Todos los ciudadanos de la
República Argentina, han sido agredidos por el comportamiento concreto de
algunos de los representantes de los tres poderes de los gobiernos del período 2003 a 2015 mediante hechos concretos
sobre los cuales hay muy claras evidencias. Dichos actos esencialmente fueron
de dos naturalezas distintas: a)
Vulneración de las disposiciones
constitucionales que lesionaron ostensiblemente la separación de poderes; b)
Establecimiento de una asociación ilícita que logró llegar al poder con el
único propósito de enriquecimiento personal entre los que formaron dicha
asociación, y que mediante una serie de actos de corrupción, lograron la
adhesión adicional de algunos
representantes de los tres poderes del Estado.
Ante estos hechos, es importante
destacar que a los ciudadanos les cabe una doble responsabilidad: en primer lugar, en el acto
eleccionario, saber elegir mejor, para
lo cual es indispensable averiguar e indagar la trayectoria de los que se
postulan para el poder ejecutivo y el poder legislativo. Dicha investigación no
es meramente preguntar, sino ver cómo se ha exteriorizado el comportamiento de
los postulantes, en las tareas que desempeñaron, pública y privadamente. Queda
claro que dicha mirada, no debe ser guiada por la conveniencia, ponderando como
positivo, un comportamiento que sea pródigo en beneficios, prebendas, subsidios
o regalos puntuales con miras a lograr un comportamiento electoral condicionado
de esa manera.
En segundo lugar, luego de
haberse comprobado con hechos concretos, en los que se evidenciaron la
vulneración de las normas constitucionales, y una corrupción sistemática en los
actos de gobierno, la ciudadanía tiene la obligación, por ser los principales
damnificados, en no olvidar ni perdonar dicha deslealtad e ilegalidad,
prestando toda la colaboración para que la justicia pueda investigar dichos
actos de corrupción, juzgando a los responsables, y que, además, se pueda
obtener la devolución de todos los recursos que se le robó al país.
Los ciudadanos no deberían
olvidar lo ocurrido, al punto que los que originariamente apoyaron electoralmente
a los que luego terminaron defraudándolos, no deberían seguir adhiriendo
políticamente a ellos, porque cuando se adhiere a alguien que infringió la ley,
ya no es adherente sino cómplice.
A nuestro juicio, debería
solicitarse a todos los partidos políticos, que reafirmen en sus estatutos, la
adhesión inclaudicable a los principios republicanos y democráticos. Todo
partido político debe tomar una actividad vigilante a favor de la República y
la democracia, incluso con los propios afiliados políticos que sean los autores
del quebrantamiento constitucional y los actos de corrupción en las tareas de
gobierno.
Para mejorar el proceso educativo
de los habitantes en general, es importante que se piense en la necesidad, como
tarea de gobierno, de organizar charlas para esclarecer aspectos de contenido de la
Constitución Nacional, especialmente las tareas propias de cada poder del
Estado, y la independencia de los mismos. Otro aspecto que debe ser motivo de
conversación, es el role del Estado, y la responsabilidad de los que lo
administran en cuanto a mantener en equilibrio el presupuesto entre los
ingresos financieros y los egresos financieros, el cuidado de la eficiencia en
la administración en el uso del capital, y la necesidad de que los
trabajadores en el Estado tengan en cuenta la productividad de las tareas que
ejecuten. El ciudadano común debe entender la importancia que no se generen
procesos inflacionarios, y que entiendan perfectamente que los ingresos
originados por el salario, deben ser afectados esencialmente a atender los
servicios imprescindibles como la salud, la alimentación, la educación, las
tarifas de gas, electricidad, agua, y
los impuestos. Luego de ello, naturalmente, es lógico de que parte de dichos
ingresos, puedan ser afectados a otros servicios prescindibles, y al ahorro.
Hay un aspecto que es importante
destacar, y que debería ser comentado por los periodistas y conductores de
programas políticos televisivos a poco que tengan un auténtico interés en
profundizar, con equidistancia, las razones de cada problema que se presenta
a partir de la gran cantidad de problemas heredados por la actual
administración.
Muchos no quieren tocar este tema
porque puede considerarse políticamente incorrecto, pero que sin embargo, tiene
que ser hablado para evitar errores de interpretación. Cuando hay un régimen
populista durante muchos años, y es reemplazado por otro gobierno que le
sucede, y que no tiene perfil populista,
sino que quiere gobernar sensatamente para mejorar la situación de los
habitantes, con prescindencia de su propio interés, es seguro que los consumidores ven afectados la
identificación correcta del deber ser, y
estiman que ellos no tienen obligaciones de tener que responder por el
pago del incremento tarifario, y que al Estado le corresponde ayudarlos
siempre.
Si se
les pregunta a los consumidores, cómo
han ejercido el libre albedrío, en materia de la selección del gasto, dentro de
las posibilidades que le deja el ingreso familiar, seguramente dirán siempre que eso es privativo de ellos y no
tienen por qué informar el criterio de alocación del ingreso a la distinta
categoría de gastos, y que su única obligación es reclamar por sus derechos y
bajo el argumento que el salario no les permite absorber el incremento de la tarifa de gas, electricidad y agua.
Por ejemplo, si en el período 2003 a 2015, la inflación fue, digamos del
700 por ciento, qué hicieron los consumidores con el dinero que hubiera estado
destinando al pago de la tarifa si hubiera continuado siendo ajustada por el
incremento real de los costos, de no haber sido irresponsablemente pesificada
y congelada? Seguramente, en
razón del ajuste incremental que dicha
inflación produjo sobre el ingreso familiar, los consumidores, pueden haber incurrido en
nuevos gastos más prescindibles, como
incursionar en el costo de celulares, viajar al exterior, cenar afuera más
veces en el mes, o simplemente ahorrar la porción de sus gastos, más prescindibles que la alternativa de pago
de servicios como el gas, la electricidad o el agua. Ahora cuando las tarifas pretenden recuperar
un 60% de dicha inflación, dejando de lado los 3 millones de personas a quienes
se le concedió como corresponde la tarifa social, una parte del resto,
aproximadamente un 17%, dice que no puede pagar dicha tarifa, mientras que el
otro 83% ha satisfecho dicho pago. Pero lo concreto es que los consumidores
tienen que tener claro que primeramente, con el ingreso familiar, deben
orientar sus costos a atender lo imprescindible, y entre ello, sin dudas tiene
que estar los costos de gas, electricidad y agua, luego de la alimentación,
salud y educación.
Otro ejemplo parecido, son las
pequeñas empresas. ¿Es un argumento atendible si reclaman que la actualización
de las tarifas son impagables? No
informan cuánto han incrementado el precio de lo que constituye su objeto de
explotación comercial en los últimos 12
años, para saber si es lógico decir que una tarifa que se incrementa en 12
años, el 500 por ciento, es imposible
pagarla?
En otras palabras, no parece
lógico que la CSJ, el periodismo, y las organizaciones sociales no indaguen
suficientemente, antes de declarar que el incremento tarifario es impagable,
sin haber hecho un análisis exhaustivo de cómo se incrementaron el ingreso
familiar en dichos 12 años, y qué costos absorbe dicho ingreso familiar que
sean tan imprescindibles como atender el servicio de gas, electricidad y agua.
El tema de energía y agua, en cuanto a la
evaluación de la capacidad de absorber el costo de dichos servicios, desde el
momento en que está en juego el incremento de la existencia de dicha energía, el
financiamiento de las obras necesarias para el incremento de dicha capacidad,
la necesidad que no se genere déficit presupuestario, ni inflación, amerita que antes de aceptar que dichos
servicios son impagables, es fundamental indagar el porcentaje de crecimiento
del ingreso familiar, y la
relación de imprescindibilidad de los otros costos que los consumidores
incorporaron en su estructura de gastos, debido a la pesificación de las
tarifas de gas, electricidad y agua.
Y la oposición, ¿qué enfoque le
está dando el tema?. Para mi decepción, lo único que auténticamente pretende,
es sacar una ventaja política, porque adhiere a la necesidad de limitar el
reajuste de las tarifas por cuanto entienden que ello no es posible absorber
por los salarios. ¿ Qué análisis hicieron tanto en la estructura del gasto de
los consumidores, como en el de las pequeñas empresas?. ¿ No ayudan a que de
una manera definitiva se sepa y sea comprendido por los consumidores y las
pequeñas empresas que recuperar por parte de los usuarios el costo de lo que ellos están
consumiendo en materia de electricidad, gas y agua, es fundamental para
solucionar los temas presupuestarios originados por una política de subsidios
irresponsable, que, además, no permitió que las empresas intervinientes
hicieran las inversiones necesarias para que la energía fuera autosostenible en
cuanto a los niveles de consumo observables en el largo plazo.
Finalmente hago votos para que se
deje de sostener que el actual gobierno no tiene conocimiento de cómo manejarse
políticamente para encarar las soluciones. Interpretan que ser político, es
tener en cuenta que los consumidores no van a querer pagar, y que la oposición
va a querer sacar ventaja del hecho que
se le está aplicando un reajuste de tarifas que apenas cubre el 60% de la
inflación que hubo en el país, en el mismo período en que se hace el análisis.
En otras palabras ser político es dar todo un rodeo en materia de
comportamiento, para interpretar la voluntad de no pago de los consumidores, y
de interpretar la mala fe de la oposición de querer especular con el hecho que
protegen al bolsillo de los consumidores, sin advertirle que un país sin
energía estará siempre en crisis y con
una estructura productiva de extrema debilidad. La política debe ser como hacen
en las empresas, los ejecutivos que la administran: plantear la verdad, ofrecer
información veraz, y no disimular la seriedad del esfuerzo que hay que hacer
para encontrar la solución de los problemas. Cambiemos la interpretación de la
política como sinónimo de especulación y de decir y hacer algo distinto de lo que
auténticamente se piensa. La política debe ser el arte de alcanzar los
objetivos en un contexto de legalidad y ética, y con diagnósticos y estrategias
que impliquen escenarios de verdad y no de mentira.
Miguel Angel Di Ranni
21.08.2016