* .Que los miembros del Gobierno tengan una visión legal y ética del comportamiento como administradores.
En este sentido es muy importante que en los procesos educativos formales haya un tratamiento frecuente e intensivo de los temas que recalquen la importancia del encuadramiento en la ley, y los pilares fundamentales de toda sociedad organizada de premios y castigos para aquellos que se manejan dentro del deber ser, o violentan la ley, respectivamente.
* Que los miembros del Poder Judicial sean equitativos y rápidos en la administración de justicia.
Dentro del mismo Poder deben establecerse controles que hagan un seguimiento de la intervención de los jueces en los procesos en los cuales haya imputaciones a miembros de los tres poderes del Estado, la evaluación del cumplimiento de los plazos; la rotación de las causas a distintos jueces; el crecimiento patrimonial de los magistrados incompatibles con los ingresos que se derivan de su actuación como jueces; la permeabilidad manifiesta hacia situaciones personales de miembros de los otros dos poderes, y situaciones en las cuales hubiera una manifiesta falta de objetividad en el debido proceso.
* Que los miembros del Congreso entiendan que antes que representar a un partido político, representan a los habitantes de un país.
Por tanto el deber ser está condicionado a lo legal y a los valores, antes que a lo ideológico. No deben existir como mecanismos de funcionamiento los Decretos de Necesidad y Urgencia. Los miembros del Congreso tienen una responsabilidad como ciudadanos de no hacer ingresar proyectos de ley que sean manifiestamente inconstitucionales, por más que el proyecto de ley se identifique con su ideología o plataforma política del partido por el cual ha sido electo para actuar en el Congreso.
* Que la estabilidad jurídica y la vigencia de las normas deben mantenerse en el largo plazo, sin excepciones.
El fin no debe justificar cualquier medio para alcanzarlos. Debe entenderse que el marco legal debe responder a decisiones dentro del Congreso en el que se evalúan las normas para definir un marco legal para el funcionamiento de los habitantes, y de las empresas. Los cambios esenciales de dichas normas deben tener una temporalidad compatible con las reglas de juego que necesitan las empresas para alinear las inversiones en el país, y los criterios que fueron utilizados para la radicación de las inversiones. El principio de la irretroactividad de las leyes, implica también que dichos cambios normativos sólo deben ser aplicados a los que incursionan en el país como nuevos emprendimientos o inversiones. La estabilidad jurídica en el largo plazo es la principal garantia para un país para que exista un flujo de financiamiento permanente, la condición de investment grade, y un riesgo país reducido.
* La seguridad de la población, preservándola de la delincuencia que atenta contra la vida y la propiedad debe ser un objetivo primordial para todo Gobierno.
El presupuesto de la Nación debe asegurar un flujo adecuado de recursos que garanticen una alta capacitación del personal de seguridad, tecnología y recursos materiales. Debe preverse tareas de prevención del delito y de represión del delito. Debe asegurarse un accionar continuo de las medidas preventivas y de combate del delito. Debe establecerse un marco normativo especial para los menores, pero con plena garantía hacia la población, que los menores que cometen delitos podrán actuar libremente en la Sociedad si existe seguridad de la no reincidencia. Deben existir planes de rehabilitación de los delincuentes menores, estableciendo procesos educativos para facilitar la reinserción y el cambio de actitud del menor, y de seguimiento permanente de la actividad de los mismos a los fines de proteger a la Sociedad.
Deben distinguirse los distintos tipos de delitos, y preverse políticas de prevención y represión, sosteniéndolas en el tiempo como principal medida de disuasión.
* La salud de la población, la educación, y el pago de los haberes jubilatorios deben ser atendidos respetando puntillosamente las normas legales que se encuentran en vigencia.
Ningún gobernante puede reducir las partidas presupuestarias de estos objetivos, alegando dificultades de financiamiento. Los montos que se acumulen por los aportes jubilatorios no deben ser redireccionados por los Gobiernos para ningún otro destino que no sean las jubilaciones y las pensiones. Deben ser acrecentados por aportes periódicos del Tesoro a los fines de restituir los montos distraídos para otros destinos, y de mantener una acumulación que permita pagos de jubilaciones equivalentes al 82% del salario en actividad, para cada una de las categorías diferentes de jubilaciones otorgadas.
* .Los Gobiernos no deben interferir en las empresas privadas, estableciendo disposiciones, sugerencias o imposiciones que no surjan de la propia ley.
La actividad del Estado sólamente puede ser de control, conforme a las disposiciones legales que estén en vigencia, a los fines de constatar su cumplimiento.
* Los impuestos no deben ser confiscatorios, y los tributos no pueden ser aplicados si no han sido sancionados por el Congreso.
El Estado debe abstenerse de aprovecharse gravando con impuestos especiales los precios extraordinarios que provienen de actividades económicas de alto riesgo, dado que en la mayoría de las actividades de alto riesgo, los ciclos determinan lapsos de muy bajos precios, los cuales necesitan ser compensados, por la propia actividad privada, para compensarlos con los precios altos pasados. El Impuesto a las Ganancias, es el tributo idóneo para capturar la ganancia que podría derivarse de la existencia de precios de los productos de actividades de alto riesgo.
* Cuando se produzca una inflación superior al 5% anual, deben establecerse mecanismos de ajustes por inflación a los fines de ajustar la base sobre la cual se liquida el gravamen de Impuesto a las Ganancias.
También deben ajustarse los montos nominales de los mínimos no imponibles, y de las cargas de familia.
Los Gobiernos deben procurar incrementar la recaudación mediante operativos de fiscalización que incorporen dentro de la economía formal, los que están actuando marginalmente. Esa actividad debe ser permanente a los fines de ensanchar el volumen de contribuyentes, y mantener una presión fiscal razonable para el sistema, que no perjudique el incremento de las inversiones y la radicación de capitales desde el exterior.
* Toda denuncia por incremento patrimonial no justificado en contra de cualquiera de los miembros de los 3 poderes del Estado, debe ser investigada de inmediato.
El denunciado debe inmediatamente comprobar su incremento patrimonial, dentro de los 30 días de la denuncia. Hasta tanto no se expidan los jueces sobre la denuncia, con carácter definitivo, se mantendrá una inhibición general de los bienes del denunciado, tal que impida disponer de los mismos. De no existir bienes a nombre del denunciado, y en la medida que estuvieren identificados terceros en calidad de testaferros, vinculados con los funcionaerios denunciados, que no hubieran podido justificar el origen de los bienes que poseen a su nombre, la inhibición general de los bienes se harán extensibles a dichas personas, hasta la sentencia final definitiva por juez competente, en relación al tema central.
* Debe desarrollarse la educación primaria y secundaria, a lo largo y lo ancho de la Nación.
Ello es fundamental en un país, para asegurar una consciencia plena en la población, de los derechos y las obligaciones, para el control del Estado para que lleve adelante decisiones que beneficien al país en su conjunto, y para que el voto de los ciudadanos esté basado exclusivamente en una evaluación desinteresada del desempeño de sus gobernantes, y de las medidas que sean sustentables en el tiempo.
Debe asegurarse la información necesaria para dotar a la población de una visión integradora, y una formación adecuada para que se preste atención a los valores del espíritu, a la ética, y al cumplimiento de las leyes y normas en general.
* Debe existir una Universidad que asegure una formación profunda en las diferentes especialidades.
A la que puedan acceder los estudiantes, cuya única condición es un estudio responsable, permanente, y disciplinado, de la cual puedan salir dirigentes de la actividad privada y pública, que permita asegurar a la Nación y a sus habitantes una continuidad en el crecimiento y el reemplazo de los líderes.
Miguel A. Di Ranni
24.03.2012
.