Respuestas a algunas preguntas.
Quien sabe muchas veces se habla sobre determinados
temas, y en razón de la profesión de una de dichas personas no se redondea sobre los detalles de
algún comentario que haya surgido de una charla, por considerarlos obvios. Claro
que pueden ser obvios para alguien que está vinculado con las ciencias
económicas, pero puede no ser tan obvio para quien no está involucrado en
dichos temas.
Trataremos de entrar en algunos detalles que faciliten
una mejor comprensión
Lo que entendemos como obvio
es que la Argentina, cuando elabora el presupuesto nacional, no puede ni debe
quedarse tranquila si existe a nivel de la última línea de dicho documento, la
conclusión que dicho presupuesto arroja un déficit considerable, es decir, que
hay un mayor monto de erogaciones o salidas computadas, frente a los ingresos
registrados como cobro de los impuestos a los contribuyentes.
Debemos poner bien claro,
que en los últimos 70 años los distintos gobiernos de turno no han tenido una
preocupación especial por cuidar que no se aprueben los presupuestos
financieros si los mismos muestran que hay déficits,
es decir que las entradas de fondos a lo largo del año tienen que superar
a los egresos de fondos. Pero dicha liviandad no es solamente de quienes
participan del gobierno de turno, sino también, de los opositores, de los
analistas profesionales que son consultados, de los periodistas de medios
gráficos, radiales o televisivos, y de los demás sectores de la comunidad,
especialmente de aquellos que creen que el Estado no tiene que estar sujeto a
esas restricciones que le impidan erogar fondos, bajo el argumento que el
Estado no debe funcionar como lo hace la actividad privada.
En la actividad privada, la
aprobación del presupuesto anual financiero, tiene que tener un alto nivel de
certeza tanto en lo que hace a la seguridad de los ingresos de fondos, como de
los egresos. El presupuesto financiero, en especial, en la actividad privada,
es examinado muy profundamente por los accionistas en cuanto a que no debe
deparar ninguna sorpresa en la concreción de lo que allí se indica.
Por eso que en el Estado
cuando se determina los montos que han de provenir de la estructura de
impuestos sancionado, se debe ser muy estricto también en la razonabilidad de
los egresos de fondos que puede asumir. Todos deberían ser muy severos e
inquisitivos sobre la naturaleza del egreso de fondos y su cuantía, porque si
hay mucha flexibilidad o falta de rigor en la determinación del monto de cada
egreso, ello va a redundar que se estén exigiendo a los contribuyentes, mayores
impuestos, lo cual redunda en una presión más alta, y que la empresa privada no
puede crecer en la medida que podría hacerlo, si los impuestos a pagar hubieran
continuado siendo de un monto más razonable que los que le están exigiendo. Si
la empresa privada no puede crecer, no habrá mayor cantidad de puestos de
trabajo para cubrir el crecimiento vegetativo. Los aportes patronales, las
retenciones a los empleados, también tienen que ser los adecuados, porque si
son exagerados respecto a lo que existen en otros países más competitivos que
nosotros, no tendremos chances de que los productos que vendan las empresas
privadas puedan competir en precio y en calidad con los que habitan en países
que cuidan más a los que tienen que pagar los impuestos. Por eso que los
representantes gremiales tienen que darse cuenta que el mundo ha cambiado, y que
la mejor manera de representar al interés de sus trabajadores no es obtener
ventajas desproporcionadas respecto de las que existen en los países más
avanzados, porque eso significaría un costo mayor para la entidad privada, y un
mayor precio de venta de la misma para poder recuperar dicho costo ineficiente.
Ello podría descolocar a la empresa privada cuando tiene que competir con otra
empresa, en otro país, a quien su
gobierno cuida mediante el manejo de un presupuesto que controla y analiza los
gastos a incurrir.
Tampoco, el gremialista, no debería tensar al
extremo cualquier negociación, para no llegar a producir ineficiencias como las
derivadas de pérdida de horas de trabajo por huelgas declaradas, y debería
preferentemente solicitar mayor capacitación para sus representados para la
realización de los trabajos de la mejor manera posible, que produzca bienes y
servicios, mejorando los volúmenes y logrando una calidad muy satisfactoria.
Todos los ciudadanos a los
que nos interesa nuestro país, deberíamos bregar para que el Estado no tenga
que otorgar subsidios, para que no tenga que hacerse cargo del pago de tarifas
por consumos de energía eléctrica y gas de las personas físicas o entidades
privadas que argumentan no poder hacerse cargo de dichos costos. También
deberían oponerse a que se acepten a
jubilados, sin que los mismos hayan cumplimentado en forma completa los aportes
a los que están obligados, y hasta la edad en que deben actuar como aportantes
al sistema previsional. Lo que el Estado debe hacer es controlar para que
exista una educación primaria y secundaria de alta eficiencia, bien extendida a
todos los grupos sociales, para que cada persona en el futuro pueda proveer a
su propia subsistencia, para que exista una excelente atención para el cuidado
de la salud, que haya fuerzas de seguridad que protegen a las personas y sus
bienes.
Si todos los años se logra
un presupuesto nacional que se autofinancie, y que no haya que financiar ningún
déficit por la existencia de mayores egresos que los ingresos, desaparece una
de las causales que mayor stress y crisis produjo a lo largo de los últimos 70
años. En efecto, si hubiera déficit, el Estado debería buscar un financiamiento
para poder lograr el dinero para cubrir dicha insuficiencia de fondos. Cómo
muchas veces ha acontecido, en la historia económica de los países que viven
con déficits crónicos en sus presupuestos, cuando tuvieron que buscar el
financiamiento para cubrir el déficit, había crisis internacionales que
implicaba que los capitales existentes se resguardaban en los países que
califican como “con grado de inversión”. Ante la ausencia de financiamiento,
nuestro país ha emitido dinero para sustituir dicha falta de financiamiento.
Como es sabido, esa emisión ha originado inflación e hiperinflación,
dependiendo del grado y la frecuencia con que se haya hecho y acudido a esta
práctica de absoluta mala praxis por quienes, como políticos, han alcanzado la
posibilidad de tomar decisiones como administradores de nuestro país.
En estos momentos, en la
administración que ha tomado los destinos de administrar nuestro país, se están
dando los pasos para lograr que a fines del año 2019, haya un saldo
superavitario a nivel del presupuesto nacional, sin contemplar los intereses
que haya que pagar por la existencia de la deuda total financiera. Y luego se
logre que no haya déficit a nivel total del presupuesto para el año siguiente,
es decir el 2020. Esto ha significado muchos esfuerzos por parte de los
ciudadanos de nuestro país, pero se ha alcanzado una reducción del déficit
primario sorprendente en cuanto al lapso durante el cual pudo concretarse este
objetivo. Pero lo importante de aquí en más, es que todos tienen que incorporar
este nuevo paradigma, que es que los presupuestos nacionales no originen
déficit fiscal. De esa manera, no hay que solicitar un préstamo para financiarlo, y de no existir
dicho préstamo no se cae en la solución fatídica de emisión monetaria, con la
generación de inflación o hiperinflación, como ha acontecido.
Ahora bien, lo importante es
pensar, más que en las personas que nos puedan gobernar, en lo que debe ser
hecho por quienes resulten electos para manejar los destinos de nuestro país.
¿Hay alguna duda que TODOS
los políticos deberían darle prioridad que no pueda votarse ningún presupuesto
que no esté en equilibrio, es decir, que no haya ningún déficit a financiar?.
Este requisito debe ser observado como primera prioridad. Todos recordamos cuando
desde distintos sectores han procurado eliminar los incrementos de tarifas de
energía, para volver a las que regían en 2017. Ello hubiera originado el
otorgamiento de subsidios, y por ende la necesidad de endeudarse, y si no
hubiera sido posible, emitir dinero.
Todos recordamos cuando se
incorporaron en 2011 una cantidad de 2.500.000 “nuevos jubilados” que no habían
hecho los aportes durante más de 30 años, ni algunos tenían la edad para
recibir ese beneficio. Pues bien, eso originó un déficit que ha impactado en el
presupuesto y que seguirá haciéndolo hasta que dichos jubilados, dentro de
veinte o treinta años, dejen de existir. Administrar un país, requiere saber
cuáles son las prioridades, y cuáles son los factores de riesgo en los que no
hay que incursionar. Y cuáles son los instrumentos para controlar su evolución.
La impericia de quienes nos
han gobernado en los últimos 70 años, han originado que muchas veces hemos
caído en incumplimiento frente a los acreedores, a quienes no le hemos pagado,
le hemos quitado una gran parte de sus derechos de cobrar lo que les
correspondía, y además hemos celebrado con aplausos un hecho tan penoso como
declarar formalmente que no le iríamos a pagar a nuestros acreedores
financieros.
Queremos dejarles a nuestros
hijos y nietos, un país que procura hacer bien las cosas. Y una de ellas es vigilar,
como base, que todo presupuesto no genere ningún déficit operativo.
Miguel Angel Di Ranni
25.03.2019