Las
finanzas del Estado requiere que quienes lo administren tengan experiencia
previa en la actividad privada.
Durante mucho tiempo se propusieron en distintas instancias de la
historia de los últimos 70 años diversos planes económicos, sin mostrar una
preocupación adecuada respecto del equilibrio financiero del presupuesto
nacional anual. Esto significaba, en los hechos, que se partía de hacer
propuestas de distinta naturaleza, que podían ser muy útiles y razonables, pero sin atacar prioritariamente un elemento muy concreto como es el déficit
fiscal anual que se evidencia en Argentina, por la existencia de muchos costos
innecesarios e ineficientes (dentro de los necesarios) para el funcionamiento
del Estado.
Lo concreto es que en la
presente gestión las condiciones heredadas obligó a atacar distintos problemas
muy serios como el cepo cambiario, la inexistencia de reservas en el BCRA, la
inflación reprimida, un tipo de cambio que implicaba un peso muy revaluado
respecto del dólar estadounidense, tarifas de energía congeladas que motivó
nula inversión en las tareas de producción de gas, de energía eléctrica, la existencia de importación de gas, la inexistencia de reservas de gas y
petróleo, obras muy escasas de inversión
pública, en rutas, caminos, y accesos a todas las provincias a través de
transporte.
Adicionalmente se puso
énfasis en la ayuda hacia los sectores más desposeídos, y en la mejora de
servicios hospitalarios, de educación y de seguridad.
La administración actual ha
trazado el objetivo concreto de
equilibrio fiscal primario, es decir sin considerar el pago de los intereses de
la deuda, hacia fines de 2019, y luego hacer lo propio, en el lapso más breve
posible, para el logro del equilibrio
del déficit fiscal secundario, es decir incluyendo, en el presupuesto total, como egreso de fondos, los intereses anuales pagados en razón del
endeudamiento financiero existente tomado por la Nación.
Personalmente, considero muy
útil la estrategia seguida por el gobierno actual, en cuanto a utilizar, como
base de análisis y propuestas de medidas económicas, el presupuesto nacional
saneado a nivel de déficits, que es lo que recurrentemente ha originado crisis
originadas por la falta de capacidad de obtener nuevo endeudamiento, y por ende,
la decisión equivocada de emisión monetaria para cubrir las necesidades del
Estado, en materia presupuestaria. Si se plantea, como sería deseable, que no debe incurrirse más en el
mantenimiento de déficits crónicos en la última línea del presupuesto nacional,
dicho objetivo debería ser incorporado como el objetivo número 1 que debe
lograr toda administración del Estado argentino. Luego, a partir de dicho
logro, deben empezar a plantearse otros objetivos adicionales, como política
económica:
1. Reducción de costos de funcionamiento del Estado. Por ejemplo, seguir reduciendo los subsidios a cargo del Estado, sea en materia de consumo de energía, de transporte, y de asistencia social para los que no pueden comprobar los estados de necesidad argumentados.
2. Establecer la necesidad de no reposición de cargos de empleados públicos, para los casos de otorgamiento de jubilación, renuncia o fallecimiento.
3. Establecer la necesidad de reglamentar los aumentos de remuneraciones del personal que realiza prestaciones en los otros poderes del Estado, de tal manera que se evite la discrecionalidad absoluta en cuanto a la magnitud de dichos incrementos salariales.
4. Establecer la necesidad que toda propuesta de medida tomada por el Poder Ejecutivo, y autorizada por el Poder Legislativo v. g. otorgamiento de jubilaciones masivas sin haberse reunido la antigüedad que marca la ley, o la edad, y cualquiera de otros requisitos que existen, que se señale expresamente en cuánto afectará para el futuro, el presupuesto nacional, y cuáles serán los orígenes de fondos, a los fines que concomitantemente con la aprobación eventual de dicha medida, se señalen también las decisiones concretas que signifiquen que también simultáneamente se contarán con los recursos financieros para cubrir dichos excesos de gastos.
5. Que los ahorros adicionales que se logren por la reducción de los gastos de funcionamiento del Estado, impliquen también disponer la reducción de impuestos para las personas físicas y jurídicas, a los fines de favorecer el desarrollo de nuevas inversiones que generen puestos de trabajo, o que se liberen fondos para el desarrollo del consumo interno, o que las empresas incrementen el volumen de producción para el logro de un mayor volumen de exportaciones, con el efecto saludable de mejora de las reservas disponibles.
6. Otorgamiento de promociones impositivas a los fines de favorecer nuevas actividades y radicación de industrias en Argentina, explicitando la duración de dichas promociones, y el recupero normal de las alícuotas generales, en forma creciente, dentro del lapso de validez de dicha promoción.
7. Generación de un mercado financiero local, a partir de la eliminación de la inflación, y de la volatilidad cambiaria, a los fines de complementar la eliminación del déficit fiscal anual, con la posibilidad de acceder a financiamiento local, en pesos o en dólares. Debería pensarse a partir de una continuidad en el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda local, y la estabilidad cambiaria, y de la inexistencia de déficit fiscal presupuestario, promover la radicación de ahorros de muchos contribuyentes que cumplen sus obligaciones fiscales, pero que mantienen sus ahorros en el exterior, en razón del riesgo país. Dicha promoción podría venir de la mano de una reducción de las alícuotas que se fijaron cuando se han establecido las normas del gravamen cedular a la renta financiera. Dicho gravamen conspira contra el objetivo de creación de un mercado financiero local para el otorgamiento de financiamiento a las personas físicas y jurídicas que no reúnen antecedentes para el logro de financiamiento desde el exterior.
8. Necesidad de establecer un único sistema de jubilación que sea privada, a partir de los que comienzan a incursionar en el mercado laboral en el momento presente. Se debería mantener el sistema estatal, de reparto, que es el vigente actualmente, con todos los que actualmente están depositando tanto los aportes patronales como a los trabajadores a quienes se les retiene bajo ese sistema, o los actuales jubilados y los futuros que se han de jubilar . Esto significa que únicamente entrarían a regirse por el sistema de jubilación privado, aquellos que recién comienzan a trabajar en el momento actual. Con este sistema se empezaría a generar un mercado financiero mediante la utilización de los fondos aportados y retenidos exclusivamente para el sistema nuevo creado. El sistema de reparto, continuaría hasta el momento en que todos los que hayan sido aceptados bajo el sistema que hoy existe, sean dado de baja, como jubilados o pensionados, en el momento que acontecieran sus fallecimientos.
1. Reducción de costos de funcionamiento del Estado. Por ejemplo, seguir reduciendo los subsidios a cargo del Estado, sea en materia de consumo de energía, de transporte, y de asistencia social para los que no pueden comprobar los estados de necesidad argumentados.
2. Establecer la necesidad de no reposición de cargos de empleados públicos, para los casos de otorgamiento de jubilación, renuncia o fallecimiento.
3. Establecer la necesidad de reglamentar los aumentos de remuneraciones del personal que realiza prestaciones en los otros poderes del Estado, de tal manera que se evite la discrecionalidad absoluta en cuanto a la magnitud de dichos incrementos salariales.
4. Establecer la necesidad que toda propuesta de medida tomada por el Poder Ejecutivo, y autorizada por el Poder Legislativo v. g. otorgamiento de jubilaciones masivas sin haberse reunido la antigüedad que marca la ley, o la edad, y cualquiera de otros requisitos que existen, que se señale expresamente en cuánto afectará para el futuro, el presupuesto nacional, y cuáles serán los orígenes de fondos, a los fines que concomitantemente con la aprobación eventual de dicha medida, se señalen también las decisiones concretas que signifiquen que también simultáneamente se contarán con los recursos financieros para cubrir dichos excesos de gastos.
5. Que los ahorros adicionales que se logren por la reducción de los gastos de funcionamiento del Estado, impliquen también disponer la reducción de impuestos para las personas físicas y jurídicas, a los fines de favorecer el desarrollo de nuevas inversiones que generen puestos de trabajo, o que se liberen fondos para el desarrollo del consumo interno, o que las empresas incrementen el volumen de producción para el logro de un mayor volumen de exportaciones, con el efecto saludable de mejora de las reservas disponibles.
6. Otorgamiento de promociones impositivas a los fines de favorecer nuevas actividades y radicación de industrias en Argentina, explicitando la duración de dichas promociones, y el recupero normal de las alícuotas generales, en forma creciente, dentro del lapso de validez de dicha promoción.
7. Generación de un mercado financiero local, a partir de la eliminación de la inflación, y de la volatilidad cambiaria, a los fines de complementar la eliminación del déficit fiscal anual, con la posibilidad de acceder a financiamiento local, en pesos o en dólares. Debería pensarse a partir de una continuidad en el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda local, y la estabilidad cambiaria, y de la inexistencia de déficit fiscal presupuestario, promover la radicación de ahorros de muchos contribuyentes que cumplen sus obligaciones fiscales, pero que mantienen sus ahorros en el exterior, en razón del riesgo país. Dicha promoción podría venir de la mano de una reducción de las alícuotas que se fijaron cuando se han establecido las normas del gravamen cedular a la renta financiera. Dicho gravamen conspira contra el objetivo de creación de un mercado financiero local para el otorgamiento de financiamiento a las personas físicas y jurídicas que no reúnen antecedentes para el logro de financiamiento desde el exterior.
8. Necesidad de establecer un único sistema de jubilación que sea privada, a partir de los que comienzan a incursionar en el mercado laboral en el momento presente. Se debería mantener el sistema estatal, de reparto, que es el vigente actualmente, con todos los que actualmente están depositando tanto los aportes patronales como a los trabajadores a quienes se les retiene bajo ese sistema, o los actuales jubilados y los futuros que se han de jubilar . Esto significa que únicamente entrarían a regirse por el sistema de jubilación privado, aquellos que recién comienzan a trabajar en el momento actual. Con este sistema se empezaría a generar un mercado financiero mediante la utilización de los fondos aportados y retenidos exclusivamente para el sistema nuevo creado. El sistema de reparto, continuaría hasta el momento en que todos los que hayan sido aceptados bajo el sistema que hoy existe, sean dado de baja, como jubilados o pensionados, en el momento que acontecieran sus fallecimientos.
El
mantenimiento de un presupuesto nacional sin déficit , a través de los años, es
la primera precaución a tomar por quienes son y serán los futuros
administradores de los recursos de la Nación Argentina. A partir de dicho
logro, deberán considerarse los superávits que existan para llevar adelante una reducción gradual de
la presión fiscal, para liberar las fuerzas que la actividad privada necesita
para incrementar la producción de los bienes y servicios, lograr mayores
exportaciones, y con ello, una mejora en
la balanza comercial.
Miguel
Angel Di Ranni
03.06.2019