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LOS GASTOS DEL ESTADO NO DEBEN GENERAR DÉFICIT

La  cantidad de impuestos que gravan a los contribuyentes no debe ser excesiva, puesto que es fundamental para el crecimiento de un país, que lo que ganen las empresas les permita cumplir con las obligaciones tributarias, con la retribución adecuada del capital invertido, y con un monto excedente que ha de servir para in creciendo en el volumen de producción, en el mejoramiento de la calidad, en la incorporación de la nueva tecnología, y por ende, en la creación de mayores puestos de trabajo.

Los impuestos que se recaudan en el país, debe permitir atender todas las funciones que debe encarar el Estado: la educación, la salud, la seguridad, las prestaciones previsionales, la defensa, la investigación, el mantenimiento de las obras públicas, el pago de los intereses del endeudamiento tomado por el Estado para llevar adelante las obras necesarias para asegurar una infraestructura moderna, de alta calidad, que permita a la actividad privada ser competitiva a nivel internacional. También los ingresos del Estado deben ser suficientes para atender el pago de las cuotas del endeudamiento tomado.
El Estado debe tener un costo de funcionamiento eficiente, es decir, no debe incorporar costos que no tengan perfectamente identificados los ingresos que permitirán aceptar dichos costos.
Es fundamental que el presupuesto del Estado no arroje déficit fiscal, luego de considerar todos los costos de prestaciones del Estado, la amortización de la deuda anual que venciera, los intereses a pagar de toda la deuda existente. Los mismos habitantes de nuestro país deben ser críticos contra los que administran al Estado, si permiten otorgar los beneficios jubilatorios, a personas que no aportaron durante los 30 años que requiere el sistema previsional. También hay que asegurarse que no existan más empleados públicos que los que estrictamente se necesitan para atender la administración del Estado. Los mismos deben ser capacitados, y determinar las condiciones de productividad que las prestaciones al Estado deben asegurar. No deberían existir empresas administradas por el Estado, excepto que no requieran subsidios del Estado y fueran eficientemente administradas.
La enseñanza que se imparte gratuitamente, en los ciclos primario, secundario y universitario, es gratuita para los alumnos que concurren a dichas instituciones, pero significa una porción importante de los impuestos que se requieren a los contribuyentes para asegurar dicha educación. Por ello, no debería ser gratuita para los alumnos que llegan a nuestro país para cursar en las escuelas primarias, secundarias y en la universidad, porque, en su defecto,  le estaríamos exigiendo a los contribuyentes en Argentina que hagan un mayor esfuerzo financiero  pagando más impuestos.
A veces hay mucha superficialidad en algunos análisis hechos por algunos políticos, o periodistas, que creen que el Estado puede incluir erogaciones innecesarias o ineficientes, en su presupuesto, y presumir que ello no produce ninguna consecuencia. Los aspectos financieros de cómo se administra un país, una provincia, un municipio, son exactamente los mismos, que los que aplica la actividad privada para conducir la actividad de las empresas u organizaciones en general.
Por lo tanto, me parece excelente que nos propongamos ahora, a diferencia de lo que ha acontecido en los últimos 70 años, a que el Presupuesto nacional, no origine déficit fiscal, luego de incluir todo lo que debe contemplar el mismo, es decir, todos los costos propios del Estado, más la amortización de la deuda que se debe pagar en el período y todos los intereses que correspondan a la totalidad de dicha deuda. Dicho objetivo debe mantenerse desde 2019 en adelante, para siempre. Lo que deberá hacerse gradualmente es ir haciéndolo más eficiente, es decir, continuar buscando que las erogaciones sean solamente “costos”, es decir, eliminando los gastos innecesarios, para de esa manera, ir reduciendo la presión fiscal hacia los contribuyentes, para que pueda ir mejorando la inversión privada o reduciéndose los precios de venta de los bienes y servicios, para ser más competitivos a nivel local e internacional.
No deja de sorprender cuando se adopta una definición que implica agrandar las erogaciones de un presupuesto, sin proponer de dónde saldrán los fondos para decidir esa liberalidad. Por ejemplo recuerdo la ley que se había aprobado recientemente en Diputados, consistente en retrotraer las tarifas de energía al 2017, lo cual implicaba que el Estado debía aumentar el subsidio, por lo cual se imponía la necesidad de incrementar los impuestos. O sea que lo que se había propuesto era que, más allá de los 3,5 millones de consumidores a quienes se les había asignado correctamente una tarifa social, muchos legisladores descuidaran los recursos del Estado votando una ley que implicaba que el Estado debía hacerse cargo del pago de las tarifas de energía en la medida de los incrementos producidos durante 2018, aunque dicha gente pudiera hacerse cargo de lo que consumiera.
 Esa decisión, además, no fue analizada convenientemente, por cuanto, la verdad es que desde 2003 al 2015, hubo inflación del orden del 1000%. Las tarifas en el 2003 implicaban entre un 10% y un 12% del salario familiar.  Dichas tarifas en el 2015 significaban un 0,6% a un 1% del salario familiar. Las personas, durante esos 12 años de gratuidad de las tarifas, se volcaron a asignar los recursos que se estaban ahorrando por el festival de las tarifas, a otros gastos mucho menos imprescindibles (v.g. comprar varios celulares, cenar afuera con mucha mayor frecuencia, viajar más localmente o al exterior, etc.).
 Cuando a partir del 2016 se pretende recuperar las tarifas por el consumos de energía, a los niveles de costos actualizados, mucha gente argumentó no poder pagarlas, porque ha decidido continuar con los gastos prescindibles (que son los que nacieron durante 12 años de gratuidad de los costos de energía), en lugar de poner en el lugar de pagos a efectuar ineludiblemente a los gastos imprescindibles, y, en el peor de los casos, decidir desplazar o dejar de incurrir en los gastos más prescindibles.  Por suerte, el Poder Ejecutivo procedió a vetar dicha ley, porque implicaba un mensaje muy contradictorio hacia los inversores en cuanto al propósito explicitado por la Argentina de reducir los montos de subsidios a cargo del Estado, a los fines de eliminar el déficit fiscal luego de los vencimientos del capital de deuda tomada más los intereses a pagar por la totalidad del endeudamiento tomado por la República Argentina.
Debemos pensar que todos tenemos que ser severos, como ciudadanos, cuando se sugiere con liviandad, incrementar los gastos del Estado, y no se explicita qué otro gasto debamos eliminar, para permitir dicho costo adicional.

Esta actitud debe ser de ahora en más la premisa número 1, cuando debamos pensar en elaborar el presupuesto de ingresos y recursos del Estado. Siempre debió haber sido así. Pero ahora que todos aprendimos y entendemos que no puede existir el déficit fiscal, ello debe ser así para todos los años del futuro de la República Argentina. 
Miguel Angel Di Ranni

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