Los partidos políticos deberían asumir una responsabilidad
institucional explícita, y muy detallada en relación al cumplimiento de la
Constitución, de las leyes, a la independencia de los poderes, a que se ejecuten las obligaciones que constitucionalmente corresponde a un poder de nuestra República, en la instrumentación de decisiones de los otros
poderes, en adoptar una actitud de reprobación de los delitos que pudieren cometer
quienes están llevando a cabo las responsabilidades de gobierno.
Los partidos políticos deberían cuestionar la actitud dilatoria, evasiva y cómplice de los gobiernos y de quienes
actúan representándolos en los distintos niveles, frente a casos concretos en los cuales se manifiestan inconstitucionalidades, ilegalidades, o actos de corrupción por parte de algunos de los integrantes del gobierno en cualquiera de los poderes en que ello ocurriera. Esta actitud del partido
político, debe ejercitarse siempre, e incluso, y mucho más, cuando los afiliados o adherentes al partido
político, en funciones de gobierno,
fueren los que estuvieren vulnerando el deber ser.
Debe reimpulsarse con toda claridad, la no aceptación de la corrupción a nivel de
quienes ejecutan tareas de gobierno, adoptando una actitud muy crítica y
contraria a la adhesión o aval de los comportamientos de sus adherentes en
funciones de gobierno, e impulsando en forma rápida y explícita la necesidad y
puesta en práctica de las investigaciones de los incrementos patrimoniales no
justificados. Los representantes que han sido designados por el pueblo, en funciones de gobierno, pertenecen a un partido político. Dicho partido político tiene que definir con toda claridad el marco jurídico en el que se desempeña el mismo, y por ende la que obliga a quienes, saliendo de dicho partido político, representan como personas físicas al gobierno de turno en el desempeño de cualquiera de los tres poderes del Estado. Incluso no debería sorprender que el mismo partido político hiciera observaciones a quienes de allí salieron toda vez que entendiera que alguna decisión de las autoridades de gobierno se estuvieran apartando de la Constitución, de las leyes, de los derechos de las personas físicas, de la ética y de la moral.
Igualmente los partidos políticos deben adoptar una actitud
muy crítica respecto de las actividades que un gobierno pudiera encarar para la
comisión de fraudes electorales, y deberían tomar la iniciativa, para que se
lleven adelante las investigaciones que permitan identificar rápidamente a los
autores intelectuales y ejecutores de dichas acciones, desafiliando a los
autores, por parte del partido político que los cuenta como afiliados o
adherentes.
Es que el partido político, como institución, debiera estar por encima de las autoridades de un Estado, toda vez que estas últimas se excedieran y vulneraran en el ejercicio del poder, a la Constitución, las leyes, la ética, la moral y demás valores de una Repúbica. La actitud crítica de los partidos políticos debería ejercitarse, aun cuando las autoridades hubieran salido del mismo partido político que el que pudiera estar criticando dichos desajustes.
Es importante que se renueven los instrumentos
institucionales por escrito en cada
partido político definiéndose, con toda claridad, el comportamiento que van a tener frente a la desmesura, como no
solidario y crítico ante cualquier situación contraria a la Constitución y las
leyes, llevada a cabo por quienes son
adherentes de su partido, en las funciones de gobierno y en cualquiera
de los tres poderes en que estén actuando como tales.
Deben existir dentro de los partidos, Comisiones de ética
para juzgar la exteriorización del comportamiento de los adherentes en funciones de gobierno, en
cualquiera de los tres poderes, que
contrariaran las instituciones, la Constitución, la ética, y la moral.
Esta tarea de explicitación por escrito, en forma detallada,
de la filosofía republicana y democrática a la cual pertenece nuestro país es
importante que se lleve a cabo por todos los partidos políticos, sin demora. De
la misma manera los partidos políticos deberían ser voceros autorizados para el
cuestionamiento en relación al funcionamiento anti republicano y antidemocrático
de otros países en los cuales, en su actividad gubernamental, practiquen la
persecución de los opositores, llevarlos a juicios sin las garantías
republicanas y democráticas, o en los que se manifieste la violencia, la
desaparición de personas, la persecución patrimonial y penal de los medios de
prensa con la intención de acallar y hacer desaparecer los reclamos contra los
gobiernos. Dicha actitud crítica debería ser ejercitada, aun frente al silencio de las autoridades del propio país, en los cuales se encuentren los partidos políticos con asiento habitual.
Esta explicitación clara a favor de la Constitucionalidad, la
república y la democracia, debe complementarse permanentemente, en el
funcionamiento como partido político, durante toda la vigencia como tal, a
través de opiniones de las autoridades de los mismos, y también a través de conferencias, jornadas, capacitación, y toda
actividad que estimule el interés como partido de defender los principios que
aseguren la salud republicana y democrática de nuestro país.
Los partidos políticos deben propugnar la alternancia del Poder Ejecutivo y a no sostener modificaciones constitucionales con
el objetivo de asegurar más que una reelección de autoridades del Poder
Ejecutivo, en forma sucesiva y
comprometerse a que, si eventualmente hubiera consenso para ello, la vigencia de modificaciones como las descriptas no pudiera entrar en vigencia sino despúes de un lapso mínimo de veinte o treinta años de sancionada la modificación constitucional.
Miguel Angel Di Ranni
01.11.2015