El Estado debe presupuestar los costos necesarios para el funcionamiento del mismo. Los costos son las erogaciones necesarias para su funcionamiento. Si se incluyeran egresos de fondos innecesarios, a los mismos los llamaremos gastos. Por lo tanto sabemos que los gastos tienen destino de transitoriedad y no permanencia en el Presupuesto, por cuanto no sería una actitud responsable el gastar por algo que no se necesita para que funcione el Estado. En cambio, sabemos que si hay erogaciones que realmente se necesitan para el funcionamiento de un Estado eficiente para todos los ciudadanos presentes y futuros, deben incluirse en el Presupuesto de manera permanente, porque si no se incluyeran, el Estado no podría funcionar como corresponde. Todos los costos de funcionamiento, restados de los ingresos que se computan en el Presupuesto, esencialmente la recaudación tributaria, determinan el superávit o el déficit primario.
Para que Argentina tenga reputación de saber administrar bien los recursos, y ello es fundamental en la definición del riesgo país, es esencial que el superávit primario sea de tal magnitud que permita absorber el déficit secundario, determinado principalmente por el valor absoluto correspondiente a los intereses anuales que es necesario afrontar por la existencia de la deuda financiera contraída por Argentina. Si Argentina tiene un riesgo país muy alto, es probable que el grueso de los intereses que haya pagado por la deuda financiera contraída sea de mucho valor absoluto, y por lo tanto, el presupuesto termine arrojando como resultado final un déficit que haya que financiar. Si nuestro país alcanzara una calificación de "grado de inversión", y tuviera una conducta ejemplar en el respeto a los acuerdos contraídos, tanto en el exterior como localmente, ello se traduciría en un riesgo país muy bajo, y en condiciones normales, existirían ofertas de financiamiento a largo plazo con tasas muy reducidas respecto a lo que estamos habituados a afrontar.
Nuestro país, habitualmente ha tenido una actitud a mi juicio inexplicablemente muy dura con los acreedores financieros, como si fuera que los acreedores nos obligaron a que nos prestaran el dinero. El presupuesto nacional tendría que tener usualmente un superávit primario de tal magnitud que nos permitiera pagar intereses por deuda contraída para financiar obra pública.
No debería tener que tomarse deuda financiera, si a nivel del resultado primario (recaudación tributaria menos egresos financieros operativos) ya se verificara la existencia de déficit. Ello estaría denotando que los administradores de nuestro país no hicieron una buena tarea como tales. Y ello viene ocurriendo hace muchísimos años, con algunas excepciones de muy corta duración.
Los costos de funcionamiento del Estado, son las erogaciones eficientemente determinadas como necesarias para que nuestro país funcionara razonablemente bien. No deberían existir erogaciones que no fueran estrictamente necesarias para que funcionara bien el Estado. Si en nuestro país fueran necesarios 400.000 empleados públicos, los costos de las remuneraciones de los mismos deberían considerarse como costos, porque se consideran que si no estuvieran dichas personas, el Estado no podría funcionar eficientemente. Pero la dedicación de dicha cantidad de personas, tendría que ser óptima, es decir, trabajar 8 horas por día, con la dedicación similar a lo que es habitual en la actividad privada.
En el presupuesto nacional, no deberían encontrarse partidas como subsidios para tarifas de gas, de electricidad, transporte, o para reforzar la recaudación tributaria por el hecho de haber aceptado a 3 millones de nuevos jubilados que no cumplieron con los requisitos ni de edad ni de cantidad de años de aporte al sistema previsional. Tampoco deberían existir asignaciones a agrupaciones sociales de distintos tipos, subsidios familiares , asignaciones universales por hijo, por discapacidad en cantidades incompatibles con la realidad, etc. La característica más fuerte que se da en Argentina, es que algo que entra presupuestariamente pretendiendo que sea, por su naturaleza excepcional, en cantidad de casos, o en duración, inmediatamente se transforma, en una enorme cantidad de casos, y con vocación de arraigarse permanentemente como una suerte de derecho adquirido.
El Estado al brindar enseñanza primaria y secundaria gratuita, y también disponer universidades que dependen del Estado, con acceso gratuito, es la forma que tiene para lograr que existan igualdades de oportunidades de las personas para lograr el ascenso social, y para valerse por sí mismo, sin tener que recurrir al Estado. Pueden existir necesidades puntuales que requieran la asistencia del Estado, pero dicha atención, debería ser transitoria, y no sustituir el esfuerzo y la iniciativa privada, que corresponde , por definición, a los habitantes. El Estado debe procurar que haya un aprovechamiento de las ventajas de la asistencia hospitalaria gratuita, la enseñanza gratuita, y que se puedan mantener en el tiempo las ventajas de existir igualdad de oportunidades para lograr ir creciendo económicamente y socialmente. El Estado debe procurar que la asistencia hospitalaria y educativa, sea gratuita pero de alta calidad, por lo cual debe medirse la efectiva prestación de dichos servicios, para lograr resultados que reúnan dichas características.
El Estado debe asignar recursos significativos para que se pueda lograr en el país avances científicos y tecnológicos, mediante una investigación de alta calidad, que lo dejen en inmejorables condiciones para asegurar el crecimiento y desarrollo del país, y para prever y poder atender situaciones de excepción, de características extraordinarias, para beneficio de todos los ciudadanos.
Es muy importante que la recaudación tributaria, que es la forma habitual para financiar los costos operativos de funcionamiento del Estado y el pago de los intereses de la deuda financiera de largo plazo cumplan dos condiciones básicas pero esenciales: lograr que no haya evasión en el cumplimiento de las obligaciones tributarias; y cuidar que la presión fiscal sea sistémicamente razonable para permitir que la actividad privada llevada a cabo por las personas físicas y jurídicas, permitan cumplir con los objetivos de ganancia, retribuir al capital invertido, pagar los impuestos, y reservar una parte de dicha ganancia para aumentar el volumen de producción,. El crecimiento económico que ello implicaría, contribuiría a crear más fuentes de trabajos, y mayor recaudación tributaria.
La recaudación tributaria debe ser tal que no ahogue las oportunidades de crecimiento de la actividad privada, y de la generación de empleo. El crecimiento que se logre en la actividad privada, fruto de la existencia de una presión fiscal razonable, debería originarse en la medida que quedara un remanente de la ganancia de cada actor que intervenga en el mercado, como hemos señalado en el párrafo precedente, para ser alocado al incremento del volumen de la actividad específica, o relacionada con la actividad habitual para integrar más los procesos, o algún emprendimiento distinto que podría sustituir importaciones, De esa manera se podrá incrementar la recaudación tributaria para el Estado, sin necesidad de recurrir a subir las alícuotas de gravabilidad como las que nos tienen acostumbrados los gobiernos sucesivos, en nuestro querido país. Los impuestos que graven el capital, no debería generar, para cumplimentar el pago, que se destruya parte del mismo. En realidad lo que se debe gravar siempre es la ganancia, y no el capital que la genera. En todo caso, lo que se grave al capital debería obrar como pago a cuenta del monto resultante de gravar la ganancia generada por dicho capital.
Un comentario puede ser útil para explicar cómo se actúa a veces en forma desacertada.
El cambio súbito de legislación, con alcances retroactivos de sus efectos a los contribuyentes que realizaron sus actividades en el marco normativo que, ahora, súbitamente modifican; el querer renegociar la deuda externa, agrediendo a los acreedores con la propuesta de hacer una quita a las acreencias; el hecho de no tener una conducta presupuestaria que mostrara un presupuesto financiero nacional en equilibrio, el hecho de cambiar las reglas para la fijación de las tarifas, luego de haberse convenido, de común acuerdo, los criterios con que se harían dichos ajustes; el festejar con aplausos de todo el escenario político en Argentina, cuando hace 20 años determinaron que iban a declarar el default de la deuda, son algunos de los múltiples ejemplos que originan el riesgo país tan alto, lo cual origina, a su vez, un costo financiero desproporcionado a nivel internacional, fruto de la evaluación del riesgo que significa invertir en nuestro país.
Al cierre del año 2019, se modificaron las alícuotas de los bienes personales, gravando con el doble de la alícuota a quienes mantienen sus inversiones en el exterior, en lugar de localmente, no obstante que en ambos casos, la renta producida por dicho capital (en función de que en Argentina se grava la renta mundial que genere un contribuyente argentino) ambas rentas son alcanzadas por el fisco. Esto significa que en Argentina, las generadas en el exterior están alcanzadas por el impuesto a la renta.
El que tiene el dinero en el exterior, sin lugar a dudas, lo traería espontáneamente a Argentina, si el comportamiento de los gobiernos, que son los que generan la inflación emitiendo dinero sin respaldo, los que conviven con presupuestos financieros deficitarios, los que cambian las disposiciones de un día para el otro, alcanzando retroactivamente a las operaciones que se llevaron a cabo con otro escenario normativo, los que pesifican los contratos celebrados en moneda extranjera, los que afectan a las jubilaciones, creando normas que vulneran los acuerdos que rigieron durante el período de aportes y acumulación de sus montos.
En otras palabras, si los gobiernos que se han sucedido en Argentina hubieran cumplido con la Constitución y el régimen júrídico al momento en que se celebraron los contratos, si no hubieran, en general, querido aprovecharse de ventajitas puntuales de corto plazo, y para ello contrariaron los derechos y garantías, es decir, desconocieron el deber ser, la ética y la moral, no habría necesidad de estimular la radicación en Argentina de las inversiones en el exterior, penalizando el gravamen de los bienes personales, porque los bienes están fuera de nuestro país, no obstante que ambos, están gravados, por bienes personales y por el impuesto a las ganancias. Se van a necesitar no menos de 10 años de buena letra, como se hacen en cualquier país de los llamados del primer mundo, donde se respeta al detalle todas las normas y las condiciones vigentes al momento en que se perfeccionan los contratos, y en los que la administración de los recursos del Estado se hacen seriamente, sin generar inflación, sin generar déficits presupuestarios.
Administrar un país, es aplicar el adecuado conocimiento en materia de gestión, administración y finanzas, respetando la Constitución y las leyes, para preservar la riqueza de Argentina, para que el Estado pueda cumplir con su rol, con todas las funciones que le corresponden, pero pensando no sólo en los ciudadanos de Argentina en el momento actual, sino en los que todavía no han nacido en nuestro suelo. Argentina nos pertenece a nosotros y a las futuras generaciones. El Estado está para asistir a todos, pero no a unos pocos, y para estar en condiciones que eventos inesperados como el que nos afecta actualmente (Corona virus) pueda ser atendido como corresponde sin que existan personas afectadas por las limitaciones materiales que pudieran existir.
CONCLUSIONES.
La administración de la cosa pública, al igual que en la actividad privada, requiere dos condiciones fundamentales: i. respetar la Constitución, las leyes, la ética y la moral. ii. administrar con los mismos criterios que las CFO administran a las empresas en la actividad privada.
Tomar decisiones como Administrador implica que las alternativas para cumplimentar los objetivos tienen que ser analizadas e instrumentadas de tal forma que respeten los requisitos legales que un determinado país tiene para que las mismas sean válidas. El marco jurídico, y su contenido, es el que valide que una decisión pasa o no pasa por el tamiz de la legalidad. Esto quiere decir, que el fin no justifica los medios. Ningún administrador que se precie de tal, puede considerar que para lograr el fin que me han fijado como objetivo, pueda utilizar cualquier medio: legal o ilegal.
Una compañía que practica retenciones a terceros, porque está previsto por la ley, no puede cubrir un faltante de dinero utilizando dichas retenciones a terceros, como forma de financiamiento para la empresa. El dinero que ha retenido a terceros, no le pertenece en propiedad a la empresa, sino que ha actuado como agente de retención. Pero el dueño es aquél por quien se ordenó la retención. Dicho dinero debe ser depositado dentro del plazo que la ley determina, y si no lo hiciere, está configurándose la figura de depositario infiel, como delito punible.
La segunda condición es que el administrador debe pensar, analizar los temas vinculados con lo que administra, y tomar las decisiones usando las mejoras prácticas para hacer un uso eficiente de los recursos financieros y no financieros. Si lo que es objeto de administración es el Estado, debo poner todo mi conocimiento para usar el dinero disponible de acuerdo a las mejores prácticas de administración para que dicho dinero alcance eficientemente para usarlo en logar los objetivos vinculados con las funciones que tiene a su cargo el Estado.
El Administrador del Estado, administra, especialmente los recursos financieros. El dinero, es la sangre que circula por el aparato circulatorio de las organizaciones, como decía un gran profesor y colega Dr. Juan Carlos Fresco, quien escribió bastante bibliografía muy utilizada en la época universitaria de quien escribe. El aparato circulatorio y la sangre tienen un atributo muy importante y vital en el mantenimiento de la vida de los seres humanos. Y así también, el dinero, por extensión, mantiene con vida a las organizaciones.
Utiliza las mejores habilidades para lograr que con el dinero disponible pueda cumplimentar el logro de los objetivos planteados. Las decisiones de administración son estrictamente financieras y de gestión, y no hay espacio para los razonamientos de índole político, que son probablemente ineficientes para el adecuado y óptimo manejo del dinero.
Si el dinero del Estado es manejado eficientemente, es muy bueno para todos los ciudadanos que componen el Estado. Si el Administrador usa el dinero para cumplir todas las funciones del Estado, no tendría que usarse el dinero para subsidiar a los ciudadanos complementando una remuneración baja o insuficiente en las ocupaciones informales. Transferir dinero a los ciudadanos no es la esencia de la existencia del Estado. Por el contrario, ello traduce perfectamente que el Estado no está cumpliendo con eficiencia algunas de las funciones que tiene a su cargo, para beneficio de todos los ciudadanos y no de unos pocos. El sistema educativo es responsabilidad del Estado, y usa mucho dinero para atender esa función. Pero claramente, que use mucho dinero no quiere decir, que lo esté usando bien, porque si lo hiciere, el rendimiento escolar tanto en la escuela primaria, como en la secundaria, y también en el nivel universitario, tendría que ser muy superior al que se evidencia en la práctica. No se logra contracción a la lectura por parte de ninguno de dichos tres niveles, y en la escuela primaria y secundaria, además de no leerse, no hay adecuada comprensión de los textos, y no hay habilidad desarrollada en el establecimiento de relaciones de distintas premisas para arribar a conclusiones válidas. A nivel universitario, se debería tener una lectura diaria entre 5 y 7 horas como mínimo. La experiencia indica que la lectura mínima de textos, apenas es de dos horas por día, en promedio. La educación es fundamental para el ascenso social y económico de los ciudadanos.
Adicionalmente al mejoramiento educativo, se hace necesario incrementar los puestos de trabajo. Ello se logra mediante un crecimiento en la economía, sustentado en una inversión creciente de parte de las ganancias de la actividad privada, espontánea o estimulada por políticas tributarias de desgravación por un lapso limitado acorde a las nuevas inversiones que se lleven a cabo. La inversión está asociada al mantenimiento de una presión fiscal razonable, a políticas económicas que mantengan un presupuesto del estado sin déficit fiscal , una moneda local que mantenga su poder adquisitivo por inexistencia de inflación, y por un mercado local de financiamiento en pesos o en dólares, al ahorro público, un sistema educativo profundo y de calidad. Adicionalmente, asegurando una estabilidad jurídica, tributaria, independencia de los poderes, un poder judicial independiente, que se expida en lapsos razonables, y que sancione en forma rápida y severa a los que cometan delitos o incurran en corrupción en contra del Estado.
Pero por sobre todas las cosas, que la gente común sepa que un Estado normal, no puede subsistir para hacer grandes cosas, si hay gente que permanece dependiendo del mismo, por años y años, y que en su fuero íntimo no quiere volver al mercado laboral, no lo intenta, ni se educa para ello. Hoy en día el 60% de lo que se recauda por impuestos está ocupado en la atención de jubilaciones que no se cubren con el financiamiento del sistema (porque se recurre al Anses por parte de los gobiernos, olvidándose que dichos fondos son exclusivamente para atender el ajuste habitual de los haberes jubilatorios) y por los subsidios de tarifas y una cantidad enorme de personas que se han habituado ya a depender del Estado para atender sus necesidades. En el mundo, no existen muchos casos similares a Argentina, de estar haciendo un asistencialismo suicida y un desaprovechamiento enorme de la recaudación tributaria, extremada con una presión fiscal desmesurada, lo que neutraliza la capacidad de inversión privada y recurrente, para crecer y crear empleo.
Miguel A. Di Ranni
04.04.2020
Para que Argentina tenga reputación de saber administrar bien los recursos, y ello es fundamental en la definición del riesgo país, es esencial que el superávit primario sea de tal magnitud que permita absorber el déficit secundario, determinado principalmente por el valor absoluto correspondiente a los intereses anuales que es necesario afrontar por la existencia de la deuda financiera contraída por Argentina. Si Argentina tiene un riesgo país muy alto, es probable que el grueso de los intereses que haya pagado por la deuda financiera contraída sea de mucho valor absoluto, y por lo tanto, el presupuesto termine arrojando como resultado final un déficit que haya que financiar. Si nuestro país alcanzara una calificación de "grado de inversión", y tuviera una conducta ejemplar en el respeto a los acuerdos contraídos, tanto en el exterior como localmente, ello se traduciría en un riesgo país muy bajo, y en condiciones normales, existirían ofertas de financiamiento a largo plazo con tasas muy reducidas respecto a lo que estamos habituados a afrontar.
Nuestro país, habitualmente ha tenido una actitud a mi juicio inexplicablemente muy dura con los acreedores financieros, como si fuera que los acreedores nos obligaron a que nos prestaran el dinero. El presupuesto nacional tendría que tener usualmente un superávit primario de tal magnitud que nos permitiera pagar intereses por deuda contraída para financiar obra pública.
No debería tener que tomarse deuda financiera, si a nivel del resultado primario (recaudación tributaria menos egresos financieros operativos) ya se verificara la existencia de déficit. Ello estaría denotando que los administradores de nuestro país no hicieron una buena tarea como tales. Y ello viene ocurriendo hace muchísimos años, con algunas excepciones de muy corta duración.
Los costos de funcionamiento del Estado, son las erogaciones eficientemente determinadas como necesarias para que nuestro país funcionara razonablemente bien. No deberían existir erogaciones que no fueran estrictamente necesarias para que funcionara bien el Estado. Si en nuestro país fueran necesarios 400.000 empleados públicos, los costos de las remuneraciones de los mismos deberían considerarse como costos, porque se consideran que si no estuvieran dichas personas, el Estado no podría funcionar eficientemente. Pero la dedicación de dicha cantidad de personas, tendría que ser óptima, es decir, trabajar 8 horas por día, con la dedicación similar a lo que es habitual en la actividad privada.
En el presupuesto nacional, no deberían encontrarse partidas como subsidios para tarifas de gas, de electricidad, transporte, o para reforzar la recaudación tributaria por el hecho de haber aceptado a 3 millones de nuevos jubilados que no cumplieron con los requisitos ni de edad ni de cantidad de años de aporte al sistema previsional. Tampoco deberían existir asignaciones a agrupaciones sociales de distintos tipos, subsidios familiares , asignaciones universales por hijo, por discapacidad en cantidades incompatibles con la realidad, etc. La característica más fuerte que se da en Argentina, es que algo que entra presupuestariamente pretendiendo que sea, por su naturaleza excepcional, en cantidad de casos, o en duración, inmediatamente se transforma, en una enorme cantidad de casos, y con vocación de arraigarse permanentemente como una suerte de derecho adquirido.
El Estado al brindar enseñanza primaria y secundaria gratuita, y también disponer universidades que dependen del Estado, con acceso gratuito, es la forma que tiene para lograr que existan igualdades de oportunidades de las personas para lograr el ascenso social, y para valerse por sí mismo, sin tener que recurrir al Estado. Pueden existir necesidades puntuales que requieran la asistencia del Estado, pero dicha atención, debería ser transitoria, y no sustituir el esfuerzo y la iniciativa privada, que corresponde , por definición, a los habitantes. El Estado debe procurar que haya un aprovechamiento de las ventajas de la asistencia hospitalaria gratuita, la enseñanza gratuita, y que se puedan mantener en el tiempo las ventajas de existir igualdad de oportunidades para lograr ir creciendo económicamente y socialmente. El Estado debe procurar que la asistencia hospitalaria y educativa, sea gratuita pero de alta calidad, por lo cual debe medirse la efectiva prestación de dichos servicios, para lograr resultados que reúnan dichas características.
El Estado debe asignar recursos significativos para que se pueda lograr en el país avances científicos y tecnológicos, mediante una investigación de alta calidad, que lo dejen en inmejorables condiciones para asegurar el crecimiento y desarrollo del país, y para prever y poder atender situaciones de excepción, de características extraordinarias, para beneficio de todos los ciudadanos.
Es muy importante que la recaudación tributaria, que es la forma habitual para financiar los costos operativos de funcionamiento del Estado y el pago de los intereses de la deuda financiera de largo plazo cumplan dos condiciones básicas pero esenciales: lograr que no haya evasión en el cumplimiento de las obligaciones tributarias; y cuidar que la presión fiscal sea sistémicamente razonable para permitir que la actividad privada llevada a cabo por las personas físicas y jurídicas, permitan cumplir con los objetivos de ganancia, retribuir al capital invertido, pagar los impuestos, y reservar una parte de dicha ganancia para aumentar el volumen de producción,. El crecimiento económico que ello implicaría, contribuiría a crear más fuentes de trabajos, y mayor recaudación tributaria.
La recaudación tributaria debe ser tal que no ahogue las oportunidades de crecimiento de la actividad privada, y de la generación de empleo. El crecimiento que se logre en la actividad privada, fruto de la existencia de una presión fiscal razonable, debería originarse en la medida que quedara un remanente de la ganancia de cada actor que intervenga en el mercado, como hemos señalado en el párrafo precedente, para ser alocado al incremento del volumen de la actividad específica, o relacionada con la actividad habitual para integrar más los procesos, o algún emprendimiento distinto que podría sustituir importaciones, De esa manera se podrá incrementar la recaudación tributaria para el Estado, sin necesidad de recurrir a subir las alícuotas de gravabilidad como las que nos tienen acostumbrados los gobiernos sucesivos, en nuestro querido país. Los impuestos que graven el capital, no debería generar, para cumplimentar el pago, que se destruya parte del mismo. En realidad lo que se debe gravar siempre es la ganancia, y no el capital que la genera. En todo caso, lo que se grave al capital debería obrar como pago a cuenta del monto resultante de gravar la ganancia generada por dicho capital.
Un comentario puede ser útil para explicar cómo se actúa a veces en forma desacertada.
El cambio súbito de legislación, con alcances retroactivos de sus efectos a los contribuyentes que realizaron sus actividades en el marco normativo que, ahora, súbitamente modifican; el querer renegociar la deuda externa, agrediendo a los acreedores con la propuesta de hacer una quita a las acreencias; el hecho de no tener una conducta presupuestaria que mostrara un presupuesto financiero nacional en equilibrio, el hecho de cambiar las reglas para la fijación de las tarifas, luego de haberse convenido, de común acuerdo, los criterios con que se harían dichos ajustes; el festejar con aplausos de todo el escenario político en Argentina, cuando hace 20 años determinaron que iban a declarar el default de la deuda, son algunos de los múltiples ejemplos que originan el riesgo país tan alto, lo cual origina, a su vez, un costo financiero desproporcionado a nivel internacional, fruto de la evaluación del riesgo que significa invertir en nuestro país.
Al cierre del año 2019, se modificaron las alícuotas de los bienes personales, gravando con el doble de la alícuota a quienes mantienen sus inversiones en el exterior, en lugar de localmente, no obstante que en ambos casos, la renta producida por dicho capital (en función de que en Argentina se grava la renta mundial que genere un contribuyente argentino) ambas rentas son alcanzadas por el fisco. Esto significa que en Argentina, las generadas en el exterior están alcanzadas por el impuesto a la renta.
El que tiene el dinero en el exterior, sin lugar a dudas, lo traería espontáneamente a Argentina, si el comportamiento de los gobiernos, que son los que generan la inflación emitiendo dinero sin respaldo, los que conviven con presupuestos financieros deficitarios, los que cambian las disposiciones de un día para el otro, alcanzando retroactivamente a las operaciones que se llevaron a cabo con otro escenario normativo, los que pesifican los contratos celebrados en moneda extranjera, los que afectan a las jubilaciones, creando normas que vulneran los acuerdos que rigieron durante el período de aportes y acumulación de sus montos.
En otras palabras, si los gobiernos que se han sucedido en Argentina hubieran cumplido con la Constitución y el régimen júrídico al momento en que se celebraron los contratos, si no hubieran, en general, querido aprovecharse de ventajitas puntuales de corto plazo, y para ello contrariaron los derechos y garantías, es decir, desconocieron el deber ser, la ética y la moral, no habría necesidad de estimular la radicación en Argentina de las inversiones en el exterior, penalizando el gravamen de los bienes personales, porque los bienes están fuera de nuestro país, no obstante que ambos, están gravados, por bienes personales y por el impuesto a las ganancias. Se van a necesitar no menos de 10 años de buena letra, como se hacen en cualquier país de los llamados del primer mundo, donde se respeta al detalle todas las normas y las condiciones vigentes al momento en que se perfeccionan los contratos, y en los que la administración de los recursos del Estado se hacen seriamente, sin generar inflación, sin generar déficits presupuestarios.
Administrar un país, es aplicar el adecuado conocimiento en materia de gestión, administración y finanzas, respetando la Constitución y las leyes, para preservar la riqueza de Argentina, para que el Estado pueda cumplir con su rol, con todas las funciones que le corresponden, pero pensando no sólo en los ciudadanos de Argentina en el momento actual, sino en los que todavía no han nacido en nuestro suelo. Argentina nos pertenece a nosotros y a las futuras generaciones. El Estado está para asistir a todos, pero no a unos pocos, y para estar en condiciones que eventos inesperados como el que nos afecta actualmente (Corona virus) pueda ser atendido como corresponde sin que existan personas afectadas por las limitaciones materiales que pudieran existir.
CONCLUSIONES.
La administración de la cosa pública, al igual que en la actividad privada, requiere dos condiciones fundamentales: i. respetar la Constitución, las leyes, la ética y la moral. ii. administrar con los mismos criterios que las CFO administran a las empresas en la actividad privada.
Tomar decisiones como Administrador implica que las alternativas para cumplimentar los objetivos tienen que ser analizadas e instrumentadas de tal forma que respeten los requisitos legales que un determinado país tiene para que las mismas sean válidas. El marco jurídico, y su contenido, es el que valide que una decisión pasa o no pasa por el tamiz de la legalidad. Esto quiere decir, que el fin no justifica los medios. Ningún administrador que se precie de tal, puede considerar que para lograr el fin que me han fijado como objetivo, pueda utilizar cualquier medio: legal o ilegal.
Una compañía que practica retenciones a terceros, porque está previsto por la ley, no puede cubrir un faltante de dinero utilizando dichas retenciones a terceros, como forma de financiamiento para la empresa. El dinero que ha retenido a terceros, no le pertenece en propiedad a la empresa, sino que ha actuado como agente de retención. Pero el dueño es aquél por quien se ordenó la retención. Dicho dinero debe ser depositado dentro del plazo que la ley determina, y si no lo hiciere, está configurándose la figura de depositario infiel, como delito punible.
La segunda condición es que el administrador debe pensar, analizar los temas vinculados con lo que administra, y tomar las decisiones usando las mejoras prácticas para hacer un uso eficiente de los recursos financieros y no financieros. Si lo que es objeto de administración es el Estado, debo poner todo mi conocimiento para usar el dinero disponible de acuerdo a las mejores prácticas de administración para que dicho dinero alcance eficientemente para usarlo en logar los objetivos vinculados con las funciones que tiene a su cargo el Estado.
El Administrador del Estado, administra, especialmente los recursos financieros. El dinero, es la sangre que circula por el aparato circulatorio de las organizaciones, como decía un gran profesor y colega Dr. Juan Carlos Fresco, quien escribió bastante bibliografía muy utilizada en la época universitaria de quien escribe. El aparato circulatorio y la sangre tienen un atributo muy importante y vital en el mantenimiento de la vida de los seres humanos. Y así también, el dinero, por extensión, mantiene con vida a las organizaciones.
Utiliza las mejores habilidades para lograr que con el dinero disponible pueda cumplimentar el logro de los objetivos planteados. Las decisiones de administración son estrictamente financieras y de gestión, y no hay espacio para los razonamientos de índole político, que son probablemente ineficientes para el adecuado y óptimo manejo del dinero.
Si el dinero del Estado es manejado eficientemente, es muy bueno para todos los ciudadanos que componen el Estado. Si el Administrador usa el dinero para cumplir todas las funciones del Estado, no tendría que usarse el dinero para subsidiar a los ciudadanos complementando una remuneración baja o insuficiente en las ocupaciones informales. Transferir dinero a los ciudadanos no es la esencia de la existencia del Estado. Por el contrario, ello traduce perfectamente que el Estado no está cumpliendo con eficiencia algunas de las funciones que tiene a su cargo, para beneficio de todos los ciudadanos y no de unos pocos. El sistema educativo es responsabilidad del Estado, y usa mucho dinero para atender esa función. Pero claramente, que use mucho dinero no quiere decir, que lo esté usando bien, porque si lo hiciere, el rendimiento escolar tanto en la escuela primaria, como en la secundaria, y también en el nivel universitario, tendría que ser muy superior al que se evidencia en la práctica. No se logra contracción a la lectura por parte de ninguno de dichos tres niveles, y en la escuela primaria y secundaria, además de no leerse, no hay adecuada comprensión de los textos, y no hay habilidad desarrollada en el establecimiento de relaciones de distintas premisas para arribar a conclusiones válidas. A nivel universitario, se debería tener una lectura diaria entre 5 y 7 horas como mínimo. La experiencia indica que la lectura mínima de textos, apenas es de dos horas por día, en promedio. La educación es fundamental para el ascenso social y económico de los ciudadanos.
Adicionalmente al mejoramiento educativo, se hace necesario incrementar los puestos de trabajo. Ello se logra mediante un crecimiento en la economía, sustentado en una inversión creciente de parte de las ganancias de la actividad privada, espontánea o estimulada por políticas tributarias de desgravación por un lapso limitado acorde a las nuevas inversiones que se lleven a cabo. La inversión está asociada al mantenimiento de una presión fiscal razonable, a políticas económicas que mantengan un presupuesto del estado sin déficit fiscal , una moneda local que mantenga su poder adquisitivo por inexistencia de inflación, y por un mercado local de financiamiento en pesos o en dólares, al ahorro público, un sistema educativo profundo y de calidad. Adicionalmente, asegurando una estabilidad jurídica, tributaria, independencia de los poderes, un poder judicial independiente, que se expida en lapsos razonables, y que sancione en forma rápida y severa a los que cometan delitos o incurran en corrupción en contra del Estado.
Pero por sobre todas las cosas, que la gente común sepa que un Estado normal, no puede subsistir para hacer grandes cosas, si hay gente que permanece dependiendo del mismo, por años y años, y que en su fuero íntimo no quiere volver al mercado laboral, no lo intenta, ni se educa para ello. Hoy en día el 60% de lo que se recauda por impuestos está ocupado en la atención de jubilaciones que no se cubren con el financiamiento del sistema (porque se recurre al Anses por parte de los gobiernos, olvidándose que dichos fondos son exclusivamente para atender el ajuste habitual de los haberes jubilatorios) y por los subsidios de tarifas y una cantidad enorme de personas que se han habituado ya a depender del Estado para atender sus necesidades. En el mundo, no existen muchos casos similares a Argentina, de estar haciendo un asistencialismo suicida y un desaprovechamiento enorme de la recaudación tributaria, extremada con una presión fiscal desmesurada, lo que neutraliza la capacidad de inversión privada y recurrente, para crecer y crear empleo.
Miguel A. Di Ranni
04.04.2020