Hay que reflexionar sobre los roles del pueblo y el gobierno que lo ha de representar en las funciones de Estado.
El Estado ha definido una estructura jurídica en la cual deben manejarse ambos, el pueblo y sus representantes, es decir, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por tanto, el pueblo es el que manda hacer, en el contexto de la estructura jurídica fijada en el Estado, para que el mandatario (los 3 poderes de dicho Estado), ejecuten su actividad, sin vulnerar el marco jurídico que existe a los fines de cumplimentar dichas funciones.
Por tanto el pueblo, encomienda tareas, a los 3 poderes, pero para que las ejecuten sin vulnerar el marco de los valores (la Constitución y las leyes, la moral y la ética). Hay que cumplir los objetivos fijados por el pueblo, sin demoras, pero no a cualquier precio, sino, respetando los valores mencionados.
El pueblo observa, y actúa, también dentro de los valores, cambiando al apoderado, si no logró cumplir con los objetivos planteados, o si los ignoró no obstante las urgencias de los mismos, o si venció el plazo del mandato que le dió a los apoderados, o también, en caso que el apoderado haya cometido actos reñidos con los valores (Constitución, leyes, ética y moral). Para ello, existen previsiones y remedios constitucionales que habilitan al pueblo a lograr que el apoderado respete los valores o que sean sancionados si no ha cumplimentado dicho respeto.
Cuando cualquiera de los tres poderes cometen actos reñidos con los valores mencionados (Constitución, leyes, moral y ética), sea en el ejercicio de sus funciones, o fuera de ellas, los otros poderes deben erigirse en ser actores pincipales en cuidar la salud republicana, democrática y jurídica del Estado. Para ello deben ser guardianes de primerísimo nivel para lograr preservar la salud republicana y democrática del país y tienen también, dentro de la estructura jurídica existente en el Estado, los remedios legales para depurar al que haya cometido vulneraciones de los valores mencionados..
La oposición, tiene una tarea común, definida claramente en sus alcances, como si fuera un sólo partido político, en la cual no hay necesidad de ponerse de acuerdo previamente: accionar permanentemente contra cualquier miembro de los poderes del Gobierno que haya vulnerado la Constitución, las leyes, o las normas morales y éticas, en su accionar. Cualquiera de las personas físicas que tienen cabida dentro de los poderes del Estado, tienen una responsabilidad primaria e insoslayable: hacer respetar los valores, antes que llevar adelante su accionar sólamente por motivaciones políticas o partidarias. Si no se vulneran dichos valores, recién a partir de dicha premisa, es posible llevar adelante la ejecución de las funciones para los que fue elegido. El fin político no justifica los medios para ser logrado.
Las personas físicas que integran cualquiera de los 3 poderes, que facilitan llevar adelante ciertas decisiones sustentadas en la ideología partidaria, pero que fueran manifiestamente en contra de la Constitución, de las leyes, de la moral o de la ética, deben ser consideradas cómplices por la comisión de dichas vulneraciones
Los partidos políticos podrán llevar adelante su accionar para cumplimentar sus respectivas plataformas político partidarias, pero siempre en el contexto de un respeto absoluto de la Constitución, de las leyes, de la moral y de la ética.
No hay obediencia debida de cualquier directiva que fuera manifiestamente en contra de los valores, que deba ser atendida por las personas físicas que representan a los distintos poderes del Estado.
Miguel Angel Di Ranni
16.09.2012