Hacer
política no es un paradigma que debe permanecer inmutable en el tiempo, en
cuanto a la visión práctica de como se ejercita dicha acción.
Esto es especialmente importante en
Argentina, en que durante muchos años parece que hacer política también es
aceptar la tolerancia a la degradación de ciertos valores.
Mi visión es que existe un contexto en el
cual todos debemos estar de acuerdo: la constitucionalidad, la república, la
democracia, la no corrupción, en respetar el “deber ser”, en cuanto a la mejor
manera de hacer las cosas.
Por tanto, es importante que no tomemos el
“hacer política” como una forma de actuar inmutable en el tiempo. Porque los
resultados prácticos de los que han hecho política en los últimos 70 años,
parece no muy recomendable como conducta a solicitar a los que han agarrado una
brasa caliente dejada por los que son expertos en hacer política.
Hoy todos tenemos claro que un “deber ser”
preciso, inobjetable, es adoptar como conducta para administrar el Estado, en
los próximos 1000 años, que no haya un presupuesto con resultado final
deficitario. La actividad privada, a la cual he consagrado mi actividad, dicho
paradigma es un valor innegociable para el que se tilda de ser buen
administrador. No es posible que se crea que el Estado debe funcionar
aceptándose que tenga un déficit permanente. La preocupación de que ello no
ocurra, debe ser de todo ciudadano. Nadie debería plantear una sugerencia de
agrandar los costos del Estado, sin proponer la reducción de otro costo. Ello
antes de pensar en acrecentar los ingresos del Estado vía incremento de
impuestos a la actividad privada. La presión fiscal que se está ejerciendo sobre
los contribuyentes que están aportando el grueso de la recaudación tributaria,
tiene que tener un límite, que debe ser tenido en cuenta también por todos los
ciudadanos. Porque en la actividad privada está la llave de la reinversión de la
ganancia, del incremento de la inversión, y por derivación, de la creación de
empleo.
Muchas personas, muchos políticos, muchos
periodistas tendrían, como ejercicio habitual, que pensar siempre que antes de
sugerir que ciertos costos deberían ser absorbibles por el Estado, también
deberían tener el hábito de profundizar un poco cuál es la responsabilidad de
cada persona en cómo maneja los gastos que componen las erogaciones familiares.
Dejemos de lado, a los usuarios en una cantidad de 3,5 millones, a quienes se
les concedió válidamente el beneficio de una tarifa social, pero para el resto
de los consumidores de las tarifas de energía,a quienes durante 12 años se les
concedió prácticamente la gratuidad de su uso, de tal manera que en 2003, dichos
costos tomaban aproximadamente entre un 10 a un 12 por ciento del ingreso
familiar, y doce años despué, en el 2015, dicho costo representaba entre un 0,6
a 0,8% del ingreso familiar. En dicho lapso hubo un 1000 por ciento de
inflación. Gracias a la política de gratuidad de las tarifas de energía,
Argentina se quedó sin autoabastecimiento de la misma, se llegó a la
importación.
El actual gobierno intenta recuperar el hábito que los consumidores
de gas y electricidad, paguen por lo que consumen. Los consumidores deberían
reestructurar sus gastos en que incurrieron en los 12 años de gratuidad
energética, y darles prioridad, otra vez como en 2003, a atender los gastos
imprescindibles antes de aquellos que son más prescindibles.
El Estado está para atender urgencias
excepcionales de los individuos, pero no para incrementar subsidios que luego se
transforman en erogaciones permanentes. No deberíamos aceptar que ciertas
liberalidades se resuelvan con carácter general, como las 3,5 millones de
jubilaciones que se reconocieron en la gestión anterior, sin haber cumplimentado
una gran parte de los 30 años de aportes como es la norma general. La política
vio con simpatía esa decisión por cuanto los beneficiarios podrían computarse
como votantes potenciales, pero convengamos que dentro de la concepción del
“deber ser”, como administrador de un Estado, esa decisión incorrecta va a
originar durante decenas de años, una sobrecarga inequitativa en el grueso de
los contribuyentes que aportan tributariamente y previsionalmente.
En síntesis, sería útil que todos comencemos
a reevaluar al paradigma “hacer política”. Y la manera de hacerlo es que
públicamente, todos los que somos dueños responsables del Estado, razonemos en
voz alta, frente a los interlocutores, que no debemos ser tan permeables a que
el Estado debe hacerse cargo de tal o cual erogación. Pero aun así, siempre
sugerir, paralelamente, que otro gasto se baja del presupuesto, para permitir la
entrada de la nueva erogación.
Miguel Angel Di Ranni
10.10.2018