Como Revolución de Mayo se ha conocido a una serie de hechos que acontecieron en mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, en aquel momento Capital del Virreinato del Río de la Plata, el cual dependía del Rey de España. Dichos acontecimientos desembocaron en la terminación en sus funciones del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, y su sustitución por la Primera Junta de Gobierno. La Revolución de Mayo fue el puntapié inicial del proceso que concluiría con la aparición del Estado Argentino, aunque no desde lo formal, puesto que si bien la Primera Junta no aceptaba la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, no obstante la misma gobernaba nominalmente en nombre del Rey Fernando VII. La declaración de la independencia de la Argentina tuvo lugar un poco más de 6 años después, el 9 de julio de 1816.
Es importante percibir la calidad de los antecedentes de esta fecha histórica, y qué pensamientos ocupaban la cabeza de los que a partir de dichos momentos se denominaron “patriotas”: la declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América en 1776; la Constitución estadounidense que determinaba que todos los hombres eran iguales ante la ley, lo cual se concretó en la práctica, aunque, con muchas dificultades, en el caso de la exclavitud, defendía los derechos de propiedad y libertad, y establecía un sistema de gobierno republicano. En el caso de la Constitución de los Estados Unidos de América, sus principios y alcance fue modelo de muchísimas constituciones que se sancionaron en el resto del mundo. Los ideales de la Revolución francesa de 1789, y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyos principios eran libertad, igualdad y fraternidad.
Lo que marcó fundamentalmente la Revolución de Mayo es que el centro de un Estado representativo, republicano y democrático, es el habitante, es la persona física, a la cual le corresponde el poder. Aunque el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, estos últimos deben respetar los lineamientos del poder del pueblo, los cuales son establecidos claramente en la Constitución Nacional, y en las leyes que se emitan a partir del alcance establecido en dicha Constitución.
El pueblo debe velar para que el mandato que le otorga a sus representantes no originen, en el accionar concreto de las tareas llevadas a cabo por ellos, que se vulneren los alcances de la Constitución, o de las leyes, o de la moral o de la ética. Los representantes deben, además, ejecutar tareas que son propias para el Estado, la salud pública, la seguridad para preservar la vida y los bienes de los habitantes, la defensa de la Nación a través de la existencia de fuerzas armadas de alta calidad y efectividad, la educación pública, la construcción de inmuebles que puedan ser accesibles para los sectores de menores recursos, el mantenimiento de los fondos previsionales, invertidos a un riesgo mínimo aceptable, y sin poder derivar dichos fondos a otros destinos que no sean los específicos que le dieron origen. El Estado debe organizar el control de las actividades realizadas por los privados, en aquellos casos en que los mismos estén haciendo prestaciones de servicios públicos esenciales o riesgosos. El Estado no debe incursionar en tareas que son naturales que queden a cargo de la actividad privada, llevarlas a cabo, porque la actividad privada está en mejores condiciones de conocimiento, por tener mayor experiencia, y para no distraer los recursos del Estado en actividades que no son las esenciales. El Estado debe tener una dimensión eficiente y reducida, como objetivo, y los recursos que administra el Estado deben ser cuidados para preservarlos de la corrupción y de la ineficiencia en cuanto a la forma de administrar todos los ingresos que presupuestariamente maneja.
El Estado debe lograr a través de la recaudación tributaria, efectuar una redistribución de los ingresos de tal manera que se les puede asegurar la salud pública a todos, especialmente a la gente pobre, la educación a todos, especialmente a la gente pobre, y aspirar a una vivienda digna para los sectores de menores recursos. Debe promocionarse a través de incentivos fiscales, la reinversión de utilidades a los fines de incrementar las fuentes de trabajo. El Estado debe tener como objetivo desterrar la pobreza, y mejorar crecientemente la educación desde la niñez, y recuperar la educación no lograda para la población adulta. El Estado debe asegurar la equidad tributaria, gravando sólo la ganancia real y no las nominales, actualizando los mínimos no imponibles y las escalas que determinan la progresividad de las alícuotas en dicho impuesto. El estado debe cuidar que la presión fiscal sea razonable, evitando la confiscación. La presión tributaria debe ser razonable para que haga viable la existencia de capacidad de ahorro tanto en las empresas como en las personas físicas. El Estado debe manejarse a través de una independencia absoluta de los tres poderes que lo conforman. Las personas físicas que actúan en cada uno de los tres poderes deben velar, en su ejercicio, por el cumplimiento de la constitución y de las leyes, no contribuyendo a crear, o facilitando, por un inadecuado entendimiento de la lealtad, la suma del poder público. Todos, tanto los que participen en la actividad del Estado como en la actividad privada, que vulneren las disposiciones constitucionales y legales, deben ser juzgados y sancionados si se los encontraren culpables.
El alcance actual de la palabra patria y patriotismo, a doscientos tres años del 25.05.1810, podrían ser conceptualizadas, en un accionar ideal hipotético a lo largo de dicho lapso, como aquel lugar geográfico en que un Estado republicano y democrático ha alcanzado una eficiencia inmejorable en el logro de sus objetivos planteados, por obra de los representantes del mismo y por el accionar concreto de la actividad privada, y en cuyo accionar los fondos públicos no fueron malversados por actos de corrupción o ineficiencia, y la actividad privada tuvo una responsabilidad eficiente en sus tareas, en sus deberes fiscales y en la responsabilidad social empresaria, actuando dentro del marco de la Constitución y de las leyes vigentes.
Pensemos, si a lo largo de estos 203 años, nuestra patria ha llegado o no a un estado de eficiencia inmejorable y si, globalmente, nuestros representantes de los tres poderes de la Nación se han comportado responsablemente o no en el manejo de la cosa pública en cuanto a transparencia y eficiencia, y si globalmente la actividad privada fue eficiente o no en sus tareas, en sus deberes fiscales y en la responsabilidad social y empresaria, y si ambos han actuado sin reproches dentro del marco constitucional y legal.
¿Podremos recuperar las décadas perdidas?
Miguel Angel Di Ranni
25.05.2013