La cantidad de impuestos que
gravan a los contribuyentes no debe ser
excesiva, puesto que es fundamental para el crecimiento de un país, que lo que
ganen las empresas les permita cumplir con las obligaciones tributarias, con la
retribución adecuada del capital invertido, y con un monto excedente que ha de
servir para in creciendo en el volumen de producción, en el mejoramiento de la
calidad, en la incorporación de la nueva tecnología, y por ende, en la creación
de mayores puestos de trabajo.
Los impuestos que se recaudan en el país, debe permitir
atender todas las funciones que debe encarar el Estado: la educación, la salud,
la seguridad, las prestaciones previsionales, la defensa, la investigación, el
mantenimiento de las obras públicas, el pago de los intereses del endeudamiento
tomado por el Estado para llevar adelante las obras necesarias para asegurar una
infraestructura moderna, de alta calidad, que permita a la actividad privada ser
competitiva a nivel internacional. También los ingresos del Estado deben ser
suficientes para atender el pago de las cuotas del endeudamiento tomado.
El Estado debe tener un costo de funcionamiento
eficiente, es decir, no debe incorporar costos que no tengan perfectamente
identificados los ingresos que permitirán aceptar dichos costos.
Es fundamental que el presupuesto del Estado no arroje
déficit fiscal, luego de considerar todos los costos de prestaciones del Estado,
la amortización de la deuda anual que venciera, los intereses a pagar de toda la
deuda existente. Los mismos habitantes de nuestro país deben ser críticos contra
los que administran al Estado, si permiten otorgar los beneficios jubilatorios,
a personas que no aportaron durante
los 30 años que requiere el sistema previsional. También hay que asegurarse que
no existan más empleados públicos que los que estrictamente se necesitan para
atender la administración del Estado. Los mismos deben ser capacitados, y
determinar las condiciones de productividad que las prestaciones al Estado deben
asegurar. No deberían existir empresas administradas por el Estado, excepto que
no requieran subsidios del Estado y fueran eficientemente administradas.
La enseñanza que se imparte gratuitamente, en los ciclos
primario, secundario y universitario, es gratuita para los alumnos que concurren
a dichas instituciones, pero significa una porción importante de los impuestos
que se requieren a los contribuyentes para asegurar dicha educación. Por ello,
no debería ser gratuita para los alumnos que llegan a nuestro país para cursar
en las escuelas primarias, secundarias y en la universidad, porque, en su
defecto, le estaríamos exigiendo a los
contribuyentes en Argentina que hagan un mayor esfuerzo financiero pagando más impuestos.
A veces hay mucha superficialidad en algunos análisis
hechos por algunos políticos, o periodistas, que creen que el Estado puede
incluir erogaciones innecesarias o ineficientes, en su presupuesto, y presumir
que ello no produce ninguna consecuencia. Los aspectos financieros de cómo se
administra un país, una provincia, un municipio, son exactamente los mismos, que
los que aplica la actividad privada para conducir la actividad de las empresas u
organizaciones en general.
Por lo tanto, me parece excelente que nos propongamos
ahora, a diferencia de lo que ha acontecido en los últimos 70 años, a que el
Presupuesto nacional, no origine déficit fiscal, luego de incluir todo lo que
debe contemplar el mismo, es decir, todos los costos propios del Estado, más la
amortización de la deuda que se debe pagar en el período y todos los intereses
que correspondan a la totalidad de dicha deuda. Dicho objetivo debe mantenerse
desde 2019 en adelante, para siempre. Lo que deberá hacerse gradualmente es ir
haciéndolo más eficiente, es decir, continuar buscando que las erogaciones sean
solamente “costos”, es decir, eliminando los gastos innecesarios, para de esa
manera, ir reduciendo la presión fiscal hacia los contribuyentes, para que pueda
ir mejorando la inversión privada o reduciéndose los precios de venta de los
bienes y servicios, para ser más competitivos a nivel local e
internacional.
No deja de sorprender cuando se adopta una definición
que implica agrandar las erogaciones de un presupuesto, sin proponer de dónde
saldrán los fondos para decidir
esa liberalidad. Por ejemplo recuerdo la ley que se había aprobado recientemente
en Diputados, consistente en retrotraer las tarifas de energía al 2017, lo cual
implicaba que el Estado debía aumentar el subsidio, por lo cual se imponía la
necesidad de incrementar los impuestos. O sea que lo que se había propuesto era
que, más allá de los 3,5 millones de consumidores a quienes se les había
asignado correctamente una tarifa social, muchos legisladores descuidaran los
recursos del Estado votando una ley que implicaba que el Estado debía hacerse
cargo del pago de las tarifas de energía en la medida de los incrementos
producidos durante 2018, aunque dicha gente pudiera hacerse cargo de lo que
consumiera.
Esa decisión, además, no fue analizada convenientemente,
por cuanto, la verdad es que desde 2003 al 2015, hubo inflación del orden del
1000%. Las tarifas en el 2003 implicaban entre un 10% y un 12% del salario
familiar. Dichas tarifas en el 2015
significaban un 0,6% a un 1% del salario familiar. Las personas, durante esos 12
años de gratuidad de las tarifas, se volcaron a asignar los recursos que se
estaban ahorrando por el festival de las tarifas, a otros gastos mucho menos
imprescindibles (v.g. comprar varios celulares, cenar afuera con mucha mayor
frecuencia, viajar más localmente o al exterior, etc.).
Cuando a partir del 2016 se pretende recuperar las
tarifas por el consumos de energía, a los niveles de costos actualizados, mucha
gente argumentó no poder pagarlas, porque ha decidido continuar con los gastos
prescindibles (que son los que nacieron durante 12 años de gratuidad de los
costos de energía), en lugar de poner en el lugar de pagos a efectuar
ineludiblemente a los gastos imprescindibles, y, en el peor de los casos,
decidir desplazar o dejar de incurrir en los gastos más prescindibles. Por suerte, el Poder Ejecutivo procedió a
vetar dicha ley, porque implicaba un mensaje muy contradictorio hacia los
inversores en cuanto al propósito explicitado por la Argentina de reducir los
montos de subsidios a cargo del Estado, a los fines de eliminar el déficit
fiscal luego de los vencimientos del capital de deuda tomada más los intereses a
pagar por la totalidad del endeudamiento tomado por la República
Argentina.
Debemos pensar que todos tenemos que ser severos, como
ciudadanos, cuando se sugiere con liviandad, incrementar los gastos del Estado,
y no se explicita qué otro gasto debamos eliminar, para permitir dicho costo
adicional.
Esta actitud debe ser de ahora en más la premisa número
1, cuando debamos pensar en elaborar el presupuesto de ingresos y recursos del
Estado. Siempre debió haber sido así. Pero ahora que todos aprendimos y
entendemos que no puede existir el déficit fiscal, ello debe ser así para todos
los años del futuro de la República Argentina.
Miguel Angel Di Ranni