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La persona física:¿ incorruptible o cómplice?


La Constitución Argentina y las leyes descansan, como recurso de última instancia, en las personas físicas. Queda claro que a través de los años, los que han organizado la estructura normativa de un país, han pensado en las personas físicas como la reserva moral y ética que han de impedir que se logren los fines sin importar que para ello se vulneren las instituciones existentes en la Nación.
Los tres poderes de nuestro país, y todas las organizaciones jurídicas que existen en el mismo exteriorizan su comportamiento o conducta a través de las personas físicas.

Cada persona física puede tener y defender una ideología política, pero en el accionar teórico y práctico, dicha ideología nunca puede prevalecer por encima de la Constitución y  de las leyes vigentes en nuestro país. Esto quiere decir que las personas físicas deben sentirse libres y no acatar la disciplina partidaria cuando la propuesta es manifiestamente inconstitucional, ilegal o contrario a lo ético y moral.
Las personas físicas deben exteriorizar su conducta de acuerdo al deber ser. Para ello es muy saludable para las instituciones de la Nación que hagan oír su opinión en toda propuesta que se advierta claramente que constituye un quebrantamiento de la Constitución y/o de las leyes, y que, en última instancia, no acompañen con su voto lo que se propone, aunque medie la argumentación autocrática de la disciplina partidaria.

Es que los partidos políticos nunca pueden estar por encima de las personas físicas, si lo que sustentan es manifiestamente inconstitucional o ilegal.
Por ello se hace ineludible mejorar sustantivamente la educación, concepto este que implica no sólo conocimiento sino exteriorización de la conducta o comportamiento en un contexto del deber ser o apego irrestricto a todas las normas vigentes.

Es importante reforzar en la instrucción primaria, secundaria y universitaria los conceptos esenciales de educación democrática e instrucción cívica, además de ética y moral.
Asimismo, determinadas funciones en el Poder Ejecutivo y todos los cargos electivos del Poder Legislativo, deberían requerir la acreditación de cursos de concurrencia obligatoria que aseguraran un conocimiento profundo de la letra y el espíritu de la Constitución, de educación democrática,  de instrucción cívica, de ética, moral, y la importancia para un país de demostrar el acatamiento irrestricto a las leyes, de una manera permanente.

Estimo muy útil que todas las radios y medios de comunicación organicen programas adecuados de instrucción cívica, educación democrática, y sobre la  importancia de acatamiento a la Constitución y a las leyes, como forma de funcionamiento permanente de un país, lo cual ha de asegurar previsibilidad y crecimiento, para los habitantes de nuestro territorio, como también para los terceros que quieran venir e invertir en nuestro país.

 Miguel Angel Di Ranni
Profesor Titular y Asociado por Concurso
en la Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
12.05.2015

 

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