A veces las frustraciones, especialmente cuando son
colectivas, pueden generar manifestaciones que son injustas para quienes están
intentando mejorar a nuestro país, luego de doce años de desmesuras. Muchos
responden a esto, diciendo que prefieren ser severos con los que hoy están en
funciones de gobierno, para evitar que los que hoy actúan puedan caer en los
mismos errores. Esa respuesta acentúa la inequidad del que la formula,
especialmente, si no se había animado a formularlas en los gobiernos
anteriores, por temor a las consecuencias que ello le podía acarrear.
Primeramente, es necesario aclarar que el Gobierno de un país
está formado por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Luego, hay que
tener claro en dónde redireccionar los reclamos: esfera municipal, provincial o nacional.
Pensemos cómo actuamos, en diferentes circunstancias que
pueden servir para el análisis. En el canal de televisión oficial se pasó de
una obstinada y excluyente idea monolítica, a la definición de aceptar en dicha
emisora el concepto de la pluralidad de ideas. Pero en lugar que dicha consigna
se implemente programa por programa, se
mantiene el mal gusto que si un programa tiene una ideología determinada, la
misma es excluyente para la concurrencia de personas que puedan expresar otras
ideas diferentes. O sea que los conductores no quieren aceptar la pluralidad de
ideas.
El periodismo debe mejorar asegurando una responsabilidad en
la investigación de los hechos y en la comprensión de los conceptos que
diariamente se van tratando, especialmente, en los programas de noticias. Tiene
una responsabilidad de ejercer la docencia a través de lo que se vaya
investigando. Esa tarea docente es mucho más esencial luego de largos períodos
de una suerte de adoctrinamiento sutil.
Un conductor invita en
el momento crucial de los incrementos de tarifa a un grupo de personas, luego
de haberse instaurado la tarifa social en un grupo de más de 3 millones de
usuarios. Dichas personas invitadas son consultadas si pueden pagar los
incrementos de tarifas, que son del orden de 400% en el caso de las personas
físicas, y de 500% de incremento para el caso de las pequeñas empresas. Como
era de esperar, las respuestas de los invitados, es que dichos incrementos son
impagables. ¿Qué hace el conductor del programa de noticias?. Toma dicha
respuesta como confirmación de que el incremento de tarifas es salvaje y no puede ser pagado, y a partir de dicho
concepto hace una arenga en contra del ministro que ha tomado o facilitado
dicha decisión. ¿Qué debería haber
hecho, para agregar valor al esclarecimiento del tema tan importante que
preocupaba en dicho momento? En primer
término, parece lógico que el periodismo averiguara cuál fue el incremento de
la inflación desde el año 2003 a 2015, durante el cual la tarifa del gas y de
la electricidad se mantuvo sin incrementos. Ahí hubiera sabido que la inflación
fue de más del 1000%. Acto seguido,
debió haber preguntado a la persona física cuál fue el incremento de su salario
en dichos 12 años, y al dueño de una pequeña empresa, cuánto había sido el
incremento de precios que él había fijado para vender el bien o servicio que
fuera el objeto de la actividad de la pequeña empresa. Ahí el periodismo se habría enterado, que
seguramente las respuestas hubieran sido v.g. 900%. La conclusión que debería exponer el
periodista, debería haber sido algo así: “pero entonces usted debería estar en
condiciones de abonar el incremento de tarifas, dado que si es una persona
físicas, dicho incremento fue del 400%, y si hubiera sido el dueño de una
empresa chica, el 500%”. En ambos casos,
el incremento de la tarifa de gas estaba muy por debajo del porcentaje de
incremento salarial o del incremento de precios del producto o servicio que
vende la pequeña empresa.
Siguiendo el
hipotético diálogo entre el conductor del programa (periodista) y los invitados,
estos últimos seguramente podrían haber dicho: “sí es verdad, pero durante
dichos 12 años, dado que la tarifa de gas estaba subsidiada, pude derivar dicho
costo real no facturado, a otros gastos, como hice viajes al exterior, me
compré un automóvil en cuotas, he salido a cenar varias veces al mes, etc. Por
lo tanto ahora no dispongo de dinero alguno para hacer frente al incremento de
la tarifa en función del volumen de consumo del gas”.
Si el periodista estuviera interesado en agregar valor para el
análisis del tema, debería decir algo así: “Es muy lógico lo que usted comenta,
pero no cree que ahora, si usted quiere seguir consumiendo el gas que pretende
tener un precio real actualizado, lo
tiene que pagar usted, porque es el que consume el gas, debería recomponer las
prioridades de gastos que atender con el monto de su salario o de ingresos que
tuviera la pequeña empresa. De lo contrario, lo obliga al Estado a subsidiar
dicho monto, por lo cual lo que usted consume de energía, que debería pagar
usted, lo termina pagando otra persona que además de pagar su energía, también
paga impuestos para que el Estado pueda seguir pagando el subsidio de la tarifa
de gas o de energía eléctrica”.
Hay un punto también que está, a mi juicio, muy
distorsionado. Algunos políticos y periodistas también, hablan con admiración
de que hay que tener habilidad política para negociar, y tomar decisiones,
negando dicho atributo a las personas que son de extracción de las empresas.
Tenemos que decir, que normalmente los políticos que tienen experiencia como
tales no tienen conocimientos suficientes del significado de administrar. Por ello,
en una gran generalidad, negocian con otros políticos y toman decisiones de
curso de acción que pretenden y pueden imponer, sin tener en cuenta las
restricciones que tienen desde el lado de los ingresos. Para los políticos, que
tienen el orgullo de ser reputados que poseen habilidad política, trabajan
sobre el costado de los gastos, sin importarle, o creyendo genuinamente que no
debe estar limitado por los ingresos.
En
cambio, los que provenimos del sector empresarial, estamos convencidos que
administrar es tener en cuenta el límite que pone los ingresos que existen o
son viables con responsabilidad en su obtención, para seleccionar la asignación
de dichos ingresos a los egresos que tienen mayor prioridad en su atención. Por
eso que el profesional que proviene de la empresa mira con cuidado la dotación
necesaria y suficiente para trabajar con eficiencia y lograr los objetivos,
examinar el resto de los egresos erogables, no incurrir en egresos
innecesarios, y mucho menos si provienen de compromisos políticos para
favorecer el voto en un sentido determinado. En dicha concepción, ser político
es, teniendo en cuenta los ingresos posibles a través de un sistema impositivo
responsable, negociar para asignar dichos ingresos a aplicaciones de fondos que
alcancen para prestar los servicios esenciales del Estado, y para pagar la
amortización de la deuda de corto plazo, y los intereses respectivos, y decidir
sobre las inversiones a realizar como Estado para mejorar la eficiencia de la
producción y distribución, y contribuir a que a través de la actividad del
sector privado, pueda incrementarse sostenidamente la creación de puestos de
trabajo. Ser político con el viejo concepto de tomar decisiones sin conocer los
límites impuestos por una sana administración, es distinto a ser político para
negociar objetivos alternativos, que permitan ser encarados sin emisión de
dinero o toma de deudas por tener déficit fiscal.
Por tanto está mucho más cerca de ser político el que
proviene de las empresas y sabe las limitaciones que impone una sana
administración, que el que proviene de la función pública y no sabe la
importancia para el futuro de un país de mantener un presupuesto sin déficit
fiscal.
Miguel Angel Di Ranni
27.12.2016