La racionalidad, cuando existe en
dos personas que sustentan ideas diferentes, permite una vida civilizada,
porque es esperable la aceptabilidad de los hechos evidentes, que acontecieron,
y que por ser innegables, y por lo tanto aceptables por ambas personas, permite
preservar los valores que los ciudadanos de un país han definido en su
Constitución hace muchos años.
En los hechos que se produjeron
en las zonas aledañas al Congreso Nacional, en los días 14 y 18 de diciembre de
2017, en los momentos previos, simultáneos y a posteriori de la sesión de la
Cámara de Diputados, se produjeron manifestaciones y agresiones físicas en
contra de las fuerzas policiales que se habían dispuesto de tal manera de
impedir el acceso al Congreso de grupos
muy violentos que pretendían que no se pudiera deliberar y votar los temas por
los cuales se había convocado a dicha Cámara.
Que hubo una agresión física
enorme en contra de las fuerzas policiales es un hecho innegable. Que hubo
daños premeditados a bienes públicos y privados por parte de dichos grupos
violentos también es innegable. Ambos hechos están previstos en el Código
Penal, para delitos expresamente tipificados.
Los daños públicos y privados, y
la iniciativa y consumación de agresión a las fuerzas policiales que el Estado
ha previsto para hacer cesar la comisión de delitos son hechos innegables. Y
por lo tanto en una conversación de dos personas que sustentan ideas
diferentes, esos dos hechos acontecidos de una manera clara, visible, que
constituyen delitos, no pueden ser objeto de argumentación, sino de aceptación.
Existieron y los ejecutores de los mismos deben ser juzgados y pasibles de las
penas previstas en nuestro Código Penal.
Qué valía en un país, en una
conversación entre dos ciudadanos que
sustentan ideas políticas diferentes, que sigan pensando cada uno según sus
ideas políticas, pero que ambas no estén dispuestos a aceptar que se tome la
iniciativa y se agreda físicamente a las fuerzas policiales, quienes
representan al Estado.
También ambos ciudadanos tienen
que coincidir, en un estado de derecho, que quienes premeditadamente destruyen
bienes públicos y privados, deben ser juzgados por dichos delitos, y deben
responder con sus propios bienes para compensar los daños sobre los recursos
del Estado y de los particulares.
Si ambos ciudadanos siguen
sosteniendo sus propias ideas políticas, pero ambos tienen la misma visión en
la preservación de la república y de la democracia, y por lo tanto no están
dispuestos que se atente contra el Estado a través de provocar agresión en contra
de sus fuerzas policiales, y no están dispuestos a aceptar que los delitos
contra bienes públicos y privados puedan quedar impunes, entonces Argentina
empieza a creer y defender realmente que hay que preservar la solidez de sus
instituciones.
Miguel A. Di Ranni
07.01.2018