuales que requiere el mercado laboral. La exigencia en materia de resultados educativos, es la principal herramienta para que el mercado laboral pueda satisfacer los requisitos de cobertura de los puestos de trabajo.
8. Es muy importante que todos los ciudadanos, como tales, o en cumplimiento de algún rol laboral en el Estado, entiendan que si alguien que haya sido funcionario público comete ilícitos en el desarrollo de sus funciones, no debiera permitirse, hasta que se dilucidara su situación de culpabilidad o inocencia, volver a intentar ser empleado público u ocupar funciones electivas.
En el exterior es comentado en forma muy desfavorable la actitud de los ciudadanos argentinos que han otorgado el voto en las elecciones de 2019, a personas que están siendo procesadas en múltiples causas de corrupción. La madurez de los pueblos al momento de evaluar la responsabilidad de quienes han representado al Estado argentino, es un componente importante al calificar el riesgo país de determinados Estados soberanos.
A los inversores extranjeros no les agrada cuando un gobierno, bajo cualquiera justificación que se diera, afecta los derechos de los jubilados, o de los contribuyentes tributarios, alterando los conceptos de igualdad, proporcionalidad, irretroactividad de las leyes, afectación de los derechos de integridad del patrimonio a través de exacciones ilegales.
La invocación de situaciones de emergencia que deben ser resueltas, no deben justificar recurrir a actos impropios gravando de manera desproporcionada a ciertos contribuyentes o emitiendo normas alterando de manera reiterada el principio de irretroactividad de las leyes, dejando liberados a otros sectores, de mayor capacidad contributiva , de participar también con su esfuerzo para ser más equitativo y parejo los sacrificios solidarios solicitados.
Si se realizan contribuciones parejas de todos , sin que existan sectores privilegiados, es más tolerable la invocación de la solidaridad, y no debiera recurrirse a la vulneración de principios esenciales del derecho. La grieta para ser resuelta no depende de meras declaraciones, sino del ejercicio práctico que se deriva de la toma de decisiones en concreto.
¡Feliz año 2020!
Miguel Angel Di Ranni
01.01.2020
Sería algo inédito el hecho de tener en forma permanente un presupuesto en equilibrio. Luego si esto se mantiene en el tiempo, no habría necesidad de tener que buscar financiamiento y por lo tanto, no sería necesario, a falta de él, como ha sucedido en gran parte de los mencionados 70 años, de tener que emitir dinero en pesos. Es inexplicable la falta de responsabilidad de los sucesivos gobiernos a lo largo de dicho lapso, o quizás la falta de conocimiento técnico, al no advertir que la existencia de un presupuesto nacional, crónicamente deficitario, año a año, obraba como una bomba explotable en cualquier momento, cuando el mercado internacional de deuda soberana de largo plazo, negaba financiamiento a los países como Argentina, toda vez que los inversores preferían obtener una menor tasa de interés al optar por un recupero de su capital sin mayores riesgos de devolución.
Una vez que se está seguro que el partido gobernante asumió definitivamente que es primordial que el presupuesto nacional, luego del cómputo de los intereses anuales por la existencia de la deuda financiera de largo plazo, no arroje déficit, y ello también es tomado como valor a lograr y mantener a través del tiempo, por la oposición al gobierno, a partir de dicha situación financiera, se puede empezar a maniobrar ciertas políticas económicas y sociales, como las siguientes:
1. Promocionar las nuevas inversiones a llevar a cabo por entidades privadas existentes, de tal forma que se logre en valores absolutos la misma recaudación tributaria, no obstante que haya aumentado el volumen de operaciones técnicamente gravables (es decir, que el conjunto del volumen total de operaciones gravables resultaría gravable por una menor alícuota).
2. Atraer nuevas inversiones a realizar en Argentina, por entidades privadas en el exterior, las que serían gravables por una alícuota en materia de impuesto a las ganancias, más reducida. Dicha alícuota tendría una tendencia de crecimiento, en un lapso a determinar, hasta recuperar la presión fiscal promedio del país, al momento de la igualación.
3. Procurar disminuir el grado de evasión fiscal que se observa en Argentina, en materia de impuesto a las ganancias y de iva, mediante un blanqueo generalizado no revisable hacia atrás, pero que no podría tener reincidencias por parte del beneficiario. Si se diera esta última, luego del blanqueo, el Estado retomaría su capacidad de determinar hacia atrás el incumplimiento fiscal incurrido.
4. Debería minimizarse la gravabilidad de los capitales, de tal manera que todo gravamen superior al 0,50% debería poder ser aplicado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Los Estados tienen todo el derecho de gravar la renta como fuente de recaudación, pero es un acto anti natura en materia de política económica recaudar lo que se logra por la destrucción de capital como se verificaría gravando directamente al capital en el impuesto a los bienes personales o la percepción de derechos de exportación de ciertos commodities como los granos en agricultura o el petróleo en materia de energía. En los commodities el Estado no puede quedarse con una parte del capital cuando hay precios razonables, y mirar para otro lado cuando los precios caen, o cuando hay inundaciones, o sequías, o costos de exploración petrolera con un porcentaje muy alto de fracasos en el hallazgo del hidrocarburo. Gravar el capital, es destruirlo toda vez que se vaya cobrando por parte del Estado dicho impuesto irracional. Dicha cobranza tiene un plazo cierto de recaudación que es el que dure el capital mientras el Estado cobre dicho monto. Luego de su extinción, el Estado no podrá cobrar más dicho impuesto, ni el de la renta que producía mientras existía dicho capital que se terminó extinguiendo.
5. A partir de un día determinado las personas físicas que se incorporen al mercado laboral, deberían ser derivados fuera del sistema de reparto en lo que hace a los aportes jubilatorios y la percepción jubilatoria en un futuro. Es decir, debería utilizarse el mecanismo de la capitalización privada de los aportes. El sistema de reparto debería continuar con todos los que hayan comenzado a aportar bajo dicho sistema, y debería concluir cuando no sobreviva más ninguno de los jubilados que hubieran aportado bajo ese sistema y hubieran obtenido también su jubilación bajo el mismo encuadre. Dicho sea de paso, la actual fórmula existente en materia de actualización de los haberes, que actualiza en un 70% en función de la inflación y un 30% en función de los salarios, no debería ser considerada impagable, como erróneamente, a nuestro juicio, asevera el actual Presidente. Ello por cuanto lo único que se logra es que la jubilación no resulte afectada por la inflación, Pero el Estado , que es el que por las políticas desacertadas genera la inflación, tiene los ingresos fiscales derivados del IVA y en materia de impuesto a las ganancias, que acompañan los ajustes originados por la existencia de la depreciación monetaria.
6. El Estado debería poner el principal cuidado que no se genere inflación. Es su principal responsabilidad en dicho sentido. La inexistencia del déficit fiscal que ha caracterizado a la Argentina debe ser el principal mandato en no volver a incurrir en ese error.
7. Que se logre un sistema de educación eficiente en cuanto a los resultados en el aprendizaje y en el comportamiento de los ciudadanos respetando los valores vigentes en una República (institucionalidad, legalidad, división de poderes, justicia independiente, Congreso independiente, sentencias rápidas en cuanto al cumplimiento de las etapas procesales, inexistencia de fueros especiales). El sistema educativo debe procurar que cubra las necesidades intelectuales que requiere el mercado laboral. La exigencia en materia de resultados educativos, es la principal herramienta para que el mercado laboral pueda satisfacer los requisitos de cobertura de los puestos de trabajo.
8. Es muy importante que todos los ciudadanos, como tales, o en cumplimiento de algún rol laboral en el Estado, entiendan que si alguien que haya sido funcionario público comete ilícitos en el desarrollo de sus funciones, no debiera permitirse, hasta que se dilucidara su situación de culpabilidad o inocencia, volver a intentar ser empleado público u ocupar funciones electivas.
En el exterior es comentado en forma muy desfavorable la actitud de los ciudadanos argentinos que han otorgado el voto en las elecciones de 2019, a personas que están siendo procesadas en múltiples causas de corrupción. La madurez de los pueblos al momento de evaluar la responsabilidad de quienes han representado al Estado argentino, es un componente importante al calificar el riesgo país de determinados Estados soberanos.
A los inversores extranjeros no les agrada cuando un gobierno, bajo cualquiera justificación que se diera, afecta los derechos de los jubilados, o de los contribuyentes tributarios, alterando los conceptos de igualdad, proporcionalidad, irretroactividad de las leyes, afectación de los derechos de integridad del patrimonio a través de exacciones ilegales.
La invocación de situaciones de emergencia que deben ser resueltas, no deben justificar recurrir a actos impropios gravando de manera desproporcionada a ciertos contribuyentes o emitiendo normas alterando de manera reiterada el principio de irretroactividad de las leyes, dejando liberados a otros sectores, de mayor capacidad contributiva , de participar también con su esfuerzo para ser más equitativo y parejo los sacrificios solidarios solicitados.
Si se realizan contribuciones parejas de todos , sin que existan sectores privilegiados, es más tolerable la invocación de la solidaridad, y no debiera recurrirse a la vulneración de principios esenciales del derecho. La grieta para ser resuelta no depende de meras declaraciones, sino del ejercicio práctico que se deriva de la toma de decisiones en concreto.
¡Feliz año 2020!
Miguel Angel Di Ranni
01.01.2020